El texto había sido trabajado colectivamente desde hacía más de tres años por las Redes y Organizaciones de la sociedad civil que trabajan en VIH y Hepatitis, como el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH, junto a instituciones científicas y organismos provinciales, nacionales e internacionales, como el MInisterio de Salud de la Nación, la Organización Panamericana de la Salud y ONUSIDA.
“Si bien contó con dictamen favorable de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados el 13 de junio de 2017, el proyecto luego quedó frenado. A pesar del seguimiento, los petitorios y las manifestaciones públicas que realizaron las organizaciones, ni la Comisión de Legislación General presidida por el Diputado Daniel Lipovetzky ni la Comisión de Presupuesto y Hacienda presidida por el Diputado Luciano Laspina ni tampoco el Senado accedieron a ponerlo en discusión”, consignó un comunicado de la Fundación GEP
De acuerdo al texto, el argumento de los diputados fue que el proyecto tenía “errores técnicos en la redacción” por más que el dictamen positivo en la Comisión de Salud ocurrió hace cinco meses y “hubo tiempo de sobra para pulir detalles”.
“Las organizaciones siempre estuvimos atentas al proceso legislativo y a disposición para reunirnos por las revisiones que fueran necesarias. Creemos que lo que no hubo fue voluntad política para avanzar con esta ley, evidentemente la salud no es prioridad para los legisladores”, manifestó José María Di Bello, Secretario de Fundación GEP.
“Numerosas personas con Hepatitis C que se encuentran en estadio final de la enfermedad están esperando desesperadamente su tratamiento que no llega; si esta ley ya hubiera sido aprobada, esos tratamientos ya estarían disponibles”, agregó.
En Argentina hay aproximadamente 120.000 personas con VIH, el 30% de las cuales desconoce su diagnóstico.
La ley de VIH/SIDA vigente N° 23.798 data de 1990 y el nuevo proyecto (N° E6139-D-16), que perdió estado parlamentario, “incorpora una mirada social en prevención y tratamientos; contempla a los niños, niñas y adolescentes nacidos con VIH; prevé sanciones ante la discriminación en el acceso al empleo; y garantiza la conformación de un Observatorio contra el estigma que aún afecta a las personas con VIH y a su entorno”.
Además, incluye en el marco legal a otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) que se registran en aumento y a las hepatitis virales. En cuanto a la hepatitis C, se estima que 400.000 personas la padecen y muchas de ellas se encuentran en fases avanzadas de la enfermedad pero no acceden a sus tratamientos.
Fuente: Docsalud
