Fue apelado el fallo de la Sala I de la Cámara Federal que liberó a López y De Sousa y los benefició con un cambio de carátula de la causa de defraudación a la administración pública a apropiación indebida de tributos. Se investiga el no pago de 8.000 millones de pesos de impuestos.
El fiscal federal Germán Moldes pidió hoy la detención del empresario Cristóbal López, de su socio, Fabián De Sousa, y del extitular de la AFIP, Ricardo Echegaray, en el marco de la causa en la que se investiga el no pago de 8.000 millones de pesos de impuestos a los combustibles.
Lo hizo al apelar el fallo de la Sala I de la Cámara Federal que liberó a López y De Sousa y los benefició con un cambio de carátula de la causa de defraudación a la administración pública a apropiación indebida de tributos.
La AFIP también había apelado el fallo de la Sala I de la Cámara Federal que días atrás permitió la libertad del empresario Cristóbal López y el cambio de acusación en su contra, en el marco de la causa por el no pago de 8.000 millones de pesos de impuestos por el expendio de combustibles de la empresa Oil Combustibles.
La presentación como querellante por parte del organismo fue hecha ante la Cámara Federal para que su fallo sea revisado por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal.
La decisión de liberar a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa fue uno de los puntos de la resolución de 110 páginas que llevó las firmas de los miembros de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones, Jorge Ballesteros y Leopoldo Bruglia, junto a la de Eduardo Farah, de la Sala II, que intervino para desempatar. El fallo, además, confirmó los procesamientos de los empresarios y del ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, en tanto que recalificó las conductas que se les imputan, una decisión que los beneficia. El escrito no ahorró críticas a la forma de investigación en el expediente y en los conexos, ni en la responsabilidad que también le cabe a Echegaray, como ex funcionario.
López y De Sousa estaban detenidos con prisión preventiva desde el 19 y 20 de diciembre pasado, por orden del juez federal Julián Ercolini, en el marco de la causa por evasión del pago de 8 mil millones de pesos del impuesto a los combustibles a través de su empresa OIL. En ese momento fueron procesados por administración fraudulenta agravada en perjuicio del Estado nacional. Sin embargo, la decisión del tribunal de alzada determinó que, a partir de ahora, serán investigados por evasión. El cambio los favorece porque el primero de los delitos que se les imputaban implica una pena mayor que el nuevo.
Fuente: Perfil
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