A través de un aviso oficial publicado en las redes sociales, el gobierno de Sergio Varisco dio a conocer el lanzamiento de talleres de oficios “con rápida salida laboral” para “jóvenes de entre 13 y 18 años”, lo cual está prohibido por la legislación argentina.
“Los talleres de peluquería, panadería y mecánica, se presentarán este viernes en la sede del Centro Integrador Comunitario (CIC) ubicado en calle Roque Sáenz Peña y Fermín Garay”, dice la promoción oficial del Municipio de Paraná a la que accedió NOTICIAUNO.
Iniciativas de este tipo, destinadas a brindar a los “jóvenes” herramientas y conocimientos básicos que le permitan mejorar sus posibilidades de inserción en el mercado laboral existen en otros municipios, pero en ningún caso pueden estar dirigidas a fomentar el trabajo infantil. Nunca podrían estar destinados a menores de 16 años.
Aunque pase desapercibido para los responsables de dictar los talleres municipales, el trabajo infantil es un delito.
Constituye un atentado contra la garantía de la salud, acceso a la educación y al juego, derechos protegidos por la Convención Internacional de los Derechos de los Niños y la ley nacional N° 26.061 de Protección Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Si la realidad del trabajo infantil es alarmante en nuestro país (según datos del Barómetro de la Deuda Social hay más de un millón de niños y adolescentes de entre 5 y 17 años que trabajan, cuando solo deberían preocuparse por jugar y estudiar), fomentar el trabajo infantil desde el Estado es un escándalo.
En la Argentina, que un niño o niña trabaje, de manera remunerada o no, implica una infracción a las leyes. De acuerdo a la Ley Nº 26.390 de Prohibición del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente, está prohibido para niños menores de 16 años.
También el Ministerio de Trabajo de la Nación sostiene que “ninguna forma o modalidad de trabajo infantil es formativa”. Ni siquiera los talleres de oficios, que jamás podrían estar destinados como lo hace el Municipio a niños (no jóvenes) de entre 13 y 16 años.
Y es el Estado, en este caso Municipal, el que debe realizar esfuerzos para prevenirlo y erradicarlo. Nunca promoverlo.
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, recuerda que “el trabajo infantil está prohibido en la Argentina y constituye delito penal”.
-con penas de hasta cuatro años de cárcel,
-sanciones administrativas más elevadas,
-con multas de hasta el 2000% del salario mínimo vital y móvil por cada niño o niña que trabaje y
-la incorporación del empleador infractor al Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales.
Fuente: Noticiauno
