La diputada provincial Rosario Romero (PJ) afirmó que la medida implementada por el gobierno nacional “es completamente repudiable y debe ser inmediatamente revocada”.
La diputada provincial Rosario Romero (PJ) se refirió a la medida implementada por el Gobierno nacional que en lo que va del año eliminó año unas 70.000 pensiones por discapacidad (y evalúa otros 180.000 expedientes), al hacer uso del Decreto Nº 432 de 1997 que le quitó la ayuda social a beneficiarios cuyos cónyuges o tutores tienen un ingreso formal de más de $20.000.
Romero dijo a NOTICIAUNO que “el sistema de pensiones no contributivas siempre ha sido materia de análisis de las distintas gestiones de gobierno, pero elegir ajustar en general sobre pensiones que abarcan la invalidez y la discapacidad, es una decisión gubernamental completamente equivocada y arbitraria, que provocará sufrimiento en aquellos legítimos beneficiarios de esta prestación estatal”.
Asimismo la legisladora consideró que “nadie le niega a la Ministra (de Desarrollo Social de la Nación, Carolina) Stanley la facultad de controlar, pero ésta nunca puede ser ejercida cercenando a priori derechos adquiridos por las personas, sino todo lo contrario: el Estado nunca debe proceder con arbitrariedad, sino que está obligado a ser justo”.
En ese marco, Rosario Romero destacó que “la Ministra debió ceñirse a lo que puede hacer, que es ejercer controles dentro del marco de la ley y proceder, en caso de beneficios mal concedidos o irregularmente concedidos, puntualmente solo en dichos casos, a tomar las medidas adecuadas”.
Luego remarcó que “muchos gobiernos han hecho lo que hoy nuevamente se hace: ajustar a través de restringir derechos”.
“El procedimiento, es completamente repudiable, y debe ser inmediatamente revocado”, concluyó.
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Fuente: Noticiauno
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