A Canosa lo juzgará un tribunal conformado por los camaristas Daniel Julián Antonio Malatesta, Alejandro Diego Grippo y Gustavo Román Pimentel, y será defendido por Raúl Barrandeguy y Candelario Pérez, en tanto que la acusación a cargo del Ministerio Público Fiscal correrá por cuenta de los fiscales Juan Francisco Malvasio y Santiago Brugo.
Las audiencias, según la agenda de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Judicial se extenderán durante los días 28, 29, 30 y 31 de agosto próximos.
El debate oral sucede casi un año después de la audiencia de remisión a juicio de la causa Canosa, el 14 de septiembre de 2017, en la que el Ministerio Público Fiscal adelantó el pedido de condena: la pena de 5 años y 6 meses de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La nota que originó la causa:
“Se ha agotado la investigación penal preparatoria y existen elementos de convicción suficientes para dar por acreditados los hechos”, resumió entonces el fiscal Malvasio. No sólo acreditados los hechos: también la autoría del delito por parte de Canosa. “Se le atribuye que, como presidente de Sidecreer, desde el 21 de diciembre de 2007 y hasta el 10 de diciembre de 2015, vulneró el principio de imparcialidad, al contratar insumos informáticos” con la firma Excelcom SA, de la cual forman parte la esposa de su hermano, Carlos Canosa,Alicia Cuestas, la cuñada de su hermano, María José Cuestas, y el esposo de la cuñada de su hermano, Diego Urba. Y que contrató con la empresa de su hermano, Carlos Canosa, y la suegra de éste, Mirta Gueler, Texmer.
Con Excelcom contrató en “15 oportunidades”, por montos de 936.695 pesos, y 716.059 dólares.
Con la firma Texmer contrató Canosa desde Sidecreer “7 veces”, por un monto de $1.127.286.
Y con la constructora JDR, de José Daniel Romero, que está casado con María del Carmen Paul (hermana de la madre de Juan José Canosa, y por lo tanto su tío político), contrató “9 veces”, por 107.949 pesos.
“La Fiscalía entiendo que estos hechos encuadran en el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”, evaluó Malvasio, y por eso consideró que a Canosa le correspondería, una vez concluido el juicio oral y hallado culpable “la pena de 5 años y 6 meses de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos”.
La investigación sobre Canosa se abrió a partir de la presentación del senador Raymundo Kisser, quien tomó la publicación de NOTICIAUNO en 2016, y que en el primer tiempo se caratuló en Tribunales , “Kisser, Raymundo s/Denuncia”, pero que después se abrió en dos causas paralelas: por un lado, negociaciones incompatibles con la función pública, y por otro, enriquecimiento ilícito.
En las dos causas, Canosa, que dirigió los destinos de Sidecreer durante los dos mandatos de Sergio Urribarri en la Gobernación, está seriamente comprometido. La primera causa saca a la luz las contrataciones mañosas que hizo desde Sidecreer con empresas ligadas a su parentela, y creadas esas firmas exclusivamente para negociar con el Estado; la de enriquecimiento, en tanto, ventiló sus muchas inversiones en una serie de “mutuales”, que a la vez resultaban ser “prestamistas” de los socios de Sidecreer, esto es los empleados del Estado.
Aquella investigación sobre negociaciones incompatibles reveló el modo cómo Canosa, desde la poltrona de mandamás de Sidecreer distribuyó contrataciones y licitaciones con firmas dirigidas por miembros de su familia. Precisamente, la figura legal de negociaciones incompatibles con la función pública alude a las contrataciones que hacía desde Sidecreer con miembros de su familia, quienes habían quedado imputados todos como partícipes necesarios, pero que después se fueron desligando de la causa.
Siendo titular de Sidecreer, Canosa compró a su hermano, Carlos Alberto Canosa, a través de la suegra de éste, Mirta Graciela Gueler, un total de U$S 262.300 en indumentaria y uniformes para el personal de Sidecreer.También compró a su cuñada, Alicia Susana Cuestas (pareja de Carlos Alberto Canosa), y a la hermana de esta, María José Cuestas, y al esposo de esta última, Diego Aníbal Urba (amigo personal de Juan José Canosa), a través de Excelcom SA otros U$S 635.000 dólares en insumos informáticos.Mirta Gueler, suegra del hermano de Juan José Canosa, es la madre de María José y Alicia (presidenta y directora de Excelcom SA respectivamente), y es suegra también de Diego Urba, otro integrante de la sociedad anónima, amigo personal de Juan José Canosa y concuñado de Carlos Alberto Canosa.
A través de sus abogados, Canosa apuntó sus dardos contra el fiscal que lo investigaba. Pero el 19 de junio, la Justicia rechazó el pedido de recusación al fiscal Juan Francisco Malvasio, a cargo, junto a Santiago Brugo, de la investigación penal preparatoria.
Claro que después la causa dejó coimputados en el camino.
Los parientes de Canosa finalmente quedaron afuera de la pesquisa ya que al no haber ejercido como funcionarios públicos no les cabía el reproche de “negociaciones incompatibles con la función pública”.
El 25 de agosto, la jueza Firpo aprobó la suspensión del juicio a prueba solicitado por la defensa del clan Canosa, que habían sido imputados por ser partícipes necesarios del delito de negociaciones incompatibles con la función pública. Los cinco involucrados acordaron realizar trabajos comunitarios durante períodos que van entre un año y un año y medio en organizaciones sin fines de lucro o para el Estado. La solicitud defensiva contó con el acuerdo de la fiscalía. En representación del Ministerio Público Fiscal concurrió el fiscal Santiago Brugo; en tanto que por la defensa estuvieron los abogados Leopoldo Lambruschini, Ángel Garrote, Miguel Ángel Cullen y Guillermo Vartorelli.
Lambruschini y Garrote representaron a Diego Urba y María José Cuestas; Cullen y Vartorelli defendieron a Mirta Graciela Gueler y José Daniel Romero y Carlos Alberto Canosa (hermano del ex titular de Sidecreer).
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Testigos
En el listado de testigos que presentó el fiscal Malvasio se destacan el senador provincial Raymundo Kisser (Cambiemos), cuya denuncia contra Canosa, presentada el 19 de diciembre de 2016, abrió dos causas penales: una por negociaciones incompatibles, y otra por enriquecimiento ilícito contra el funcionario.
La delegada judicial Constanza Bessa, que fue quien encabezó el allanamiento a la casa del extitular de Secreer, Carlos Canosa, en el barrio privado Santa Cándida; Fernando Ferrari, del gabinete de informática forense; Silvia Kupervaser, actual vicepresidenta de Sidecreer; Federico Tomas, presidente del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos; Horacio Bechara, extitular de Sidecreer; el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes; Aurelio Miraglio, contador general de la provincia; Alberto Fernández, director de Ceremonial; el actual presidente de Sidecreer, Tomás Proske; y los periodistas Martín Carboni (NOTICIAUNO), Horacio Barrionuevo y Ricardo David.
La defensa pidió que se citen como testigos a Pedro Raiteri, exgerente general de Sidecreer; Luis César Sonnaillón y Alfredo Muzachiodi, síndicos de la tarjeta; y, entre otros, María Gabriela Vergara, gerente general de Sidecreer.
Fuente: Entreriosahora//NOTICIAUNO
