Lo dispuso el juez Vaca Narvaja tras allanar oficinas porteñas de Obra Social de los Empleados de Comercio y Actividades Civiles (OSECAC), en el marco de la causa de la financiera CBI Cordubensis.
El secretario general del sindicato de empleados de Comercio, Armando Cavalieri, junto a otros miembros de la organización sindical (entre los cuales figura el diputado provincial y secretario general del sindicato de empleados de comercio de Entre Ríos, Daniel Andrés Ruberto) fueron imputados por el titular del Juzgado Federal Nro. 3 de Córdoba, Miguel Hugo Vaca Narvaja, por el presunto delito de administración fraudulenta en la obra social OSECAC, en el marco de la causa de la financiera CBI Cordubensis.
La plata de los afiliados
Para sacar el dinero de la obra social, que en teoría debía ser destinaba a pagar prestaciones médicas a afiliados, se utilizaron una serie de empresas fantasma y otras entidades que sí tienen actividad reconocida. Los investigadores pusieron la lupa en los cheques emitidos a nombre de Fundación de Prestadores de Salud (Fundapresa), Asociación de Clínicas y Sanatorios de la ciudad de Villa Mercedes, Fundación de Prestadores de Salud (Fundeas), Fundación Bemac Ayuda, Fundación de Aportes para la Salud, Fundación de Prestadores de Salud de Mendoza (Funpresame), Emprendi - miento de Salud Asociación Civil. Estas funcionaban como intermediarias con el fin de gestionar y administrar el dinero que la obra social pagaba por prestaciones que en realidad nunca realizó. Muchos valores terminaron en Toyota Compañía Financiera SA y Centro Motor S.A., otras en las firmas Halabo S.A. y Jotemi S.A. Estas dos últimas eran una pantalla para monetizar cheques en el Banco Nación, sucursal San Jerónimo.
Según normas bancarias, para que este tipo de valores no se desvíen en toda la cadena de pagos -desde que salen de la obra social hasta llegar al prestador- deben ser cruzados y contener la leyenda “no a la orden” con el fin poder controlar cada eslabón del pasamanos. Contrariamente a la información que trascendió, la investigación judicial detectó que los cheques de la obra social salían sin esas medidas de seguridad para ingresar a empresas fantasmas y permitir que Jorge Guevara (también imputado en la causa CBI) los monetizara e ingresara el dinero al circuito de la financiera ilegal cordobesa. Por esta razón, Guevara está imputado por lavado de activos y no el resto.
Daniel Andrés Ruberto
Nació el 19 de agosto de 1952 en Estación Sosa, Departamento Paraná. Es secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio desde 1987 (más de 30 años) y desde 1991(hace 26 años) se convirtió en el director de la Obra Social de su gremio.
Actualmente es diputado provincial por el Frente para la Victoria, muy ligado al exgobernador (también comprometido con causas judiciales) Sergio Urribarri. Ya había participado (pero fue derrotado) en internas partidarias en 2007 como precandidato a intendente de Paraná.
Daniel Ruberto en la Cámara de Diputados de Entre Ríos
La causa
Las imputaciones surgieron a partir del allanamiento realizado por orden de Vaca Narvaja el pasado miércoles en la sede porteña de OSECAC, ubicada en el 8º piso de Moreno 648, para determinar la relación de Cavalieri y el resto de los miembros de la comisión directiva con cheques destinados al pago de prestaciones irregulares en la provincias de Mendoza, San Juan y San Luis.
Según indicaron fuentes judiciales, además de Cavalieri, fueron imputados como autores del delito de defraudación los dirigentes de la obra social Carlos Alfredo Bélz, Pedro Ángel Mezzapelle, Daniel Andrés Ruberto (diputado provincial y secretario general del gremio en Entre Ríos), José Luis Oberto y Carlos Alberto Restivo, aunque ninguno se encuentra aún detenido.
De acuerdo con la investigación, los valores habrían sido cobrados en Córdoba por Javier Guevara Amado, contador del empresario Euclides Bugliotti, a través de la mesa de dinero que funcionaba en la financiera CBI Cordubensis, y los cheques habrían sido depositados en cuentas fantasmas de Halabo S.A. y Jotemi S.A. en la sucursal Córdoba del Banco Nación.
También fueron imputados como partícipes necesarios Bruno Rodolfo Cricco, Alejandro Domingo Mateo, Mariana Rojas, Juan Antonio López, Mario Rolando Ramírez, Rafael Ricardo Molina y María Fernanda Sánchez.
Según la investigación del fiscal Enrique Senestrari, para realizar las maniobras los imputados utilizaron empresas creadas por terceros no identificados para actuar como prestadores de salud y funcionar como intermediarios en el sistema de OSECAC, por lo que se sospecha que se habría pagado a supuestos prestadores prácticas que no se habrían realizado.
La defraudación por las maniobras realizadas entre septiembre de 2010 y agosto de 2012 superarían los 53 millones de pesos, aunque resta determinar el monto total de la supuestas operaciones ilegales.
Un dato
La causa por la financiera CBI estalló el 14 de febrero de 2014, cuando se conoció la dudosa muerte del vicepresidente de la firma, Jorge Suau, ocurrida un día antes en circunstancias aún no aclaradas por la Justicia.
