La presidenta del Centro de Jubilados y Pensionados de ATE, Juana Ávalos, dijo que “la resolución 956/17 sobre la creación de Fundación Pami se enmarca en una concepción de salud mercantilista y de gestión de negocios”.
“Con esa norma se pone en marcha un proceso de vaciamiento de la obra social de los jubilados en abierta confrontación con la Ley 19032, y con los principios públicos, solidarios y de administración democrática, bases sobre las cuales se organiza la seguridad social”, alertó la referente de los jubilados estatales.
Hay que recordar que al PAMI lo fiscaliza el Ministerio de Bienestar Social, pero como la Fundación es una ONG tiene pocos controles y la fiscalizará el mismo PAMI, cuyas autoridades son las mismas que las de la Fundación.
El otro dato -el más importante- es que la ley 19.032 les prohíbe a los miembros del directorio de PAMI ser parte o tener vínculos con los prestadores en los que delega prestaciones. Tal sería el caso de los miembros de la Fundación. Es que las autoridades de la Fundación son las mismas que del ente hoy presidido por Sergio Daniel Cassinotti, ex titular de IOMA, quien reemplazó a Carlos Regazzoni, el autor del recorte masivo de la cobertura de medicamentos a jubilados y de la precarización de los médicos de cabecera.
Desde su creación -el 26 de septiembre-, la Fundación PAMI fue denunciada por los trabajadores del organismo ante “un posible vaciamiento”.
“Al constituir el organismo una forma jurídica propia del derecho privado, la misma carece completamente de controles estatales y desaparece la obligación de, por ejemplo, realizar licitaciones”, explica la denuncia contra Cassinotti en la Unidad Fiscal para Investigación de los Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISES), que recibió un pedido de investigación con el objetivo de analizar un supuesto delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad" por parte del titular del PAMI. Según la información, el pedido está circunscripto al caso de la aprobación de la Fundación PAMI, en la que consta “una obra social paralela o blue que perjudica a los jubilados”
La Fundación creada por los funcionarios de Cambiemos “podrá hacer compras directas sin licitación, contratará personal por fuera del convenio y esquiva todos los controles vigentes”, según publicó Página 12.
Los objetivos de la Fundación son similares a los de la obra social de los jubilados, cuyo presupuesto es el quinto más grande del país.
La Fundación PAMI estará habilitada a dar prestaciones sanitarias y sociales que “brinde el o los efectores cuya gestión se encargue”, con la posibilidad de abrir sucursales y administrar establecimientos propios, es decir, los hospitales y las clínicas que ya supervisa el PAMI. La Fundación podrá hacer compras directas sin licitación y contratará personal por fuera del convenio. Y de esta manera, esquivará todos los controles actuales.
Más allá de las explicaciones que intentaron brindar los funcionarios macristas: “que la creación de la ONG se hizo exclusivamente para administrar el hospital que pertenecía a la Asociación de Obras Sociales de Mar del Plata, que fue expropiado y rebautizado como Houssay”, la realidad indica que el PAMI ya administra también el Hospital Francés y el Español, del que se hizo cargo por orden judicial.
Según una fuente calificada de la seguridad social “es una privatización encubierta”, y agregó que la medida termina “con la autarquía del PAMI, ya que hace que las decisiones se tomen por fuera de la entidad”. Además, remarcó que se trata de “una maniobra distorsiva, para llevar recursos estatales al sector privado”, y lo ató a la puesta en marcha de planes vinculados con el Banco Mundial en materia de salud, como la Cobertura Universal de Salud (CUS).
Por su parte el secretario adjunto del Sindicato de Trabajadores y Empleados del PAMI (SUTEPA), Eduardo Terraneo, sostuvo que “es un claro vaciamiento, es una tercerización de las funciones que se vehiculiza con el pase de una parte del presupuesto al ámbito privado”, denunció.
En Entre Ríos, los argumentos son similares. Juana Ávalos dijo a la agencia Aim que la resolución que crea la Fundación “es un mal antecedente porque la medida puede significar el vaciamiento del organismo y afectar gravemente a todos los jubilados”.
La dirigente provincial puso énfasis en que “esto abre una caja de pandora porque, en la práctica, la Fundación tiene la capacidad de actuar no sólo sobre sanatorios sino que podría administrar todas las funciones del Pami, lo que llevaría a una privatización encubierta de la obra social”, denunció.
Ante esta situación, Ávalos aseguró que “los trabajadores no deben permitir que estas medidas avancen” y agregó que “van a resistir las privatizaciones que impulsa el Gobierno nacional, ya que este tipo de fundaciones dejan librada la transferencia de funciones que vacía la obra social”, dijo.
Fuente: NOTICIAUNO/Aim
