Aunque promete no bajar los brazos ni callar, Mariela Leiva, la maestra que denunció que sus alumnos fueron fumigados con agroquímicos mientras estaban dando clases -amenazada días atrás– y que hace más de dos años lucha para conseguir que la investigación penal se convierta en el primer juicio oral y público de la provincia, que siente en el banquillo a los responsables del modelo agrotóxico impuesto en Entre Ríos, atraviesa horas de indignación e impotencia, según confió a NOTICIAUNO.
La audiencia que debía llevarse adelante hoy jueves ante el Juzgado de Garantías Nº 1 de Concepción del Uruguay a cargo de la jueza Alejandrina Liliana Herrero, en la que la magistrada debía definir la elevación a juicio de la causa por la fumigación ocurrida en diciembre de 2014 sobre la escuela Nº 44 República Argentina ubicada en la zona rural entre Villa San Marcial y Santa Anita, Departamento Uruguay, fue nuevamente suspendida a pedido de uno de los tres imputados.
Tras más de dos años de investigación preparatoria, la fiscal Melisa Ríos iba a solicitar este jueves a la Jueza de Garantías que la causa sea elevada a juicio, y de esta manera el caso sentaría el primer precedente judicial en la provincia sobre las responsabilidades penales que caben a quienes fueron capaces de fumigar en pleno horario de clases un campo lindero a una escuela rural, donde se encontraban alumnos pequeños y su maestra, Mariela Leiva, quienes padecieron las consecuencias de la intoxicación con los agroquímicos utilizados y debieron ser hospitalizados.
La fiscal de la causa considera que existen suficientes elementos para probar la culpabilidad de los tres imputados: el dueño del campo fumigado, José Mario Honecker; el propietario de la empresa fumigadora Aerolitoral S.A., Erminio Bernardo Rodríguez, y el piloto que volaba la aeronave fumigadora, Cesar Martin Ramón Visconti, quien se negó a detener su marcha como lo pedía personal policial. Todos están acusados por la supuesta comisión de los delitos de “lesiones leves culposas y contaminación ambiental culposa” de acuerdo con el artículo 56 de la Ley 24.051 (de Residuos peligrosos) y el 89 del Código Penal.
Pero la audiencia en la que la Justicia podía comenzar a escribir una página histórica, fracasó por segunda vez en menos de un mes.
Inicialmente, el pedido de elevación a juicio iba a realizarse el día 11 de abril, pero uno de los imputados presentó en esa oportunidad un certificado por enfermedad, afirmando que se encontraba imposibilitado de asistir a la audiencia, que se reprogramó entonces para este jueves 18 de mayo.
Horas antes de la nueva fecha de audiencia prevista para hoy, y apenas unos días después de que la denunciante (la maestra) fuera amenazada "para que no saliera de su casa", otro de los imputados presentó también un certificado médico alegando la imposibilidad de presentarse.
La audiencia vuelve a postergarse.
Mariela Leiva, quien con su valiente denuncia dio inicio a la investigación penal, fue amenazada el sábado.
Recibió un mensaje intimidatorio de un número "privado" en su celular: "Callate la boca, quedate en tu casa y dejate de joder", le dijeron, para que callara el testimonio que iba a presentar el pasado fin de semana en la Feria Internacional del Libro, a la que había sido invitada con motivo de la presentación del libro “La Argentina fumigada” de Fernanda Sández, y para que baje los brazos.
Mariela suspendió la invitación tras la amenaza, pero no baja los brazos. Ni va a callar.
Quiere confiar en la Justicia provincial.
Que tiene la oportunidad histórica de convertir en letra viva los derechos de los niños de pueblos fumigados a vivir en un ambiente sano.
A vivir.
Fuente: Noticiauno
