En el primer semestre del año, la Cámara de Diputados de la provincia apenas sesionó cuatro veces. Las sesiones ordinarias de la cámara que preside el exgobernador Sergio Urribarri, que comenzaron formalmente el 15 de febrero –la primera sesión ordinaria se realizó el 29 de marzo- están suspendidas hace más de un mes. La última sesión tuvo lugar el día 23 de mayo.
Teniendo en cuenta la extensión del período legislativo ordinario (desde el 15 de febrero al 15 de diciembre de cada año), y en base a los datos oficiales, NOTICIAUNO corroboró que los diputados provinciales de Entre Ríos se reunieron para sesionar sólo una vez por mes, en la primera mitad de 2017.
A ese ritmo, al finalizar el presente período legislativo, los diputados de la provincia habrán sesionado apenas 10 veces en 2017.
Si de producción legislativa se trata, en relación al abultado presupuesto que manejan, los resultados son también muy magros.
Al finalizar el mes de junio, la Cámara de Diputados sólo registra tres leyes sancionadas. Una, para “autorizar al gobierno provincial a transferir a título de donación una ambulancia a favor de la Asociación de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Maciá”. La segunda, para “crear el Cuerpo de Guardaparques de la Provincia de Entre Ríos”. Y la tercera ley sancionada en Diputados durante este año fue para “adherir a lo dispuesto en el Capítulo IX del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal”.
La primera ley sancionada
La segunda ley sancionada
La tercera ley sancionada
Con un presupuesto estimado para este año que trepa a 400 millones de pesos (35% mayor al presupuesto del año anterior), y un periodo de sesiones ordinarias que dura diez meses según la Constitución Provincial, el Estado destina al funcionamiento de la cámara baja unos 40 millones de pesos por mes.
Si el presupuesto mensual se divide entre los 34 legisladores –de todos los bloques- que integran la cámara baja, cada diputado provincial le cuesta a los contribuyentes entrerrianos la friolera suma de 1.200.000 pesos mensuales.
Dicho de otro modo, el funcionamiento de la cámara demandó, en los cuatro primeros meses de sesiones, alrededor de 160 millones de pesos. En ese lapso se sancionaron sólo tres leyes. Cada una costó entonces unos $ 53 millones.
Salvo honrosas excepciones, como la diputada Rosario Romero del bloque oficialista –cuyo desacuerdo hizo saber a este medio por la falta de convocatoria a sesionar- y el caso del diputado Alejandro Bahler del Frente Renovador -que hizo público su descontento por la paralización de la cámara- el resto de los diputados de la provincia no parecen incómodos ante el virtual “cese de sesiones” que lleva más de un mes, ordenado por el presidente del cuerpo, Sergio Urribarri.
La indignación es mayor si, como aseguran integrantes de todos los bloques, la decisión de Urribarri de paralizar la Cámara (EL PRESUPUESTO SE GASTÓ AUNQUE NO HUBO SESIONES) obedece al intento de “proteger” a uno de sus diputados: José Ángel Allende, tras la amenaza que el legislador del Frente para la Victoria lanzó contra un periodista de NOTICIAUNO (ver acá).
En efecto, después de las amenazas de Allende, la Cámara estaba convocada a sesionar el día 5 de junio, pero esa convocatoria fue suspendida a último momento por Sergio Urribarri, y de ese modo el bloque oficialista, y en particular el exgobernador que preside el cuerpo, evitaron pronunciarse sobre el hecho por el que, finalmente la Justicia imputó al legislador, titular además del gremio UPCN.
Desde la bancada oficialista –no todos- admiten en voz baja que ese fue el motivo del virtual “paro” de la Cámara de Diputados dispuesto por el exgobernador, socio político de Allende.
Fuente: Noticiauno