La vicegobernadora Laura Stratta dijo que el proyecto del gobernador Bordet “va en sintonía con lo que viene planteando el gobierno nacional, de los esfuerzos que debemos hacer y de la solidaridad que debemos poner en juego. No nos olvidemos que hay un sector privado que está también atravesando situaciones muy críticas a raíz de la pandemia”.

El mandatario desmintió que el proyecto de ley de Emergencia Solidaria afectará a productores de la provincia. “Ese 3 por ciento de tierras que superan las 1.000 hectáreas son de sociedades anónimas de grupos inversores de otros países o de Buenos Aires”, dijo.

El jefe del bloque de diputados del PJ, Juan Navarro, destacó el carácter “progresista” y “solidario” del proyecto de emergencia remitido por Bordet. “La inmensa mayoría de los trabajadores públicos no se verán afectados en nada”, dijo.

Los jefes comunales del peronismo apoyaron el proyecto de emergencia que propone el gobierno provincial y argumentaron que “nos parece razonable que aquellos que más ganan hagan un esfuerzo adicional para que todos los entrerrianos puedan sobrellevar la situación”.

Los magistrados se niegan a pagar el aporte solidario por única vez para contrarrestar los efectos económicos de la pandemia. Afirmaron que la iniciativa vulnera “la movilidad jubilatoria, intangibilidad e independencia judicial” y pone en peligro “la gobernabilidad de la provincia”.

Legisladores e intendentes de Cambiemos cuestionaron el proyecto de “emergencia solidaria” que envió a la Legislatura el gobierno provincial. Advirtieron que es una “ley express para aumentar impuestos y seguir sosteniendo el mismo gasto”.

El ministro de Economía, Hugo Ballay, dio precisiones sobre los alcances del proyecto de ley de emergencia solidaria elevado por el Ejecutivo a la Legislatura. Explicó que de aprobarse el texto propuesto, los mayores recursos que se obtengan serán coparticipables a los municipios.

Exlegisladores de la UCR nucleados en la agrupación “Radicales por la Producción y el Trabajo” cuestionaron el proyecto de ley de Emergencia Solidaria enviado a la legislatura por Bordet y lo tildaron de “engaño”. El aporte extraordinario “no es para cambiar nada, sino para seguir con la fiesta”, criticaron.

La diputada nacional del Frente de Todos, Blanca Osuna, se refirió a la situación de la cerealera y al proyecto oficial que busca rescatar a cooperativas, pymes y trabajadores. Diferenció la empresa de los empresarios, pidió investigar lo ocurrido y señaló que el objetivo principal “es la defensa de la empresa, la producción, el trabajo y la mesa argentina”.

La iniciativa crea una contribución especial que deberán pagar las entidades financieras, bancarias, y los propietarios de grandes campos; equipara los impuestos que tributan las droguerías con los de Córdoba y Santa Fe, y propone un aumento progresivo de aportes jubilatorios de activos y pasivos en cabeza del 15 por ciento de empleados y jubilados de los tres poderes del Estado con los haberes más altos.

Legisladores nacionales respondieron a las organizaciones del campo y empresarias que expresaron su respaldo a Vicentin. Desmintieron que exista un proyecto de expropiación y les recordaron los programas de ayuda económica que implementa el gobierno nacional.

El diputado provincial Eduardo Solari celebró un fallo que obliga al Ministerio Público Fiscal (MPF) a brindar información pública al legislador tras un amparo presentado hace una semana. “Hemos dado un gran paso para que el MPF y la ministra de Gobierno Rosario Romero, dejen de acondicionar causas de acuerdo a las necesidades políticas del gobierno”, lanzó.

El juez Elvio Garzón, que entendió en el amparo presentado por el diputado Eduardo Solari y el abogado Rubén Pagliotto contra el jefe de los fiscales, tras la negativa a brindar información pormenorizada sobre causas de corrupción en trámite, condenó al Ministerio Público a suministrar la información solicitada en 48 horas, y le recordó que la obligación de informar es un deber legal y constitucional del Procurador General frente a cualquier ciudadano. La sentencia

El ingeniero Carlos Cadoppi, fundador de Sociedad Rural de Ibicuy y pariente del exministro de Macri, catalogó a los defensores de Vicentin como parte de un sector que avaló “un Estado cómplice con la entrega y la desintegración nacional” durante el gobierno de Cambiemos.

Representantes de 25 organizaciones industriales, agropecuarias, comerciales y del turismo de Entre Ríos firmaron un documento de rechazo al proyecto de expropiación “en respeto y defensa de la propiedad privada”.