NOTICIAUNO corroboró que el exgobernador Sergio Urribarri le pagó a una empresa privada la friolera de 120 millones de pesos para que provea software, servicios de consultoría y soporte técnico a diversas áreas del Estado provincial, a través de contrataciones directas o licitaciones en las cuales la firma se presentó como “único oferente” o resultó ser siempre - llamativamente - “la oferta más conveniente a los intereses del Estado”.
Según la investigación, varias personas que aparecen como empleados de la empresa privada -o de alguna de sus sociedades vinculadas- beneficiaria de las contrataciones, cobraron además honorarios y sueldos del Estado Provincial.
A los datos revelados por NOTICIAUNO hay que sumarle el desembolso efectuado en enero de 2014 por el entonces ministro de Trabajo y luego presidente del Tribunal de Cuentas, Guillermo Smaldone, que a través del Decreto N° 20 contrató a la misma empresa la provisión de un servicio de “relevamiento, análisis, diagnóstico, diseño, desarrollo e implementación de un software de gestión y administración integral” pagándole $ 550.000 por mes durante tres años ($19.800.000 en total).
Se trata de la empresa RELCAT SA (Relevamientos Catastrales Sociedad Anónima) con domicilio fiscal en Quilmes, provincia de Buenos Aires, y sede en Capital Federal, y que preside el empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros.
Cardona Herreros es además titular de varias firmas no sólo dedicadas al rubro informática, sino que también integra el directorio de sociedades que comercializan al por mayor productos farmacéuticos incluido medicamentos. Varias de esas empresas figuran como proveedoras del Estado provincial en la actualidad.
El Grupo Relcat está conformado por cinco empresas (Relcat, Lemondata,Digitopar, SAC y Logos), todas dedicadas a la implementación de “soluciones tecnológicas innovadoras y eficientes”.
RELCAT SA tiene sucursales en Chaco, San Luis, Córdoba y opera en la ciudad de Paraná bajo la denominación de Lemondata SA.
LEMONDATA SA es la empresa encargada de liquidar los salarios docentes y es a quien apuntan los maestros por los errores que encuentran en sus recibos de haberes, desde el mes de octubre de 2016.
Relevamientos Catastrales S.A (que es la firma que aparece en las contrataciones con el Estado Provincial) arrastra una historia de polémicas y denuncias y salidas escandalosas de otros municipios y provincias en los que estuvo vinculada como en Entre Ríos.
En Chaco, donde la empresa era concesionaria del cobro de impuestos municipales y responsable del gerenciamiento del catastro municipal, vecinos llegaron a encadenarse ante la posibilidad de perder sus casas cuando la firma iba a rematar unas 25 mil viviendas de Resistencia.
En Quilmes, hubo denuncias contra el exministro del Interior Aníbal Fernández, quien contrató a la firma cuando era intendente, y le permitió llevarse del municipio unos 50 millones de pesos en una década, sin que la empresa concretara la prometida digitalización del catastro municipal.
En Córdoba, la Justicia federal investiga una maniobra de la que habría participado Relcat SA perjudicando al fisco provincial en 2.400 millones de pesos, y en la que habrían participado altos funcionarios del gobierno cordobés y empresarios vinculados a la cobranza de créditos e impuestos provinciales.
Un negocio similar intentó en Entre Ríos, cuando Relcat SA quiso quedarse con la recaudación y cobranza de impuestos de la provincia. Aunque el Ministro de Economía, Hugo Ballay, haya asegurado que la recaudación impositiva no se tercerizaría, en su página web Relcat señala que “a lo largo de su trayectoria, ha trabajado y participado en proyectos de la “Dirección General de Informática de la Provincia de Entre Ríos” y en la “Dirección General de Rentas de la Provincia de Entre Ríos”, hoy ATER.
URRIBARRI BENEFICIÓ A RELCAT CON CONTRATOS POR 120 MILLONES
NOTICIAUNO corroboró que en la primera Licitación Pública del año 2008 Sergio Urribarri adjudicó a Relevamientos Catastrales SA “la provisión de equipamiento, consultoría, desarrollo e implementación de sistemas de la Dirección General de Informática y software para la administración de Recursos Humanos y Liquidación de Haberes de la Provincia”.
Lo hizo mediante el Decreto Nº 2082 del 28 de abril de 2008, y pagó a la empresa 10.564.205 pesos. De 7 ofertas que se presentaron, Relevamientos Catastrales SA se quedó con la adjudicación del renglón más importante de la licitación.
A la cotización oficial del dólar en ese momento ($3,20) la contratación ascendió a U$S 3.301.314.
NOTICIAUNO también constató que dos años después, la misma empresa resultó beneficiada con una nueva contratación por 1.802.900 pesos. Mediante el Decreto Nº 4437 del 17 de noviembre de 2010, se aceptó la propuesta que la propia firma hizo al Estado “para desplegar e implementar nuevos desarrollos tecnológicos en diferentes sistemas de la Administración Provincial, como consecuencia de haber puesto los sistemas en marcha producto de la Licitación 1 del 2008”.
Según investigó este medio, en esa oportunidad no hubo licitación, sino contratación directa porque Relevamientos Catastrales SA estaba “en inmejorables condiciones de prestar el servicio en base a los conocimientos que alcanzó al desarrollar el anterior sistema” (el que había costado más de 10 millones y medio de pesos).
A la cotización oficial del dólar en ese momento ($3,99) la contratación ascendió a U$S 451.854.
NOTICIAUNO corroboró además la existencia de una tercera contratación vinculada a áreas dependientes del Ministerio de Economía apenas un año después.
A través del Decreto Nº 482 del 29 de diciembre de 2011, el gobierno provincial aprobó la Licitación Pública Nº 48 del año 2011, para “contratar un servicio de soporte técnico, operativo y de mantenimiento de softwarecon destino a la Dirección de Ajustes y Liquidaciones y a la Dirección de Informática”.
A esa Licitación se presentó un solo oferente: Relevamientos Catastrales SA a quien se le adjudicó el contrato por la suma de 80.900 dólares por mes, durante el plazo de 18 meses, lo que hacía un total de 1.456.200 dólares. Ese contrato se prorrogó por otro período igual, por lo que en definitiva, la contratación ascendió a 2.912.400 dólares.
Ya en el último año de su gobierno, Sergio Urribarri volvió a beneficiar a la firma del empresario paraguayo mediante el Decreto Nº 788 del 1 de abril de 2015.
De ese modo, la segunda Licitación Pública a la que convocó en 2015 fue para “contratar un Servicio de soporte técnico operativo y de Mantenimiento de Software, para la Dirección General de Ajustes y Liquidaciones”.
Nuevamente, a esa Licitación se presentó un solo oferente: Relevamientos Catastrales SA, a quien se le adjudicó la operación por la suma mensual de 652.800 pesos, durante 12 meses (que vencieron en abril de 2016), totalizando un monto de 7.833.600 pesos.
Con un dólar que cotizaba a $8,86 al tiempo de la contratación, la firma embolsó en esta cuarta operación U$S 884.153.
Según explicó el Ministro de Economía Hugo Ballay, la administración Bordet hizo uso de la prórroga establecida en el decreto 788 y el contrato con Relevamientos Catastrales se extendió 6 meses más, hasta octubre de 2016.
Por esos seis meses, se desembolsaron entonces otros 3.916.800 pesos (ó 261.120 dólares a una cotización de 15 pesos).
De este modo, RELCAT SA se llevó del Estado Provincial, en menos de 8 años -vía contratos que tuvieron lugar en áreas del Ministerio de Economía- casi 8 MILLONES DE DÓLARES (U$S 7.810.841).
A la cotización actual de la moneda estadounidense, la cifra asciende a 120 MILLONES DE PESOS.
OTRO ESCÁNDALO: PERSONAL DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA CONTRATADO EN EL ESTADO PROVINCIAL
NOTICIAUNO pudo corroborar que al menos tres personas que aparecen vinculadas actualmente a RELEVAMIENTOS CATASTRALES SA o a LEMODATA SA –ambas integrantes del Grupo Relcat- percibieron honorarios -y sueldos- del Estado Provincial.
Es el caso de Gastón Guillerón, Emiliano Puntin y Néstor Gabriel Flores.
Gastón Guillerón fue contratado en la Dirección de Ajustes y Liquidaciones del Ministerio de Economía entre noviembre y diciembre de 2009 para “realizar actividades de relevamiento y análisis sobre el sistema de Gestión de Recursos Humanos y Liquidaciones que se pondrá en producción en todo el gobierno provincial”, es decir el sistema contratado a Relevamientos Catastrales SA. Mediante el Decreto Nº 5544 del 31 de diciembre de ese año se le pagaron con dineros públicos $6.200 (unos 1.632 dólares a la cotización oficial de ese entonces) en solo dos meses.
Guillerón fue “Líder de Proyecto” en Lemondata S.A.(vinculada a Relevamientos Catastrales SA) entre octubre de 2011 y abril de 2013 y actualmente figura como Gerente de Proyectos en Lemodata SA.
Otro caso que detectó la investigación de NOTICIAUNO es el de Emiliano Puntin, actualmente Analista Funcional en Lemondata SA. Puntín fue contratado entre el 1º de julio y el 31 de diciembre de 2015 mediante Decreto Nº 1223.
Se le encomendaron trabajos en la Secretaría de Industria, Comercio y Planificación del Desarrollo para hacer “la instalacion y seguimiento de instalaciones proporcionadas por la firma Diveria SRL (contratación denunciada por NOTICIAUNO en el caso Sidecreer, ver acá).
Es llamativo –y hasta agraviante para el personal de esa repartición- que el motivo esgrimido por el ex secretario de Industria, Comercio y Planificacion del Desarrollo de Sergio Urribarri para contratar personal “fuera de la Administración Pública provincial” fue que resultaba “imposible asignar dichas tareas a otros agentes de la Administración Provincial”.
Para “controlar” el trabajo realizado por la firma santafesina Diveria SRL, Urribarri contrató a Emiliano Puntín, que actualmente aparece vinculado a Lemodata SA. La gestión Bordet afrontó el pago de esos honorarios por 60.000 pesos en mayo de 2016, a través del Decreto Nº 1223.
Otro caso es el de Néstor Gabriel Flores, que fue contratado en el 2006 y revistaba en la Planta Permanente de la Dirección de Ajustes y Liquidaciones hasta el mes de mayo de 2013, fecha en la que presentó su renuncia. Actualmente, también cumple funciones en Lemondata SA, como “Arquitecto de Software”.
SE PAGARON MILLONES DE DÓLARES Y HAY PROBLEMAS EN LAS LIQUIDACIONES
Tras las denuncias realizadas por los docentes -que desde noviembre de 2016 vienen padeciendo descuentos indebidos en sus salarios- y que atribuyen a “errores cometidos por la empresa proveedora de software Lemondata SA”, el ministro de Economía de la Provincia, Hugo Ballay, dijo que “desde octubre de 2016 la empresa no está contratada para ninguna labor” y que “el sistema que instaló y el software que desarrolló son propiedad del Estado”. Igualmente, el funcionario negó cualquier tipo de tercerización de las Liquidaciones.
Una alta fuente del Consejo General de Educación reveló a NOTICIAUNO que “la empresa Lemondata SA sigue vinculada a la liquidación salarial de los maestros”.
Y lo explica de este modo: “durante el gobierno de Sergio Urribarri se pagaron millones de dólares por un sistema que no se aplicó al Consejo General de Educación hasta noviembre del 2016. En esa fecha bajaron de apuro la orden de empezar a utilizar el software cuando ya se terminaba el contrato firmado con Lemondata por Decreto 788”.
Entonces, el sistema se implementó “a las apuradas y generó todo tipo de errores en las liquidaciones de los sueldos docentes. Errores que después debemos solucionar con permanentes liquidaciones complementarias los empleados del CGE”.
Prueba de ello es que hasta el día de hoy (A SIETE MESES DE FINALIZADO EL CONTRATO CON LEMONDATA SA) “los errores siguen apareciendo y es la propia empresa la que nos dice cómo liquidar”.
De hecho, según pudo corroborar NOTICIAUNO, los mails que reciben “con instrucciones sobre liquidaciones” los empleados del CGE “pertenecen a Lemondata S.A”.
“El personal de Lemondata es quien nos dice qué conceptos liquidar, qué códigos incluir o excluir, y una serie de datos que ya no manejamos los trabajadores del Estado”.
Quien figura como remitente es Gabriel Piccoli, Gerente de Proyectos en Lemondata S.A, con quien NOTICIAUNO intentó –sin éxito- contactarse en innumerables oportunidades.
Nadie, en una empresa que embolsó millones de dólares de las arcas públicas, quiso dar explicaciones a este medio.
Por el contrario, el tono de las respuestas y las evasivas de su personal lejos están de los estándares de una empresa que factura la magnitud de los recursos públicos que facturó Lemondata SA al Estado Provincial -bajo la denominación Relcat SA- durante los últimos años.
Los errores en las liquidaciones docentes (más allá de los datos que no fueron cargados al sistema por los directores de las escuelas) evidencian que con Lemodata SA sucedió algo similar –sino idéntico- a lo que ocurrió con la empresa santafesina Diveria SRL que fue contratada por el expresidente de Sidecreer durante la gestión Urribarri, Juan José Canosa, y que denunció NOTICIAUNO (ver denuncia).
Igual que en el caso Diveria, la gestión Urribarri contrató a una empresa por una suma millonaria en dólares para que implemente un sistema informático que, varios años después, aún no funciona a pleno.
A diferencia de Diveria SRL –cuyos incumplimientos generaron enormes fallas y dolores de cabeza al personal que tenía dificultades hasta para cerrar los balances de la empresa estatal-, en el caso Lemondata SA, esos incumplimientos dejaron a miles de maestros con sus sueldos “vacíos”.
Fuente: Noticiauno
