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07/05/2018

Escándalo en Victoria: intendente desvió fondos del Municipio para beneficiar a funcionarios

El intendente Domingo Maiocco (Cambiemos), firmó un decreto para que la Municipalidad “se haga cargo de los honorarios” de los abogados defensores que elijan los funcionarios imputados por la fuga de gas cloro, y dispuso “una reserva presupuestaria” para ese fin. El hecho se agrava porque uno de los beneficiados por ese decreto no es funcionario del Municipio desde febrero. Concejales denunciaron penalmente al jefe comunal.

 

El intendente de Victoria, Domingo Maiocco (Cambiemos), dispuso mediante el Decreto Nº 377/18 firmado el 20 de marzo (y publicado una semana después) que el Municipio "asuma" el costo de los honorarios que percibirán los abogados defensores contratados particularmente por los funcionarios municipales involucrados en la causa por la fuga de gas cloro que denunció NOTICIAUNO y que lleva adelante el fiscal Gamal Taleb que hace pocos días imputó a varios funcionarios, pese a que en la Municipalidad existe una Asesoría Letrada -que también se paga con dinero de los ciudadanos- que debería encargarse en todo caso de esa función.

Tal como surge del mismo decreto, el intendente ya ordenó "hacer una reserva presupuestaria" de 40.000 pesos para los abogados que defienden a sus funcionarios.

La grave irregularidad del intendente Maiocco -utilizar dineros públicos asignados a otros fines para beneficiar a sus funcionarios que se ahorrarán los honorarios de sus abogados defensores- no termina allí.

NOTICIAUNO pudo corroborar que uno de los beneficiarios del escandaloso decreto de Maiocco NO ES SIQUIERA FUNCIONARIO MUNICIPAL. Pero igual recibirá dinero del Municipio para pagarle a sus abogados particulares.

Se trata de César Zucotti -exsecretario de Planeamiento- imputado por la fuga de cloro, PERO QUE DEJÓ SU CARGO DE FUNCIONARIO EN EL MES DE FEBRERO, cuando fue reemplazado por Matías Bardou luego de presentar su renuncia.

Así surge del decreto Nº 258/18 firmado el 1º de marzo de este año por el propio Maiocco.

Pese a no ser funcionario municipal desde febrero, Zucotti también es uno de los beneficiados por el intendente que ordenó pagar con recursos públicos los abogados defensores hasta del exsecretario de Planeamiento municipal.

Los demás imputados comprendidos en el decreto son Ramón Cáceres, Sergio Jaime y Daniel Mansilla, trabajadores del laboratorio y de Defensa Civil municipal. 

Todos recibirán dinero que pagan con esfuerzo los contribuyentes de Victoria para hacer frente a los honorarios de sus abogados penalistas en una casusa en la que están imputados precisamente por poner en riesgo la vida y la salud de los habitantes de la ciudad.

Tras conocerse el polémico decreto, que además de Maiocco está firmado por el Secretario de Gobierno municipal, Sergio Eduardo Navoni, los concejales del bloque del PJ de Victoria radicaron una denuncia penal.

De acuerdo a la presentación a la que accedió NOTICIAUNO, los ediles piden a la Fiscalía de turno que investigue la conducta del intendente y de su secretario de gobierno, que habrían incurrido en varios delitos contra la Administración Pública: abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos, al disponer que se paguen con dinero del Municipio los gastos particulares (honorarios de abogados) de funcionarios y de un exfuncionario que ya no tiene vinculación con la municipalidad.

Los concejales enfatizaron en la denuncia que “es de conocimiento público que la Municipalidad de Victoria cuenta con un Asesor Letrado designado por el Presidente Municipal para afrontar dichas tareas”. Razón por la cual resulta aún más escandaloso el decreto del intendente, directamente direccionado a beneficiar a sus funcionarios.

Dicho de otro modo: Maiocco decidió disponer de fondos del presupuesto de Victoria para que sus funcionarios imputados (y un tercero ajeno al Municipio) contraten abogados particulares cuyos honorarios deberían pagar de su propio bolsillo, no del bolsillo de los contribuyentes de Victoria.

La presidenta del bloque de concejales del PJ, Graciela Bar, una de las denunciantes, señaló asimismo que “conforme a lo previsto en la Ley Orgánica de Municipios estaríamos en presencia de actos que importan una transgresión o una omisión de sus deberes que pueden causar daños y perjuicios al Municipio”.

Por todo ello, solicitaron a la Fiscalía de turno que ordene el inicio de una investigación penal que podría poner al intendente macrista al borde de la destitución.

La denuncia



 

 

Fuente: Noticiauno

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