NOTICIAUNO reveló las llamativas contrataciones por las cuales el Ministro de Salud, Ariel De La Rosa, pagó (y sigue pagando) honorarios particulares a funcionarios que, a la par de haber sido designados como tales, fueron contratados en la cartera a su cargo mediante contratos de Locación de Obra por cuantiosas sumas de dinero (ver acá). Funcionarios que, además de esos honorarios, cobran en algunos casos importantes sueldos como empleados de planta o elevadas jubilaciones provinciales.
Tras la publicación, NOTICIAUNO recabó testimonios de fuentes del propio Ministerio de Salud quienes advirtieron que las contrataciones denunciadas “evidencian una clara maniobra que perjudica al Estado provincial”.
Según las fuentes, “esos contratos se hicieron para que los funcionarios involucrados tengan un sueldo más alto –vía contrato de obra- que el que está regulado para el Personal Superior Fuera de Escalafón, que es en realidad el sueldo que deberían percibir legalmente”.
Se trata del Director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, Víctor Hugo Berta.
De la propia Directora General de Contrataciones del Ministerio, Luisa Ester Berruezo.
Y de Mercedes Basso (exfuncionaria bustista) quien -según el Ministro Ariel De La Rosa- se incorporó al Ministerio a principios del 2016 como "Coordinadora del Área Administrativa".
Los funcionarios en cuestión primero fueron designados “ad honorem”, lo que resulta realmente llamativo, y acto seguido fueron contratados “para cobrar” elevadas sumas de dinero, para realizar supuestas tareas que están incluidas en la función para la que fueron designados.
¿Por qué un funcionario primero es designado ad honorem para una función, y casi de inmediato es contratado –para ejecutar tareas incluidas en dicha función- mediante un contrato de Locación de Obra?
Para burlar los salarios establecidos por el Estado para los funcionarios fuera de escalafón. Eso afirman en dependencias del propio Ministerio de Salud.
Porque los honorarios que cobran como “contratados” son más elevados que el sueldo que tendrían como “funcionarios”.
En ese caso, estaríamos frente a una grosera y gravisima maniobra cometida por el ministro de Salud.
¿Es legal crear una suerte de “escalafón paralelo” –vía contratos de obra- para mejorar el sueldo de funcionarios amigos?
Pareciera que sí. De hecho, tanto el Director de Asuntos Jurídicos (Berta) como la Directora de Contrataciones del Ministerio de Salud (Berruezo) fueron y actualmente siguen siendo beneficiados con contratos de obra que duran todo un año y se renuevan inmediatamente para el año siguiente. Es decir, que tanto Berta como Berruezo no fueron contratados por única vez para realizar una tarea puntual, que es la finalidad para la cual deberían utilizarse los Contratos de Obra en el ámbito del Estado.
Berta y Berruezo VIENEN COBRANDO CONTRATOS DE OBRA DESDE QUE FUERON DESIGNADOS FUNCIONARIOS (por tareas idénticas a las comprendidas en su función).
Claramente, los honorarios establecidos en esos contratos constituyen el “sueldo encubierto” de ambos funcionarios.
Claramente, no es esa la finalidad de las contrataciones de obra que se hacen en el Estado. Máxime si quienes están involucrados y son beneficiarios resultan ser los propios funcionarios del Estado.
Pero la supuesta maniobra es más grave aún.
Según pudo chequear NOTICIAUNO, el Ministerio de Salud habría apelado a contratos de Locación de Obra no sólo para que sus funcionarios cobren mejor, sino “para evadir aportes previsionales”.
Un verdadero escándalo que es mayor aún si se tiene en cuenta el déficit previsional de la Provincia.
Es que quienes son contratados bajo la modalidad de Contratos de Locación de Obra (no de servicios) no deben efectuar aportes previsionales a la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos.
Basta, para ser contratado bajo la modalidad de Obra, estar inscripto en AFIP como monotributista y en ATER como contribuyente de Ingresos Brutos.
Si los funcionarios cobrasen sus sueldos como funcionarios (y no estuvieran ad honorem como están) deberían, en cambio, efectuar aportes previsionales a la Caja de Jubilaciones y, como cualquier ciudadano de a pie, sufrirían descuentos en sus sueldos brutos.
Mediante las Locaciones de Obra, “los funcionarios evitan realizar aportes previsionales y así cobran de bolsillo sumas más elevadas”.
La maniobra, que involucra casi DOS MILLONES DE PESOS en apenas tres contratos de obra, debería entonces ser investigada por la Justicia.
Ya que al Tribunal de Cuentas no parecen haberle llamado la atención.
No es casual que la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, a cargo de Daniel Elías, haya intimado al Ministro De La Rosa para que dé explicaciones por al menos uno de los tres contratos denunciados por este medio.
NOTICIAUNO accedió al pedido de informes que el organismo previsional elevó días atrás al Ministerio de Salud para que “informe si María Mercedes Basso se encuentra vinculada a ese Ministerio o alguna de sus dependencias” y bajo qué modalidad, a fin de determinar “si existen incompatibilidades con el beneficio previsional que percibe”, a la par del contrato de obra (o a la par de su cargo de funcionaria).
Es que Mercedes Basso, quien se desempeña como “funcionaria” según el propio Ministro Ariel De La Rosa, percibe, además de los “honorarios” por el contrato de obra (que ascienden a 420.000 pesos este año), una importante jubilación provincial.
Y la Ley de Jubilaciones de la Provincia prescribe que cualquier ciudadano jubilado que “volviera a ejercer tareas en relación de dependencia” después de haber obtenido su jubilación (sería el caso de Basso si es funcionaria como afirma el propio Ministro de Salud), no podría cobrar el sueldo de funcionaria y la jubilación provincial al mismo tiempo.
Tal situación, de corroborarse, obligaría a la “funcionaria contratada” a devolver importantes cantidades de dinero al Estado Provincial.
Un escándalo que habría sido avalado por el Ministro y por los funcionarios beneficiados con idénticos contratos.
Es por eso que la Caja de Jubilaciones quiere saber cuál es la relación contractual que vincula a Basso con el Ministerio de Salud, porque, evidentemente, como sucede en varios aspectos de la cartera sanitaria, no queda clara:
Según el Ministerio de Salud, Mercedes Basso “se incorporó al equipo de gestión como Coordinadora del Área Administrativa”, es decir como funcionaria. Entonces, debería devolver las jubilaciones percibidas paralelamente.
La publicación OFICIAL del Ministerio de Salud de Entre Ríos señala que Basso es FUNCIONARIA:
Aunque según el Decreto Nº 347 del 13 de marzo de 2017, María Mercedes Basso es una simple contratada que debe ejecutar “un trabajo de recopilación de normas”. Para lo cual cobra 420.000 pesos.
Sin embargo, es llamativo que una simple contratada de obra participe de todas y cada de las reuniones de “funcionarios” del Ministerio de Salud, vinculadas a temas que nada tienen que ver con las tareas para las que supuestamente fue contratada, según el Decreto 347.
Publicaciones OFICIALES del Ministerio señalan que Basso es FUNCIONARIA:
Por si esto fuera poco, la Justicia también debería investigar cuál es la responsabilidad que les cabe a los funcionarios que se “AUTOASIGNARON CONTRATOS” Y ACTUARON EN REPRESENTACIÓN DEL ESTADO (COMO FUNCIONARIOS) PARTICIPANDO DE LOS DECRETOS QUE DECIDIERON "SUS" CONTRATOS, Y EN REPRESENTACIÓN DE SUS PROPIOS INTERESES (COMO CONTRATADOS).
En cualquier lugar serio, esto sería un verdadero escándalo (otro).
Berruezo es Directora “de Contrataciones” del Ministerio de Salud, y como tal interviene en las compras o contratos que lleve adelante la cartera sanitaria. En ejercicio de esa función, Berruezo decidió su propio contrato de locación de obra. Primero, por la suma de 252.000 pesos (en 2016), y luego por la suma de 396.000 pesos (en 2017).
Berta es Director de Asuntos Jurídicos y en el ejercicio de su función de dictaminar sobre la legalidad de los actos del Ministerio, dictaminó a favor de su propia contratación por 252.000 pesos en 2016, y por 393.120 pesos en 2017.
El caso Basso es aún más complicado de comprender.
Pues según el Ministro de Salud es funcionaria, aunque aparentemente no existe un decreto que le haya asignado tal función. Aún así desempeña actividades “propias de un funcionario”, aunque –gracias al contrato de obra que cobra- percibe un ingreso más alto que un funcionario de su nivel y encima puede seguir percibiendo su jubilación provincial sin incurrir “aparentemente” en una incompatibilidad que la obligue a devolver los haberes percibidos durante el tiempo que fue contratada.
Las sospechas que existen en torno a la contratación de Basso (que en los hechos es funcionaria y como tal DEBERÍA DEJAR DE PERCIBIR SU JUBILACIÓN) quedan confirmadas por las propias declaraciones del Ministro de Salud.
Una de las tantas reuniones del Ministro De La Rosa con sus "FUNCIONARIOS", muestran a Basso (y a Berta y a Berruezo) en su rol de FUNCIONARIA.
Por si esto fuera poco, existen otros datos sorprendentes y llamativos que la Justicia debería aclarar también.
En el caso de Berta, por ejemplo, el hecho de haber sido designado como funcionario “ad honorem”, le permite seguir cobrando el sueldo que tiene como empleado de planta permanente de la Cámara de Diputados de la Provincia. Sueldo que supera los 100.000 pesos por mes.
Berta, entonces, es curiosamente “un funcionario ad honorem” que percibe dos elevadísimos ingresos: uno como empleado de la Cámara de Diputados, y el otro como contratado de Obra en el Ministerio. Y encima goza de las atribuciones y poderes que tiene cualquier funcionario público. Esas facultades le permitieron, por ejemplo, autocontratarse.
¿No debería el Director de Asuntos Jurídicos, Víctor Hugo Berta, que dictaminó a favor de su propia contratación, haberse excusado de intervenir en el acto administrativo que lo benefició en más de MEDIO MILLÓN DE PESOS?
Lo mismo cabe decir y preguntarse respecto de Berruezo, la Directora de Contrataciones del Ministerio de Salud.
La Justicia debería investigar y aclararle a la sociedad que paga sus impuestos para acudir a hospitales públicos en estado calamitoso, cómo es posible que el ministro de Salud, Ariel De La Rosa, haya "burlado a través de una maniobra los topes salariales de los funcionarios, establecidos por el Estado provincial, disfrazando como contratos de obra el verdadero sueldo de esos funcionarios públicos, evadiendo además, en algunos casos, incluso su obligación de efectuar aportes previsionales, lo que claramente viola la legislación vigente del sistema previsional entrerriano".
La Justicia deberá decidir si permite que el ministro Ariel De La Rosa siga gastando MILLONES DE PESOS en contratos sospechados de ser "sueldos encubiertos" para beneficiar a funcionarios amigos.
Fuente: Noticiauno
