El dirigente de Federación Agraria Argentina Alfredo Bel dijo que el decreto del gobernador llena “un vacío legal” y es “inobjetable”, aunque estimó que será recurrido judicialmente al permitir las fumigaciones a distancias inferiores a las establecidas en el fallo ratificado por el Superior Tribunal.

El Poder Ejecutivo dictó el decreto que prohíbe las fumigaciones terrestres a menos de 100 metros de escuelas rurales y cultivos, y las aéreas a menos de 500 metros. Según la norma, no podrá fumigarse en horario escolar o en días de clases. Ambientalistas lo calificaron de “perverso”.

Al apelar la prisión domiciliaria, los fiscales apuntaron contra el Director de la cárcel, Octavio Ifrán, que “incumplió dolosamente con la orden expresa” de la Jueza de Garantías en la que se le impuso el deber de separar al imputado Aguilera del resto de los presos. Ese incumplimiento permitió que el cuñado del exgobernador Urribarri goce hoy del beneficio de la prisión domiciliaria. Iniciarán una causa penal contra el funcionario.

El gremio docente emitió un documento para cerrar el año y remarcó que les tocó afrontar “luchas que no fueron nada fáciles”. Seguirán luchando “conscientes de que la unidad es imprescindible para garantizar más y mejores conquistas”.

El gobernador Gustavo Bordet convocó a su gabinete para realizar un balance de lo realizado a tres años de haber asumido. Destacó “la satisfacción de haber podido cumplir objetivos”.

El Consejo de Fiscales de Entre Ríos emitió un comunicado expresando su preocupación por “las operaciones políticas y mediáticas” que afecten la tarea del Ministerio Público Fiscal, y advirtieron que “cualquier ataque personal a uno de sus miembros no tendrá otro efecto que ratificar este camino e intensificar las tareas destinadas a esclarecer los hechos de corrupción”. 

Alertaron “la presencia cada vez más frecuente de sucesos que perturban” el accionar judicial en causas de corrupción, apuntaron contra una “estrategia de miedo” en la que participan medios de prensa que divulgan “información apócrifa” y denunciaron “trabas irrazonables a la aprobación de pliegos y designaciones”. Llevarán el planteo a la FAM.

Las patronales del campo convocaron al cruce de las rutas nacionales 12 y 131, en el acceso a Crespo, para interceptar al gobernador Gustavo Bordet y al secretario de la Producción, Álvaro Gabás, y exigirles que firmen un decreto que les permita volver a fumigar las escuelas rurales.

La ministra de Gobierno y Seguridad de Entre Ríos, Rosario Romero, marcó su desacuerdo con el nuevo protocolo nacional: “el policía tiene reglas para el uso del arma, la cual se debe usar como último recurso, cuando peligre la vida de un tercero o la propia del policía”, dijo, y señaló que los límites están en el Código Penal.

Los docentes nucleados en AGMER decidieron este lunes aceptar la última propuesta salarial que ofreció el gobierno provincial en el marco de la conciliación obligatoria tras el fracaso de las paritarias.  

La jueza Gabriela López Arango, que preside la Asociación que nuclea a los magistrados provinciales, cuestionó los intentos para que los jueces paguen Ganancias y apuntó la utilización política del tema.

La Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial manifestó su preocupación “por los continuos cuestionamientos” que reciben quienes llevan adelante investigaciones por delitos de corrupción contra la administración pública.

Ambientalistas se presentaron en la Justicia para advertir la irregular maniobra de la Fiscalía de Estado provincial tras comunicar falsamente que la prohibición de fumigar las escuelas había quedado en suspenso debido a la presentación del recurso extraordinario del Ejecutivo.

El municipio de Gualeguaychú acudió a un comercio para verificar la denuncia de un vecino por acopio de glifosato y se encontró con 170 bidones del veneno que está prohibido por ordenanza.  Además de pagar la multa, el dueño deberá sacarlo inmediatamente de la ciudad.

El recientemente designado secretario de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia, Fernando Quinodoz, afirmó que está en marcha un programa de inspección para detectar empleados no registrados. Se realizan 450 inspecciones mensuales y hay 15 inspectores recorriendo el departamento Paraná.