A pesar del pedido de la familia de Santiago Maldonado, que en las últimas horas imploró prudencia hasta que la Justicia confirme la identidad del cuerpo hallado en el río Chubut, el dirigente provincial de Cambiemos Juan Carlos Arralde, recientemente designado como Coordinador General Ejecutivo del PAMI en Concordia, se refirió en términos polémicos al caso que conmociona al país.
Violando la orden presidencial que bajó a todo el funcionariado de permanecer en silencio hasta conocer el resultado de la autopsia –aunque es altísima la probabilidad de que Maldonado esté muerto-, el exconvencional constituyente de la UCR afirmó este miércoles –al término de la conferencia de prensa de los familiares del joven desaparecido- que “Nadie sabe qué pasó pero por las dudas la culpa es del otro. Condolencias a la familia y repudio absoluto a los que armaron la miserable opereta de la desaparición forzada”. Eso escribió el funcionario de Cambiemos en su cuenta de Facebook.
Arralde, quien también ocupó una banca como legislador provincial de la UCR, se sumó de este modo a la confirmación que espera todo el gobierno nacional: “si el cuerpo que fue hallado en el río Chubut es el de Santiago Maldonado no habría desaparición forzada”, sostienen en el círculo íntimo del presidente Macri.
Si bien es cierto que -técnicamente- el delito de desaparición forzada “comienza” con la privación de la libertad y la subsiguiente falta de información sobre el destino de la víctima, y “termina su ejecución” cuando aparece la víctima o su cadáver, no es menos cierto que una cuestión de técnica jurídica no puede soslayar jamás la responsabilidad política que pesa sobre el gobierno –que integra Arralde- por la muerte del joven –en caso de confirmarse su identidad-, cuando ésta estuvo precedida de su desaparición, y ésta ocurrió después de una represión encargada por el gobierno a una fuerza de seguridad nacional.
Políticamente –y judicialmente-, lo que está bajo la lupa es si en la desaparición (y ahora de confirmarse, en la muerte) hubo participación y encubrimiento del Estado nacional –de algunos de sus funcionarios- por el accionar de una fuerza de seguridad -comandada por el gobierno nacional-. Es ese accionar el que está bajo sospecha en la investigación judicial, desde que se cambió la carátula del caso a DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONA, aunque a Arralde esa calificación jurídica le parezca una “opereta”, y aunque el hallazgo del cadáver de Santiago Maldonado, condolencias mediante, casi parece celebrarse, para sostener la hipótesis oficial.
Es la fuerza de seguridad comandada por el gobierno al que pertenece Arralde la que está sospechada de haber desaparecido al joven que ahora, Arralde dio por muerto.
Cabe recordar que la justicia tomó la decisión de cambiar la carátula de la investigación (a DESAPARICIÓN FORZADA) cuando varios indicios colocaron bajo la lupa el accionar de la Gendarmería Nacional que reprimió a la comunidad mapuche, luego de lo cual a Santiago Maldonado nadie lo vio nunca más.
En ese contexto, las “condolencias” de Arralde a la familia Maldonado sugieren un grado de cinismo elevado. La familia Maldonado ratificó este miércoles en conferencia de prensa: “Acá seguimos hablando de una desaparición forzada”, “Se ocultó información”. “Esta conjunción entre el reclamo civil y el de las partes son vitales para romper el esquema de impunidad que propone el Estado”, sostuvo la abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia.
Esta definición, lejos de parecer una “opereta”, se sustenta –entre otros puntos- en que el lugar donde apareció el cuerpo ya había sido rastrillado tres veces.
Lejos de ser una calificación “política” (aunque pueda generar un costo político que el gobierno nacional se ha encargado de “sondear telefónicamente” a dos días de las elecciones), la “desaparición forzada de un ciudadano” es una CALIFICACIÓN JURÍDICA.
La lectura que se haga de un hecho de tal magnitud, en plena vigencia del Estado de Derecho, sí es una cuestión POLÍTICA.
Fuente: Noticiauno
