Que en tiempos de identidades partidarias frágiles el gobierno nacional se apoye en usinas de pensamiento para generar su relato no sería una novedad.
Esas usinas de pensamiento (think tanks) son fundaciones, centros de estudio o consultoras desde donde se “planifica otra Argentina” y se forman dirigentes que lleven adelante las “nuevas ideas”.
Que las usinas de pensamiento ocupan espacios cada vez más influyentes en el tren de “dotar al Estado de herramientas para que pueda hacer funcionar el ámbito público”, tampoco sería una novedad.
Sin embargo, como dice Mario Riorda, consultor en temas de estrategia y comunicación política, “en general, las usinas de pensamiento nunca son inocentes, sólo intentan ser serios”.
Su juego consiste en aportar información para que los decisores políticos tomen decisiones sobre temas que van desde la seguridad, el medio ambiente, la eficiencia administrativa y la libertad de prensa hasta la transparencia en la gestión pública.
Dicho de otro modo, las fundaciones que contribuyen a formar el relato de un gobierno determinado representan la forma –elegante y diplomática- de legitimar el “lobby”.
Hasta aquí nada nuevo bajo el sol.
Sin embargo, el escándalo institucional que representa que esas fundaciones reciban dineros públicos –vía contratos de asesoramiento con el Estado (nacional, provincial o municipales) que se utilizan en realidad para financiar la actividad política de los partidos a los que responden, como afirman las fuentes consultadas, es no sólo una noticia, sino un hecho que amerita ser investigado por las autoridades competentes (tribunales de cuentas y Justicia).
Esa es la situación que denunciaron a NOTICIAUNO dirigentes políticos del interior de la provincia que advirtieron lo que está sucediendo en varios municipios. Incluso alertaron sobre contrataciones similares que podrían haberse realizado en el Estado Provincial.
Se trata puntualmente de la Fundación Nuevas Generaciones, una de las usinas creadas para apalancar el proyecto político del PRO (surgida para las elecciones de 2011 con el fin de dar forma a la plataforma de un gobierno de coalición en el que participaban el Peronismo Federal de dirigentes como Jorge Busti, Unión Celeste y Blanco de Francisco de Narváez, el Pro y algunos partidos provinciales aliados, y cuyos principales referentes son dirigentes políticos del macrismo), es señalada por “recaudar -bajo la forma de contratos de locación de servicios y cooperación- sumas de dinero con la anuencia de algunos intendentes de Cambiemos, con la excusa de acceder a planes que maneja el gobierno nacional, pero que en verdad son una máscara para desviar dineros públicos para al financiamiento del PRO”.
La Fundación, con domicilio en Capital Federal, cuenta con el respaldo de varios ministerios nacionales (Ministerio de Modernización, Ministerio de Trabajo y Ministerio del Interior) para organizar actividades como “seminarios” a fin de difundir los programas del gobierno nacional y "articular una política de trabajo con los municipios", principal apuesta de Mauricio Macri para las elecciones del año próximo.
En Basavilbaso, por ejemplo, el intendente Gustavo Hein firmó un acuerdo de colaboración con el Museo Ferroviario Bonaerense y según el propio jefe comunal “la Fundación Nuevas Generaciones fue la artífice de este vínculo”. De acuerdo a los dirigentes entrevistados “el intendente de Basavilbaso es uno de los que firmó un contrato con la Fundación”.
En Concordia, por citar otro caso local, la Fundación Nuevas Generaciones elaboró junto al entonces precandidato a intendente de Cambiemos, Roberto Niez, el Plan de Gobierno Municipal 2015-2019.
Para apreciar “la influencia” de este tipo de “usinas”, basta recordar que en el mes de julio, la Fundación Nuevas Generaciones –que asesora también al gobierno nacional- llevó adelante otro “simposio” sobre “el desafío en políticas públicas en la actividad foresto-industrial”. De esa actividad incluso participaron legisladores provinciales de Cambiemos -Esteban Vitor y Joaquín La Madrid-. Posteriormente, el gobernador Gustavo Bordet impulsó la derogación de la Ley de la Madera.
También puede citarse el Primer Debate de candidatos a Presidente (Macri-Scioli) impulsado por el actual Jefe de Estado. El Comité de “Argentina Debate” impulsor de la iniciativa tenía fuertes vínculos con el macrismo. Uno de sus integrantes, Diego Blasco, ex rector de la Universidad Austral, es actual miembro de la Fundación Nuevas Generaciones.
Volvamos a Entre Ríos.
El Observatorio de la Obra Pública provincial –que fue respaldado por el gobernador Bordet- fue un proyecto que formalmente presentó el diputado provincial Joaquín La Madrid, con nexos en la Fundación, pero cuya redacción e impulso se atribuye a la Fundación. Es el expediente N° 21094 que se encuentra actualmente en la Cámara de Diputados de la provincia.
Proyecto Observatorio de la Obra Pública elaborado por la Fundación Nuevas Generaciones
Proyecto de Ley Observatorio de la Obra Pública presentado por el diputado La Madrid
Según dirigentes consultados por NOTICIAUNO, “La Madrid es quien recibe en Entre Ríos los aportes destinados a la Fundación”.
El Municipio de Victoria, gobernado por Domingo Maiocco (Cambiemos), también ha contratado a la Fundación macrista y desembolsará este año unos 300 mil pesos por “asesoramiento en materia de gestión”.
En Victoria es llamativa no solo la contratación de una tarea que es inherente a la función del intendente, sino la irregularidad del trámite administrativo que dio curso al aporte destinado a la Fundación macrista.
Primero se firmó el contrato (en enero), luego el decreto que autorizó ese contrato (en mayo). Y recién después se autorizó “la contratación directa por vía de excepción” (en junio).
Así surge de los decretos publicados en el Boletín Oficial de Victoria.
A través del decreto N° 367/16 el Municipio aprobó el contrato (que ya se había firmado) entre la Municipalidad de Victoria y la Fundación Nuevas Generaciones.
A través del decreto N° 454/16 el secretario de Gobierno, Sergio Navoni, autorizó la contratación efectuada de manera directa y por vía de excepción, considerando el pago de 20 mil pesos mensuales, IVA incluido, desde marzo a diciembre de 2016.
NOTICIAUNO accedió al contrato firmado entre la Fundación Nuevas Generaciones y el Municipio de Viale.
Se trata del contrato modelo, de adhesión, que sólo deben firmar los intendentes que acceden a la operatoria y que contiene cláusulas por demás insólitas.
Según ese convenio, la Fundación es contratada no sólo para la “confección de un plan de gobierno para la ciudad” de que se trate, sino también para su posterior “ejecución”.
Los servicios se prestan “a través de un Centro de Estudios”.
Surge también de la documentación a la que accedió este medio que una organización internacional -la Fundación alemana Hanns Seidel- “contraparte en Argentina de la Fundación Nuevas Generaciones” aparece como “auspiciante de dicha cooperación”.
Según el convenio “tipo” el plan de trabajo y ejecución que ofrece la Fundación se divide “en tres etapas”.
La primera etapa, durante la cual la Fundación “recorre el municipio y toma contacto con las distintas problemáticas, detecta oportunidades, diferenciales y ventajas de la ciudad” se cumple “íntegramente" en un plazo fugaz, apenas una semana después de asumido el intendente que firma el contrato.
Seguidamente el convenio detalla que “el primer borrador del Plan de Gobierno será presentado al intendente en el mes de enero”. Según los denunciantes, nunca hubo nada presentado, motivo por el cual exigieron dar marcha atrás con el contrato.
En una “segunda visita” de los miembros de la Fundación, se definen –según el documento- “qué políticas públicas deben mantenerse o eliminarse”.
En base a esas visitas “en territorio” se envía el Plan de Gobierno al Intendente “para su aprobación final”.
Cuando el intendente aprueba el Plan de la fundación, se conforma entonces “un tablero de comando” y se designan “responsables en cada área”.
En una tercera etapa, la Fundación sigue “por teléfono o vía correo electrónico” la “correcta ejecución del Plan”.
“A los quince días de la visita de la Fundación al municipio”, -agrega el contrato- “el Intendente deberá viajar a la Ciudad de Buenos Aires para realizar las acciones de agenda previstas en el plan de gobierno que serán coordinadas por la fundación”.
Por la cláusula cuarta del contrato, el municipio libera "de toda responsabilidad a la fundación" por los daños que pudiera generar la ejecución del Plan elaborado por la Fundación.
Por si todo lo anterior no sorprende, contra toda lógica de administración de los intereses del gobierno local, en la cláusula octava el municipio renuncia expresamente a la jurisdicción de la Justicia provincial y se somete a la de los tribunales federales para reclamar cualquier incumplimiento contractual.
El contrato
Tal vez el de la municipalidad de Viale sea el caso más escandaloso. No por la contratación de los servicios de la Fundación –que parece ser de estilo en los municipios de Cambiemos- sino por la defensa que el gobierno local hizo de esa contratación.
Gobernado también por un hombre de Cambiemos, Uriel Brupbacher, la Municipalidad de Viale contrató los servicios de la Fundación por una cifra que ronda los 300.000 pesos anuales (entre canon y viáticos) casi desde el comienzo de la gestión.
Según miembros de la Fundación, además del asesoramiento a la municipalidad “para que pueda lograr su Plan de Gobierno”, la función de la usina pensamiento macrista es “servir de nexo con el gobierno nacional, haciendo un seguimiento de los pedidos que la comuna realice ante algún Ministerio en particular”.
La extraña situación fue denunciada por el concejal Ángel Landra que además aseguró que “son varios los municipios de Cambiemos que aportan a la Fundación”.
En diálogo con NOTICIAUNO, Landra dijo que a principios de año, el intendente Brupbacher envió el contrato con la Fundación para que lo apruebe el Concejo Deliberante. El peronismo lo acompañó creyendo que iba a ser útil al municipio la elaboración de un “plan de gobierno”.
Pero pasaron los meses y al ver que la Fundación no había presentado ningún plan de gobierno (como decía el contrato), el peronismo pidió la derogación del contrato, aunque la mayoría de Cambiemos se negó a derogarlo, por lo que el contrato con la Fundación ligada al macrismo, “sigue vigente”.
Las contrataciones con la Fundación representan para los municipios un importante desembolso. A tal punto que Según Landra con lo que cuesta la Fundación Nueva Generación se podría pagar “un bono de fin de año de 3.000 pesos para cada uno de los cien empleados de planta permanente” que tiene la municipalidad de Viale.
El concejal confirmó que el municipio destina a la Fundación “unos 300 mil pesos al año entre canon y viáticos para sus integrantes”.
Objetar esta iniciativa, a la que Landra no dudó en calificar como “caja recaudadora”, le costó al edil recibir una carta documento del presidente de la institución, Julián Obiglio, dirigente nacional del PRO, “para que deje de hablar de los aportes que recibe la Fundación”.
Varios concejales se expresaron en el mismo sentido y aseguraron a NOTICIAUNO que “la Fundación es la máscara para recaudar fondos de los municipios para la próxima campaña política del PRO”.
Es grave, según Landra, que el concejal de Cambiemos de esa ciudad, Miguel Heft, “reconociera que la Fundación cobra para gestionar planes nacionales como el Plan Hábitat”.
Es un verdadero escándalo que el Municipio pague por una tarea inherente a la función propia del intendente que “realizó hasta tres viajes por semana a Buenos Aires” para conseguir recursos nacionales, mientras “le paga a la Fundación para que haga esa tarea”.
Según argumentó Heft, el contrato firmado con la Fundación "es una inversión del municipio”. Y precisó que “el trabajo mancomunado con (la Fundación) Nuevas Generaciones” para el que se gastan 300 mil pesos por año “permitió hasta ahora obtener 27 millones de pesos”. “Hemos hecho una muy buena inversión", insistió, para sorpresa de todos, el dirigente de Cambiemos.
Landra se refirió además al estado de las finanzas de Viale “que no permiten hacen ese gasto” a pesar de “haber recibido un municipio ordenado en diciembre, sin deudas y con plata en caja”. El municipio de Viale “dejó de pagarle a sus proveedores en septiembre” y ahora “tuvo que recurrir a un ATN de Nación para poder pagar sueldos a fin de año”.
Son varios dirigentes del PRO actualmente en funciones en la provincia, quienes figuran como “exbecarios de la Fundación Nuevas Generaciones”. Entre otros figuran el concejal de Paraná Emanuel Gainza, la diputada provincial Ayelén Acosta, el delegado de ENACOM Juan Diego Etchevehere, el intendente de Basavilbaso Gustavo Hein, el senador por Gualeguaychú Nicolás Mattiauda, el diputado provincial Esteban Vitor y su par Joaquin Lamadrid.
La Fundación Nuevas Generaciones
Fue creada como reducto duhaldista en 2010 y tomó la bandera del PRO tras el eclipse del ex presidente Eduardo Duhalde.
Conducida actualmente por Julián Obiglio –Director Ejecutivo- ex diputado nacional del PRO y actual vicepresidente de la Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA).
Está compuesta por varios integrantes de la primera plana macrista: Diego Guelar, embajador de la República Argentina ante China y ex Secretario de Relaciones Internacionales del PRO; el senador y presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, entre otros.
Más en segundo plano aparecen dirigentes “de la vieja guardia” históricamente vinculados con el duhaldismo y el menemismo: Alfredo Atanasof, Carlos Brown, Armando Caro Figueroa, Ramón Puerta, entre otros.
Los dirigentes municipales del interior de la Provincia consultados por NOTICIAUNO evalúan por estas horas realizar una presentación judicial para que se investiguen estas "sospechosas contrataciones".
Afirmaron “que la red de fundaciones, como Nuevas Generaciones, fue diseñada por el macrismo para recibir aportes de municipios y así financiar su actividad política”.
“Bajo el slogan del Cambio, desvían recursos públicos hacia sus propias fundaciones y concultoras, y aprovechan la necesidad de algunos intendentes cuyos pueblos están azotados por la pobreza”, concluyeron.
Fuente: Noticiauno
