Sábado, 19 de Agosto de 2017 | 23:21:28
04/06/2017

Argentina, una sociedad de espaldas a la ley

Un estudio interdisciplinario revela la falta de apego a las normas y a la Constitución en nuestro país. Mientras sólo un 18% estimó que se respetan, el 80% afirmó que se vive la mayor parte del tiempo fuera de la ley.

 

El cumplimiento -más bien deberíamos decir el incumplimiento- de las leyes en nuestro país es una vieja y preocupante práctica, que delata nuestro grado de subdesarrollo. Se trata del estancamiento e, incluso, del retroceso que registramos en materia social, jurídica, política y cultural.

Un relevante estudio sobre ese comportamiento acaba de ser compilado en el libro titulado Argentina: una sociedad anómica, un trabajo interdisciplinario encarado a partir de una encuesta de 2014 con el fin de arribar a un diagnóstico y presentar propuestas sobre nuestra calidad institucional. Es, a su vez, la continuidad de un estudio de 2004, lo cual permitió establecer comparaciones. Si bien en 2015 se produjo un cambio de gobierno, el impacto que ello pueda representar será parte de la continuidad de este estudio que representa un esfuerzo de trascendental importancia.

Trabajaron en él el doctor en derecho y ciencias sociales, ex legislador y ex convencional reformador de la Constitución Nacional Antonio María Hernández y el director regional desde 1997 para América latina y el Caribe de IDEA internacional y doctor en derecho internacional, Daniel Zovatto. La encuesta estuvo a cargo de Eduardo Fidanza, director de la consultora Poliarquía. La obra cuenta, además, con otras opiniones destacadas como las del historiador Luis Alberto Romero, la doctora en sociología Liliana De Riz y el presidente de la Cámara Nacional Electoral, Alberto Dalla Via.

Un punto central de esta segunda encuesta deriva de haber consultado a las personas qué es lo que hace falta para fortalecer la democracia en nuestro país. El 45% dijo que se necesita que se apliquen y respeten las leyes; el 27%, que el gobierno sea honesto; 17%, que los ciudadanos exijan rendiciones de cuentas públicas, y 9%, que el Presidente y el Congreso mantengan una buena relación. Esos resultados de 2014 difieren en forma preocupante respecto de la década anterior. Si bien subió cinco puntos el porcentaje de quienes demandaron que se respeten y apliquen las leyes (del 40 al 45%), menos personas reclamaron un gobierno honesto (disminuyó del 33 al 27%) y que rinda cuentas (bajó del 22 al 17%).

Para celebrar, en tanto, ha sido la respuesta a la pregunta respecto de cuánto se acuerda con la frase "la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno". Alrededor del 75% de los encuestados dijo estar de acuerdo, un porcentaje que se mantiene tan alto como en la medición de 2004.

En tanto, cuando se requirió sobre qué grado de confianza se tenía en las principales instituciones del país, las respuestas fueron elocuentes. En primer lugar, aparecieron las universidades públicas, seguidas por los maestros, la Iglesia, los medios de comunicación, las ONG, el Presidente, el defensor del Pueblo, los industriales, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Congreso, los sindicatos, la policía y, en último puesto, los partidos políticos.

 

Sorprendente resultó la franja de quienes consideran que el nivel de respuesta del Poder Judicial es regular, malo o muy malo (71%), mientras que sólo el 28% lo calificó como bueno o muy bueno. Un tercio de los encuestados opinó que no vale la pena acudir a la Justicia por diversas razones: no da soluciones (46%) y los procesos son lentos (25%). Sólo el 13% cree que actúa y juzga a las personas sin importar su dinero y un escaso 18% entiende que, si se cometió un delito, cualquiera puede ir preso independientemente de quien sea.

 

Resulta alarmante el grado de percepción de que en nuestro país no se respetan las leyes y la Constitución. Mientras sólo un 18% estimó que se respetan, el 80% afirmó que se vive la mayor parte del tiempo fuera de la ley.

Cuando se preguntó quién se creía que violaba más las leyes, la lista, de mayor a menor, se compuso de esta forma: políticos, policías, funcionarios, la gente en general, los jueces y los abogados.

¿Por qué se lo tituló como Argentina, una sociedad "anómica"? Porque refiere a la falta de observancia de las normas jurídicas, morales y sociales, tal como expresó Carlos Nino, en su obra Un país al margen de la ley. Nino fue un excelso jurista y filósofo de enorme reconocimiento nacional e internacional, que demostró con claridad que la pronunciada tendencia a la ilegalidad de nuestro país es una de las causas de nuestro subdesarrollo.

Sólo para citar uno de los ejemplos más concretos y lamentables de nuestro pasado reciente, basta con decir que, de la Constitución reformada en 1994, fueron muy pocas las leyes reglamentarias que el Congreso sancionó a pesar de que las reclama la propia Ley Fundamental: se sancionó sólo el 30% y, en algunos casos, sostiene Hernández, de manera inconstitucional, como en relación al Consejo de la Magistratura, a los DNU y a la autonomía restringida de la ciudad de Buenos Aires.

El estudio, lejos de quedarse solamente en la presentación y análisis del problema, establece una serie de propuestas, entre las que se destacan terminar con el hiperpresidencialismo, reafirmar el rol de la Corte como garante del federalismo, sancionar el convenio de coparticipación, impulsar y profundizar la educación cívica y democrática en todos los niveles de la educación, fomentar la capacitación de la dirigencia política, fortalecer la independencia del Poder Judicial terminando con la impunidad imperante, en particular en los delitos de corrupción, y avanzar en la reforma política y electoral buscando un buen funcionamiento del sistema de partidos políticos.

¿Cuáles son los riesgos de seguir en el estado de anomia? Rosendo Fraga lo resume en el siguiente análisis: "En la medida en que la democracia no vaya acompañada de la confianza en las instituciones y que se mantenga la incapacidad para resolver cuestiones básicas como la seguridad pública y la desigualdad pueden aumentar los liderazgos fuertes que disminuyen el grado de vida democrática, como ocurre hoy en Venezuela".

Se sabe sobradamente, además, que la seguridad jurídica de un país es estímulo y reaseguro para la llegada de capitales y que, si no hay consensos en avanzar hacia una mayor institucionalidad, vanos serán otros esfuerzos.

Abogamos porque, en la próxima medición que se haga sobre este tema, se registren avances significativos. Eso dará cuenta de nuestro grado de compromiso, de responsabilidad y, como se dijo, de desarrollo. Depende de todos nosotros lograrlo.

 

Fuente: La Nacion

COMENTARIOS

IMPORTANTE: Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellas pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algun comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar.

TENDENCIAS

opinión

Después casi 9 años de la reforma constitucional, el diputado Sergio Urribarri –en cuyo mandato no se promovió ninguna iniciativa desde el Poder Ejecutivo para poner en movimiento los nuevos derechos y garantías constitucionales- se muestra preocupado por reglamentar el “derecho de réplica” consagrado en el artículo 13 de la Carta Entrerriana.

+ NOTICIAS