Glifosato: los argumentos que desnudan que la ley es un traje a medida del lobby sojero

El tratamiento y aprobación de la nueva Ley de Agroquímicos en el Senado, en la última sesión del año, dejó al descubierto que el proyecto fue ingresado “a las apuradas” y se aprobó “entre gallos y medianoche”, a espaldas de los pueblos fumigados y a medida de los grandes empresarios agropecuarios.

En efecto, tal como adelantó NOTICIAUNO (ver acá), el texto que ingresó el mismo día de la sesión, aún cuando hubo una comisión bicameral que venía tratando el tema, no fue consensuado por los legisladores, muchos de ellos sorprendidos por el apuro de sus pares por cerrar el tema en sesiones extraordinarias.

Así quedó evidenciado no sólo por la ausencia de organizaciones ambientales en el recinto, sino por las claras posturas de los senadores del propio bloque del Frente para la Victoria, Lucas Larrarte (San Salvador) y Pablo Canali (Colón), que votaron en contra con sólidos argumentos, y llamativamente en contra del respaldo expresado por el senador Ángel Giano, de Concordia, presidente del bloque peronista, quien ensayó una férrea defensa de la iniciativa, que adolece –entre otros puntos- de graves fallas técnicas de redacción, que no se condicen con los dos años de trabajo en comisión que se intentaron exhaltar por parte del bloque de Cambiemos y el sector del oficialismo que dio luz verde al texto que sorpresivamente se puso a consideración del cuerpo “sobre tablas”, pues no tenía dictamen de comisión.

Los senadores Lucas Larrarte (FPV San Salvador), Pablo Canali (FPV Colón) y Héctor Blanco (bloque unipersal “Justicialistas Todos por Tala”) fueron los únicos que votaron en contra de la nueva ley de agroquímicos.

En su exposición, Larrate confirmó lo adelantado por NOTICIAUNO: Hubo apuro para aprobar el texto al que varios senadores accedieron poco tiempo antes de la sesión.

“Este proyecto genera controversias, opiniones que no logran confluir en la redacción de un texto, y esto es lo que ha ocurrido con este proyecto. No hemos podido alcanzar a satisfacer los intereses que cada uno entiende que debe representar y los derechos que cada uno entiende que debe cuidar. Este proyecto fue modificándose periódicamente, pero esta versión del proyecto la recibimos por mail la semana pasada”, disparó Larrarte, dejando en claro la sorpresiva decisión de avanzar en una norma que contiene cláusulas que podrían atacarse judicialmente por su inconstitucionalidad.

Larrate esgrimió varios argumentos, desde técnicos hasta constitucionales para explicar su voto negativo, luego de la exposición de su par de bancada, Pablo Canali.

Canali adelantó su rechazo a la iniciativa "porque hay un principio precautorio" que la ley no contempla y existen "estudios certeros" incluidos algunos de ellos "en el proyecto de ley del senador, médico, Héctor Blanco" que propuso prohibir la utilización del glifosato en todo el territorio provincial. Canali señaló que "todos esos estudios afirman que el glifosato, que es el producto más utilizado, aún siendo aplicado en pequeñas dosis y a lo largo del tiempo, es perjudicial para la salud humana y al medio ambiente".

El senador Lucas Larrarte, a su turno, formuló severas objeciones a la ley aprobada por sus pares. 

“Coincido en que la ley (la actualmente vigente), ha generado varios conflictos y que el principal problema es el de carecer de un adecuado sistema de control por parte del Estado en materia ambiental. Pero luego de analizar este proyecto -agregó- creo que esos objetivos (de lograr un mayor control estatal) no se van a alcanzar”, asestó, para luego realizar un análisis detallado de algunos artículos “en el tiempo que tuve” que ratificaron su postura.

“Coincido con los autores del proyecto en que la Constitución Provincial garantiza la salud humana como un derecho humano básico y esencial para todos los habitantes del suelo entrerriano, que también reconoce al ambiente como un derecho humano, y la Constitución señala que las actividades que interfieran con el ambiente deben ser sustentables, compatibles con el goce futuro de esos derechos. También comparto que el Estado debe fomentar la producción agrícola, pero lo que no comparto y que se expresa como base angular de este proyecto es que exista una trilogía entre estos principios o derechos de la Constitución Provincial (así lo expresa textualmente el proyecto)”.

“Salud, medio ambiente y producción agrícola de ninguna manera pueden estar en la misma escala de valores porque esos derechos no tienen los mismos alcances legales de acuerdo a la Constitución. La salud y el medio ambiente son derechos de incidencia colectiva y alcanzan a todos los entrerrianos y la producción agrícola alcanza a un grupo de entrerrianos, los que producen, de manera que los alcances de los derechos no pueden tener el mismo valor”, afirmó contundente Larrarte.

“Creo que sostener que existe un derecho a la producción agrícola con un método de producción determinado es dar un paso muy grande que yo no lo doy”, advirtió.

El senador de San Salvador, uno de los pueblos más castigados por los agroquímicos, argumentó además que "el control estatal será imposible tal como está redactado el proyecto”.

“El principio rector de la ley es que están permitidas las aplicaciones, tanto aéreas como terrestres, y que van a ser controladas tecnológicamente. No se alcanza a comprender qué es el control tecnológico”, objetó.

Después explicó que la ley dice “prohíbase el uso y aplicación (de agroquímicos) dentro de las plantas urbanas”.

“Esta es la única prohibición real que tiene la ley”, sin embargo recordó que “para algunos municipios es innecesaria, ya que la mayoría han sancionado sus ordenanzas prohibiendo las fumigaciones en las áreas urbanas”, dijo.

“La ley ha olvidado lo que pasa en los centros rurales de población”, cuestionó Larrarte, remarcando la incoherencia de prohibir para luego permitir, y enfatizando que la ley "consagra derechos desiguales" para los habitantes de las ciudades -donde se prohíben las fumigaciones- distintos a los que reconocen para los pobladores rurales, donde no están prohibidas las fumigaciones, según el texto.

“La ley que dice que se prohíben las fumigaciones a 3000 metros de las ciudades, a continuación tiene una excepción que dice que a sugerencia o ratificación del Consejo Provincial Fitosanitario (integrado en su mayoría por representantes agropecuarios) se suprima, amplíe o reduzca tales distancias”.

“Es decir que lo que está prohibido (por ley) le damos a la administración la posibilidad de eliminarlo. Está prohibido pero no está”.

Otro de los puntos observados por el senador fue el referido a la verificación técnica de los aeroaplicadores. “Cuando fui al artículo me encuentro que dice que la verificación técnica fitosanitaria es un control anual de los equipos terrestres y aéreos realizado por un profesional de la agronomía contratado por el aplicador”.

“Es decir que el mismo que tenemos que controlar puede contratar a quien lo va a controlar. Es poner el zorro a cuidar las gallinas”, asestó.

Larrarte reiteró el apuro por sacar la ley. “Nos hubiera gustado más tiempo para analizar y estudiar el proyecto pero no lo tuvimos, desde que se presentó este texto”.

“Esta ley no alcanza para cumplir los fines que se expresan en los fundamentos”.

Por último, Larrarte mostró “la Resolución que aprobó el Parlamento Europeo el 24 de octubre de 2017, que en su punto 6 pide adoptar las medidas necesarias para eliminar gradualmente la sustancia activa glifosato de la Unión Europea, a más tardar para el año 2022, garantizando que no se utilizará el glifosato después de esa fecha”.

“Deberíamos empezar a pensar en soluciones de este tipo”, dijo a sus pares que se aprestaban a levantar la mano para sancionar el proyecto que fue girado a la Cámara de Diputados para su sanción.

Fuente: Noticiauno