Los fiscales encendieron las alarmas una vez que se enteraron del ingreso al Senado del proyecto oficial de reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal que obtendría dictamen de comisión este miércoles y el miércoles de la semana siguiente, sería tratado en la cámara alta nacional.
La modificación de los artículos no solo establece la duración del mandato del Procurador General (5 años, renovables por 2 más), sino también el método de remoción con "mayoría absoluta" en el Congreso (actualmente se requieren dos tercios).
Pero, a su vez, su articulado contiene cuestiones sensibles para todos los magistrados que a primera lectura consideraron que vulnera la autonomía constitucional del órgano que organiza a las fiscalías, debilita el rol del procurador y habilita métodos más simples para las destituciones, con mayor peso de la representación política en los jurados de enjuiciamiento. La sorpresa llegó de la mano de las firmas que acompañan el proyecto: Federico Pinedo (PRO), Ángel Rozas (UCR), Rodolfo Urtubey y Miguel Ángel Pichetto (PJ). Es la garantía de un pasaje sin obstáculos en el Senado.
Las cláusulas transitorias que contienen la iniciativa también perfilan un objetivo central: dinamitar cualquier vestigio de la gestión de Alejandra Gils Carbó como cabeza del Ministerio Público Fiscal.
La primera de esas cláusulas obliga a todos los fiscales que hayan sido trasladados en los últimos 5 años fuera de las jurisdicciones para las que concursaron y obtuvieron acuerdo, regresen a su destino original. Para ello, tienen un plazo de 30 días, caso contrario, se convierte en motivo para su remoción. Esto permitirá abrir algunas vacantes en Comodoro Py y desarticular el sistema legal vigente que faculta los traslados, incluso validado por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, ante un reclamo contra Gils Carbó. Si sus vacantes no fueron aún habilitadas, deberán subrogar los cargos vacíos de esas jurisdicciones, y sino los más próximos. Los traslados están habilitados por otra enmienda, pero solo para quienes tengan una antigüedad mayor a 5 años.
La segunda de esas cláusulas elimina a los abogados de la matrícula y personal auxiliar a que cubran funciones de fiscal. Pero la tercera coloca "en comisión" a casi todo el personal de la estructura central de la Procuración nombrados desde el 31 de mayo de 2013. Quedarán "sin efecto" las designaciones de todos los funcionarios que hubiesen sido nombrados o contratados desde la promulgación de la ley de ingreso democrático -sin distinguir calificación técnica- y que no hubieran atravesado un concurso. Salvo que el procurador autorice su continuidad laboral "por razones fundadas de necesidad". La mención disparó la alerta sindical que consideró que esa mera posibilidad perforaba el piso de la Ley de Empleo Público que garantiza estabilidad. De aprobarse, será materia de otra judicialización, más allá de la presunta inconstitucionalidad que achacan a la norma en general por vulnerar la "autonomía" del artículo 120 de la Constitución, dado que por primera vez se establece al Ministerio de Justicia como nexo con el que debe relacionarse, además de la Comisión Bicameral a la que debe rendirle cuentas.
"Es un regreso al modelo Agüero Iturbe-Barra", señalaron desde una fiscalía sobre el intento durante el menemismo de acotar la función del procurador.
Para designarlo se requerirá "mayoría absoluta" (la mitad más uno, 37 en el Senado, no ya los dos tercios); mientras que para removerlo, podrá pedirlo el Poder Ejecutivo o cualquier diputado si obtiene la mayoría absoluta de la Cámara (con un error de redacción en el proyecto que señala a los "presentes"), para luego tener ratificación de una mayoría de al menos 37 en el Senado. En el mientras tanto quedará suspendido. Y si es a pedido del Poder Ejecutivo, esa suspensión caducará a los 10 días.
Cualquier sugerencia en temas de política criminal deberá pasar el tamiz de la cartera de Justicia antes de avanzar legislativamente, similar a lo que ocurre hoy.
El proyecto permite la disolución o modificación de todas las procuradurías especializadas, creadas en los últimos años, que hasta ahora estaban detalladas en el texto de la ley (Narcocriminalidad, Lesahumanidad, entre otras). Ahora, su mantenimiento quedará ceñido a lo que considere el procurador nuevo, que podría disolverlas a todas si quisiera, mediante una simple resolución. También por la misma vía podrá diluir las diferentes direcciones y con ellas a su personal. Esto puede afectar tanto a las de acompañamiento de víctimas, género, investigaciones o recuperación de activos.
Otro punto de tensión son los concursos que no podrán demorar más de dos meses desde producida la vacante: llamativamente lo presidirá el procurador (había sido cuestionada la participación de Gils Carbó en la selección) y agrega a 3 fiscales generales con 10 años de antigüedad (excluyen a cualquiera de los "nuevos") y un jurista invitado que sea sorteado, y no provenga de un listado previamente seleccionado. Todo será oral y público y ya no habrá prueba escrita.
Para la remoción de los fiscales también hay polémica por la injerencia del estamento político en ellos: 1 representante del Ejecutivo, 1 Senador, 1 Diputado y 2 abogados de la matrícula federal más 2 fiscales con una década de antigüedad en el cargo. Hoy también son 7, pero con representante académico en lugar de diputado y distinta distribución entre abogacía de la Capital Federal y del interior, además de rangos distintos entre fiscales. Para los fiscales, la primera impresión es que podrían multiplicarse los jurys en casos donde haya causas sensibles .
Entre los fundamentos del proyecto se encuentra la aplicación del Código Procesal Penal, cuya implementación quedó congelada hace casi dos años, atada a la salida de Gils Carbó. Pero ahora los fiscales temen que las facultades reglamentarias de la nueva ley queden en manos de la Casa Rosada por lo que ya anticipan su resistencia.
La Asociación de Magistrados ya había cursado pedidos a constitucionalistas para el diseño de un proyecto propio. No tuvieron tiempo. La política les ganó de mano.
Fuente: Ambito
