Fuentes judiciales indicaron a NOTICIAUNO que tras la investigación periodística, "por instrucción del Procurador General, Jorge García, se abrió una causa y comenzó una investigación penal por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad", que el Código Penal reprime con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo a los funcionarios públicos que los cometan.
A partir de la decisión del Ministerio Público Fiscal, “se remitieron numerosos oficios a distintos organismos estatales, provinciales y nacionales, como al Ministerio de Salud, a la Dirección de Recursos Humanos, a la Cámara de Diputados, a la Contaduría General de la provincia, a AFIP, ATER y ANSÉS, a los efectos de recabar la información concerniente a la investigación” que analizará las contrataciones del Ministro de Salud sospechadas de irregulares.
La investigación penal avanzará sobre los contratos de obra que beneficiaron al Director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, Víctor Hugo Berta, y a la Directora General de Contrataciones del ministerio, Luisa Ester Berruezo.
NOTICIAUNO reveló que el ministro De La Rosa designó “ad honorem” a esos funcionarios para luego beneficiarlos con contratos millonarios que aparecen como “sueldos encubiertos”, para que realicen tareas que están incluidas en las funciones públicas que deberían desempeñar, en una clara maniobra que permitiría “burlar los topes salariales vigentes para funcionarios públicos”. Además de existir la sospecha de que algunos de esos funcionarios percibieron beneficios previsionales (a la par de los honorarios derivados de esos contratos) por estar -mal- encuadrados como contratados de Obra aunque, en los hechos, cumplen tareas y tienen atribuciones de funcionarios públicos (caso en el cual no podrían cobrar una jubilación a la par) (Ver acá los Contratos y la Denuncia).
Después de la publicación de este medio, el propio Ministro de Salud en declaraciones radicales admitió que los contratos que firmó para sus funcionarios “son los sueldos de gente que presta servicios para esta gestión de Salud”. (ver declaraciones del Ministro)
Los contratos investigados
El Director de Asuntos Jurídicos, Víctor Hugo Berta, fue contratado el año pasado para “realizar el diseño de políticas públicas en materia de salud”, para lo cual debería “coordinar grupos de trabajo, convocando a entidades intermedias, diagramar estructuras orgánicas y participar en el proceso de elaboración de normas...”. Y por la supuesta tarea cobró 252.000 pesos.
Este año la contratación se renovó en idénticos términos (ahora por un monto de 393.120 pesos), aunque tras la publicación de NOTICIAUNO Berta renunció al contrato. Renuncia que "no haría más que incrementar las sospechas sobre su accionar", según las fuentes judiciales consultadas.
Es llamativo además que Berta haya sido designado primero como Director de Asuntos Jurídicos del ministerio “ad honorem” y luego fue contratado por el Ministro Ariel De La Rosa para cobrar elevados honorarios particulares. Además del sueldo que tiene por ser empleado de planta en la Legislatura provincial.
Pero también la Justicia investiga por la supuesta comisión del delito de abuso de autoridad a la Directora de Contrataciones del Ministerio de Salud, Luisa Ester Berruezo, quien curiosamente también fue designada como funcionaria “ad honorem” por el titular de la Salud Pública provincial, Ariel De La Rosa, y paralelamente fue contratada para “identificar los problemas en las compras de medicamentos”. Tarea por la cual cobró el año pasado 252 mil pesos. Y este año cobrará 396.000. Hasta el momento, Berruezo no habría renunciado como Berta a su contrato.
En el caso de la “asesora ministerial” Mercedes Basso, que también está contratada bajo la modalidad de locación de obra, no fue designada formalmente como funcionaria. Sin embargo y curiosamente integra el gabinete de Salud como una “funcionaria” más. Esto surge de los datos publicados por el propio Ministerio que se refiere a Basso como una integrante del equipo de “funcionarios” del área.
Esta llamativa situación despertó la atención de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia, que elevó al Ministerio de Salud un pedido para que “informe si María Mercedes Basso se encuentra vinculada a ese Ministerio o alguna de sus dependencias” y bajo qué modalidad, a fin de determinar “si existen incompatibilidades con el beneficio previsional que percibe”.
Es que, además de los “honorarios” que cobra por el contrato de obra (que ascienden a 420.000 pesos este año), Basso percibe una jubilación provincial. Beneficio que no podría cobrar en el caso de ser funcionaria.
Las fuentes judiciales consultadas señalaron que mientras el organismo previsional se expide sobre ese tema, la Justicia avanzará en la investigación de los otros dos funcionarios contratados. Igualmente, "la investigación de Basso dependerá en gran medida de que la Caja de Jubilaciones advierta o no la generación de un perjuicio para el organismo previsional".
Fuente: Noticiauno
