Una crisis se desató en la Sociedad Rural Argentina (SRA) a raíz del pago de 500.000 pesos que recibió Luis Miguel Etchevehere de la entidad tras su renuncia al cargo de presidente y como socio de la SRA para hacerse cargo del Ministerio de Agroindustria de la Nación.
Hoy, 26 delegados del distrito 2 de la SRA, que abarca la provincia de Buenos Aires, le enviarán una carta al presidente de la entidad, Daniel Pelegrina, en el que expresan su "profundo desagrado" a la decisión adoptada por la Comisión Directiva.
Como el cargo de presidente de la SRA es rentado, un grupo de directivos consideró que la entidad debía dar por finalizada la relación laboral mediante el pago de una suma de dinero. Esa posición fue sometida a discusión en la comisión directiva y se dirimió en una votación, que fue dividida. Algunas fuentes señalan que ganó por 20 a 10. Otras hablan de que el resultado fue mucho más ajustado.
En la carta, los delegados sostienen que "este pago - bono, bonificación- va en contra del espíritu de la SRA, es un pésimo ejemplo, un pésimo antecedente, que no sólo afecta el buen nombre y honor de la Sociedad Rural Argentina, sino que afecta al sector Campo".
Si bien agradecen a Etchevehere por su gestión de cinco años al frente de la entidad, los delegados afirman que "la persona de campo es austera, y esta conducta es profundamente contraria a la filosofía que caracteriza al productor". Por ese motivo solicitan que la suma pagada al actual ministro de Agroindustria "sea devuelta a la SRA a la brevedad".
Los firmantes son los siguientes: Dario D´ Aloia, Eduardo Antonelli, Marcelo Assisa, María Susana Azzi, Adela M. Bancalari, Adrián Barbieri, Lucio Bellocq, María Inés Bosisio, Juan Pablo Cevey, Gastón Cevey, Juan Cieutat, Federico Cinque, Hugo de Achával, Fernando de Alvear, Alberto Escalante, Eloisa Frederking, Felipe Amadeo Lastra, Rodrigo de Loizága, Pablo Guillermo Maglie, Catalina Melón Gil, José Plumet, Sebastián Simmermacher, Verena María Stenglein, Néstor J. Vázquez y Mercedes Lalor, esta última directora del distrito 2.
Consultadas por La Nación, fuentes de la entidad consideraron que el pago se ajustó a derecho y que se trató del cierre de una etapa de vinculación laboral.
Fuente: La Nación
