Una de las tareas más arduas que deberá enfrentar la ministra Sonia Velázquez al frente de la cartera sanitaria de la provincia será, sin dudas, recomponer el tejido de confianza institucional que, a la luz de los hechos denunciados sobre todo a partir de la renuncia del exministro Ariel De La Rosa, y de la causa penal abierta en la Justicia contra dirigentes de la cúpula de UPCN, se perdió en el año y medio de una gestión signada por las amenazas, la persecución, el temor y el atropello.
La confianza en las instituciones será una tarea que también deberán encarar otros organismos del Estado provincial, que durante este tiempo recibieron denuncias de quienes se sintieron víctimas, pero tampoco dieron ninguna respuesta, de acuerdo al testimonio de los afectados.
Así lo resume Vilma Pucheta quien denunció la odisea que vivió y vive, a la par de muchos compañeros de trabajo “que aún callan por temor a perder el empleo o a las represalias”.
Los gravísimos hechos que denunció a este medio involucran a un médico que actualmente está en funciones (Héctor Leites), a referentes gremiales de UPCN (Horacio Saravia, Martín Bobadilla y Teresa Figueroa) y al actual concejal del FPV y exintendente de La Paz, José Nogueira.
Según el testimonio brindado a NOTICIAUNO, todo sucedió en el Centro Materno Infantil de Santa Elena. Amenazas, coacciones, insultos, golpes al personal, persecución, compras direccionadas con sobreprecios, utilización de vales destinados a la alimentación de pacientes para comprar "asados particulares", sabotaje de equipos, intercambio de cajas de leche por favores sexuales, desaparición de equipamiento y hasta el intento de atentar contra la vida de tres mujeres a quienes “les tiraron un auto encima”.
Pucheta es una agente sanitaria con 31 años de servicio en el ámbito de la Salud Pública. Se desempeñó hasta hace un año y medio como Supervisora de agentes sanitarios en el Centro Materno Infantil de Santa Elena, cargo del que fue desafectada, según denuncia, como consecuencia de “una persecución laboral” que comenzó cuando “se negó a participar de hechos irregulares”.
El caso de Vilma fue denunciado en su momento no sólo ante el Ministerio de Salud –donde tramita un expediente que “está paralizado en Personal”-, sino ante diversos organismos del Estado, como el Ministerio de Trabajo y la Oficina de la Mujer “ubicada frente al Iosper”, incluso ante la Policía y la Justicia a donde finalmente Vilma radicó una denuncia formal tras un hecho que puso en peligro su vida y la de dos personas más.
Pero “nadie la escuchó”.
En diálogo con NOTICIAUNO, Pucheta afirmó que el exintendente de La Paz y actual concejal de esa localidad por el FPV, José Nogueira, “no puede ser director porque es concejal en el departamento La Paz”, pero “gracias a los manejos que hacían (el gremio) UPCN y (el exministro de Salud) De La Rosa, le buscaron la vuelta para que figure como coordinador de médicos residentes” aunque “eso no se cumple, porque no hay ningún médico residente”.
El dirigente de UPCN “Saravia se hace pasar como administrador del Centro Materno Infantil de Santa Elena, aunque por disposición del Ministerio de Salud (gestión De La Rosa) es veedor de firmas”. Y “el doctor Leites que figuraba como Coordinador del materno infantil”, pero fue reemplazado por Nogueira, "sigue firmando como Coordinador".
La firma del dirigente de UPCN Horacio Saravia como Administrador del Materno Infantil
La designación de José Nogueira como "Coordinador"
En los hechos –relata Vilma- “nadie sabe a quién dirigirse. Porque si te dirigís a Leites, él te dice que no es coordinador. Si te deriva a Nogueira y te dirigís a él, te dice que tampoco es coordinador”. Sin embargo “para notificarte o mandarte alguna nota el que firma es Leites como coordinador”. Y “el que se encarga de dar todas las directivas y de maltratar es Saravia”, agrega, describiendo la asignación de roles que existe en el centro de atención pediátrica.
La “persecución” contra la mujer comenzó hace un año y medio cuando “se negó a firmar notas como Supervisora que habían sido redactadas por (la dirigente de UPCN) Teresa Figueroa y (el secretario adjunto del mismo gremio, Martín) Bobadilla”, que le pidieron “mal informar a otros compañeros para echarlos”. También se desencadenó “porque se negó a aceptar que hagan la compra de tensiómetros en un local de amigos del señor Saravia y del Doctor Leites”, relató.
“Hace dos años fui acusada por una supuesta malversación de partidas de Atención Primaria que supuestamente tenía que manejar como Supervisora. Esta partida llegaba al Materno Infantil pero yo nunca la manejé, las manejaba el señor Saravia”, aclaró.
“Un día me llaman a la oficina que Saravia tiene en el Materno Infantil. Estaban Saravia, la señora Teresa Figueroa y el señor Bobadilla. Me encierran adentro y me dicen: mirá lo que hiciste! Firmanos estos papeles, si vos no firmás estos papeles nosotros te vamos a acusar por malversación de fondos, por falsificación de firmas y falsificación de boleta”, le advirtieron, según denuncia.
Pucheta había solicitado como Supervisora “tres presupuestos” para adquirir tensiómetros. Pero “la compra querían hacerla en el lugar más caro, en un negocio amigo de Saravia”, acusó.
Cuando la mujer se negó a firmar la compra, Saravia “la empezó a empujar” y “entre los tres” le advirtieron: “si no firmás este papel, olvidate. No vas a ser más supervisora y vas a terminar echada de la administración pública”. Incluso -recuerda- que Saravia “le gritó: Y tus 31 años de servicio me los paso por las pelotas”.
Después del episodio, Pucheta cuenta que se retiró de la oficina “no haciéndoles caso, creyendo que no iba a pasar nada”. Pero desde entonces “empezó una persecución laboral tremenda”.
“Me pusieron a todos mis compañeros en contra, empezaron a llamar a Atención Primaria, a hacerme la contra, me boicotearon los armarios, me sacaban las planillas (para asentar la hora de ingreso a su trabajo), me negaban el reloj digital, llegaba y no encontraba mis códigos para marcar”, contó la mujer. Le “hicieron abrir los armarios” donde “tenía tensiómetros, resmas, un montón de material de trabajo”. Le “hicieron tirar a todo”, tras lo cual quiso “llamar a la Policía para que testificaran todo lo que había pasado”, pero “me lo negaron, me sacaron a empujones y no me permitieron llamar a la Policía”, describió. “Teníamos en la oficina pavas eléctricas que desaparecieron, queriéndome acusar a mí, cuando como supervisora luché para que se compren esas cosas”, añadió.
Fruto de ese hostigamiento, Pucheta empezó con problemas de salud. Un tiempo después pidió sus vacaciones, como el resto de sus compañeros. El Jefe de Personal del Materno Infantil, en ese momento Carlos Escobar, le dijo “que sus vacaciones estaban autorizadas”, por lo que, confiada, Vilma salió de licencia.“A la semana fui notificada en mi casa de que me habían negado las vacaciones”, dijo. Además, habían iniciado “un expediente donde el doctor Leites me acusaba por malversación y falsificación de firmas. Como si yo había falsificado la firma de él”.
Todo lo hicieron “porque me negué a firmar una nota que ellos habían elaborado para que yo hable mal de otros compañeros de trabajo. Me negué a firmar notas que habían hecho la señora Teresa Figueroa y el señor (Martín) Bobadilla de UPCN para mal informar a otros compañeros para echarlos. Y porque me negué a aceptar que hagan la compra de tensiómetros en un local de amigos del señor Saravia y del Dr. Leites”, reiteró.
Tal como le habían advertido, Pucheta fue apartada del cargo de supervisora.
Actualmente, en Santa Elena, Pucheta sigue siendo “la única que tiene el curso de Supervisora y un legajo importante de los cursos realizados en 31 años de servicios, además los 15 años ininterrumpidos que se desempeñó como supervisora”. Pero no puede ejercer el cargo tras el expediente que la involucra, iniciado tras su negativa.
“Cuando un día quiero ingresar a trabajar, me presento en el Materno y soy sacada a empujones por el señor Saravia quien me dice que no puedo ingresar a la institución porque soy persona no grata, por la denuncia que yo había hecho en la Fiscalía de La Paz contra ellos”.
La denuncia que Pucheta radicó en la Fiscalía es por un hecho más grave aún. (ver abajo)
“También hice las denuncias en la oficina de la mujer que quedan frente al IOSPER (Consejo de Prevención de la Violencia), también en el Ministerio de Trabajo, también en el Ministerio de Salud”. “Mis reclamos han caído al vacío. Nadie me ha escuchado”, lamentó.
Pucheta, que quiere seguir trabajando, recordó: “Tengo un expediente iniciado en mayo de 2016 en el ministerio (de Salud) pidiendo que por favor por lo sucedido en el Materno Infantil me pasaran al hospital de Santa Elena, donde tengo mi situación de revista. Ese expediente nunca se movió de la oficina de personal”, dijo.
La agente sanitaria desplazada asegura que en el momento en que la acusaron ni siquiera pudo defenderse. “Me estaban operando en la clínica España (de Paraná) por una pancreatitis y mi esposo no me quiso decir nada”, hasta que se recuperara. Vilma se enteró “recién dos semanas después de lo que habían hecho”.
Según Pucheta, además de ella, “hay varias chicas que hicieron denuncias en la oficina de la mujer. Chicas que iban a pedir trabajo y como no se querían acostar con él (con Saravia), no se los daba. Pero estaba todo encajonado por UPCN y De La Rosa. Saravia maneja UPCN en Santa Elena”. Saravia tendría además “muchas denuncias por cambiar la leche por sexo y también por venderla”, disparó.
Todo lo sucedido le demuestra a Vilma que “cumplieron las amenazas”. Aunque -aseguró- ya no tiene miedo porque “ya no le pueden hacer más cosas”. Está dispuesta a contarle todo a la Justicia. Agregó que “hay mucha gente que está en la misma situación (de ella) y no quiere hablar porque tiene miedo”.
En otro tramo de la denuncia, Pucheta pidió a la Justicia que “investigue porque están acostumbrados a falsificar firmas. Yo tengo miedo que haya cosas en las que hayan falsificado mi firma”, dijo. También pidió “al Ministerio de Salud que ordene una auditoría porque en el Materno se hacen compras (de alimentos) para los pacientes y los médicos de guardia en los comercios de acá” que no son reales, añadió.
En ese sentido afirmó que fue testigo en algunas oportunidades de que “compraban a cuenta del Materno Infantil gran cantidad de cajones de pollo, fiambres, vinos, mantas de asado, bolsas de chorizo”, mientras “los chicos en el Materno Infantil no tenían más que un simple caldo” para comer.
“Que se pida una auditoría, porque en el Materno Infantil no hay nada”, reiteró.
“Supuestamente había un equipo de esterilización de odontología. Que no está más y se lo llevó (el médico Héctor) Leites para Feliciano”. Lo mismo sucedió con otras cosas que desaparecieron como “camas ortopédicas”, contó.
Otro de los hechos que recordó Pucheta es el caso del radiólogo del Materno Infantil que “casi electrocuta a un niño sacándole radiografías, porque le habían hecho todo un cortocircuito”, que fue señalado por “personal de ordenanza” que “no se anima a hablar”.
Por ese gravísimo hecho, el radiólogo realizó la denuncia pero “quedó en la nada”, dijo.
El radiólogo fue víctima también: “le pegaron carteles en su oficina diciendo barbaridades contra su persona”. “Solamente ellos tenían llaves de ahí, nadie más”, aseguró la mujer, en referencia a los directivos del hospital.
Una bioquímica padeció el atropello también. “A una bioquímica en el pasillo le dijeron que estaba despedida, y como no había sido notificada, ella seguía concurriendo al hospital. Pero le escondían las planillas para que firme. Una persecución laboral terrible”, volvió a lamentarse Pucheta.
Al ser consultada sobre el motivo de las “persecuciones y situaciones que denuncia”, Pucheta respondió: “Si no les caíste, o no te prestaste a los jueguitos que deciden, sos enemigo de ellos. Todo lo que ellos hacen es porque se creen impunes porque son apañados por UPCN”, expresó.
Más adelante, Vilma relató el hecho que la llevó a radicar la denuncia en la Fiscalía de La Paz: “Íbamos a Paso Telégrafo a llevar unas donaciones para los inundados con dos médicas (cuya identidad prefiere reservar pero está dispuesta a revelar en sede judicial) y el doctor Leites nos tiró el auto encima en la ruta. Gracias a Dios esta chica (quien conducía) respondió y no nos pasó nada. Ahí fue cuando hice la denuncia en la fiscalía”, dijo, dando cuenta que en ese momento advirtió el peligro que corría.
Según su relato, “hay muchos casos más, además de ella” que no se atreven a denunciar “por miedo a perder sus trabajos”.
Denuncia de Vilma Pucheta
NOTICIAUNO recabó otros testimonios que por ese motivo pidieron resguardar su identidad. Además del caso del radiólogo, hubo “una amenaza a una profesional a quien le advirtieron que la iban a hacer sacar del hospital y la iban a perseguir hasta debajo de la cama” porque “se negó a trasladar a dos menores al Hospital San Roque de Paraná, porque no los cubría el seguro”. “Le dijeron que si no firmaba el traslado la iban a hacer echar”, precisaron.
También se refirieron al caso de “un empleado al que golpearon –a golpes de puño- y está actualmente aterrorizado, no puede volver al hospital porque tiene miedo y está a punto de perder el trabajo”.
Hay “otra enfermera a la que le hicieron lo mismo”, agregaron, e insistieron con que “la gente no se anima a denunciar porque están contratados y tienen miedo de perder el trabajo”.
Fuente: Noticiauno
