Las escuelas de las dos ciudades principales de la provincia de Santa Fe atraviesan desde hace un mes y medio un calvario por las falsas amenazas de bomba en las instituciones. Miedo, alertas constantes, clases interrumpidas, movilidad de las fuerzas de seguridad y gastos de importantes sumas de dinero público conforman el marco de una problemática cada vez más presente.
Según estimaciones oficiales, entre Rosario y Santa Fe Capital se registraron solo en agosto cerca de 150 llamados por amenazas de bomba falsas en diferentes instituciones educativas.
Hay casos de todo tipo. Versiones de las más insólitas y una comunidad educativa que todavía no encontró el camino para poder abordar el problema con éxito.
De acuerdo con fuentes policiales, en Santa Fe capital, el colegio Almirante Brown fue el más castigado, mientras que en la ciudad de Rosario, por ejemplo, en un solo día se recibieron unas 33 amenazas falsas en diversas instituciones.
La mayoría de los llamados no son a los colegios, sino al servicio del 911. Además, una gran parte de los casos se producen antes del mediodía", lo afirmó Mario Monzón, el jefe de la Policía de Investigaciones (PDI) de la Provincia.
Las llamadas son clásicas: una voz anuncia en el teléfono que se plantó una bomba en determinado colegio y, en algunas ocasiones, se advierte con el horario de detonación.
Luego, efectivos de Policía de Seguridad de la Provincia acuden a las entidades, proceden a la evacuación protocolar de las escuelas y, cuando se confirma la falsedad de la amenaza, se retoma la actividad.
"Solo la inspección de las escuelas demanda unos 45 minutos. Encima, con el cuarto previo y el procedimiento para librar las actas, ya se pierde una hora. Después hay que hacer despliegues en la calle del colegio, interrumpir el tránsito, es todo un caos", especificó Darío Chávez, director de Investigación Criminal de la provincia.
Una vez pasada esa fase, se da lugar a la investigación de los hechos por parte del equipo de especialistas.
"Nosotros nos encargamos de rastrear los teléfonos y dar con los responsables", afirmó Monzón.
Y añadió: "Hasta el momento, todos los casos en los que pudimos encontrar a los responsables de los llamados, se trató de un menor de edad. En la mayoría de los episodios fueron alumnos de los propios colegios en cuestión, aunque hubo algunos jóvenes que llamaron para alertar sobre escuelas ajenas".
Lo más paradójico de la situación es que casi todas las amenazas de los propios alumnos de las escuelas son efectuadas con llamados por celular dentro de las propias instituciones o con algunos teléfonos públicos de las calles aledañas.
La Policía de Investigaciones de Santa Fe logró cerrar la mayoría de casos que se le asignaron. En todos ellos, lograron tomarles declaración a los responsables y se toparon con excusas de las más insólitas.
"Muchos nos dijeron que lo hicieron 'porque pintó'. Algunos querían faltar a una clase determinada y hasta hubo un chico que realizó la falsa amenaza porque tenía que encontrarse con su novia, que iba a otro colegio, y no tenía manera de escaparse de su escuela", advirtió Monzón.
El problema generó trastornos no solo en la continuidad del ámbito educativo propiamente dicho, sino que causó el despliegue de protocolos de seguridad absolutamente innecesarios.
"Ahora, la Justicia va a actuar con todo el rigor que corresponda sobre los chicos y sobre los padres. Hay que abordar el tema de otra manera porque esto ya es excesivo. Es muy preocupante y muy repetida la cantidad de falsas amenazas surgidas en los últimos tiempos", afirmó la ministra de Educación de la provincia, Claudia Balagué.
En los últimos días, surgió el temor desde las autoridades de que algunos de los casos pudieran tener un trasfondo político en las ciudades: "Algunos de los celulares identificados ni siquiera tenían el prefijo de la provincia. En Rosario, la gran mayoría de las amenazas se dieron en el microcentro y en el macrocentro. Por lo cual, el caos de tránsito que se genera es tremendo. La gente ve cómo se queda en un embotellamiento durante varios minutos y recién se entera de que era una falsa amenaza cuando vuelve a su casa a la noche. En el medio, no hace más que despotricar contra la Municipalidad o la autoridad que se le presente. De todos modos, estamos prácticamente convencidos de que se trata de bromas de los alumnos", detalló Chávez.
Una vez que la PDI identificó y confirmó a los responsables de los llamados, la causa pasó a la Justicia. Así, se abrieron innumerables carátulas por intimidación pública.
La pena para tal delito oscila entre 2 a 6 años de prisión, pero al tratarse de menores de edad, se manejan alternativas de pena muy diferentes.
Según pudo investigar Infobae, en los Juzgados de Menores de Santa Fe ya se llevaron a cabo decenas de causas con diferentes resoluciones. Uno de los jóvenes que hizo una amenaza de bomba falsa tuvo que realizar trabajo comunitario para cumplir su pena, mientras que otros dos, a la espera de una sentencia, debieron permanecer unas 48 horas detenidos en un Centro de Menores hasta que los retiraran sus padres.
Precisamente, la figura de los padres también fue puesta en cuestión por las autoridades de la seguridad. "Durante las declaraciones de los chicos, había padres que parecían avalar la ocurrencia de sus hijos o incluso relativizar la gravedad de lo que hicieron. 'Es una broma de niños', nos decían", se lamentó Monzón.
"El problema es que por esas bromas no se dan una idea de todo lo que se termina moviendo de manera innecesaria. Hay que ocupar a gente, móviles, hacer desplazos, horas de trabajo… y todo para nada. Por cada llamada, nosotros tenemos que activar un equipo de trabajo. Es un gasto de recursos tirados a la basura", aseguró el director de la PDI.
Ante tal escenario, tanto las escuelas como las entidades públicas intentan ponerle un freno a la moda de las amenazas falsas de bomba.
Decenas de colegios implementaron horas de concientización en todos sus cursos, con el fin de que los alumnos tomen un parámetro de lo que genera una falsa amenaza. Además, con los casos de alumnos confirmados como responsables, se llegaron a aplicar sanciones de diferente magnitud.
En tanto, el propio gobierno de la Provincia deslizó la posibilidad de que los padres de los chicos responsables de las falsas amenazas se tuvieran que hacer cargo del costo económico de todos los operativos desplegados para atender el problema.
"Cada incidencia le cuesta al Estado provincial entre 40 y 50 mil pesos. No solo se cubren los gastos de los móviles y los dispositivos sino también los del trabajo humano", afirmó Chávez.
Y completó: "Nosotros apelamos a todas las vías para concientizar a los jóvenes, pero parece que esta es la última opción que nos queda: que las propias familias se hagan cargo de los costos del operativo".
En tanto, el Estado provincial solicitó a los padres de toda la comunidad educativa que traten el tema en sus casas y acentúen la relevancia que puede tener una "broma" de esa magnitud.
Fuente: Infobae
