NOTICIAUNO
Tras los allanamientos ordenados el 8 de mayo, el intendente Sergio Varisco convocó a la prensa y luego de señalar que “no se encontró nada raro” y que estaba “muy tranquilo”, recordó que “no estaba imputado” en la causa que fue elevada a juicio los primeros días de abril y que tiene una veintena de imputados y detenidos con prisión preventiva, entre ellos el líder de la banda, Daniel Celis, con quien el intendente hizo un pacto para las elecciones -que está probado-, involucrando la estructura del Estado municipal.
La “tranquilidad” que dijo sentir el intendente de Paraná, Sergio Varisco, después de los allanamientos que derivaron en su imputación este jueves, no tenía correlación con los frondosos elementos de prueba que existen en la causa federal y que debieron haberlo preocupado. Debieron haberlo ocupado además -máxime si no tenía nada que ver, pues como dijo no estaba imputado- de liberar el Estado municipal, virtualmente tomado por una banda narco, según surge de la investigación federal y del auto de procesamiento firmado por el juez Leandro Ríos el 3 de julio de 2017, al que accedió NOTICIAUNO.
Vale recordar que esa investigación -elevada a juicio los primeros días de abril- se había iniciado en 2015 a partir de un llamado anónimo en el que se denunciaba que “las dos toneladas de droga que habían sido secuestradas por la Policía de Entre Ríos en el barrio Paracao, habían sido transportadas por el subjefe de la Unidad Municipal Nº 2, “Cebolla” Leguizamón, en el camión N° 148 de la Municipalidad de Paraná”.
En esa causa, habían declarado como testigos el intendente Sergio Varisco, su subsecretaria de Seguridad, Griselda Bordeira, y el concejal de su partido Pablo Hernández. Pero ninguno de ellos había sido imputado.
Hasta ayer.
Pese a la enorme cantidad de pruebas que acreditaban -al momento de procesar a los integrantes de la organización de narcotráfico- que el Estado Municipal estuvo a disposición y facilitó el accionar de la banda (a partir de un acuerdo político preelectoral entre el intendente Sergio Varisco y el señalado líder de la organización, Daniel Celis), el juez federal no pudo en 2017 imputar al jefe comunal dado que faltaba acreditar la participación deliberada de Varisco (y sus funcionarios) en el negocio de venta de estupefacientes.
Esa situación cambió este jueves, razón por la cual el juez federal Leandro Ríos decidió imputar a todos ellos, por lo que es muy probable que Varisco corra la misma suerte del resto de los imputados, lo que agravaría la delicada situación institucional del Municipio, cuya máxima autoridad está imputada por sus conexiones con la banda de narcotraficantes más grande de Entre Ríos.
Las pruebas de la causa que sí debieron preocupar a Varisco
En el transcurso de la investigación judicial, quedó acreditada –según el juez federal Ríos- no sólo la existencia “de una organización narcocriminal, liderada conjuntamente por los hermanos Daniel “Tavi” Celis y Miguel Ángel “Titi” Celis, quienes operarían en las ciudades de Paraná, San Benito, Viale, Hernandarias, Nogoyá y Seguí de la Provincia de Entre Ríos, como así también de las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé y Alto Verde de la Provincia de Santa Fe, para lo cual contaban con la colaboración del resto de los (19) imputados”.
Fundamentalmente y a los fines institucionales quedó acreditado que la organización narcocriminal “utilizaba la estructura y recursos del Estado Municipal para desarrollar distintas tareas y roles en las diversas fases de venta de estupefacientes”. Pero eso no preocupó a Varisco.
De acuerdo a los elementos de prueba (numerosos testimonios, indagatorias, y casi 1500 horas de escuchas telefónicas) la banda “contó objetivamente con un aporte estratégico” del Municipio de Paraná, “desde el preciso momento en que Daniel “Tavi” Celis, secundado por Cristian Javier Silva (mano derecha de Celis y dirigente del Movimiento Vecinalista del Oeste que apoyó la candidatura de Varisco en 2015) logró celebrar un acuerdo de índole “político” con Sergio Fausto Varisco, asistido por (el concejal) Pablo Hernández, quienes luego serían electos Intendente y Concejal de la ciudad de Paraná, respectivamente”, tal como surge de la resolución federal. Eso tampoco preocupó a Varisco.
El auto de procesamiento continúa diciendo que ese acuerdo político “tenía por objeto coordinar determinadas acciones de campaña electoral durante el año 2015, las cuales fueron asumidas por el Movimiento Vecinal Oeste (MVO) dirigido por el propio Daniel “Tavi” Celis bajo un formato similar al de los PAC´s (Political Action Committees)”.
Ese comité de acción política era “regenteado por quien organizaba al mismo tiempo el tráfico y comercialización de estupefaciente”, lo que permitió “el ingreso seguro y fluido de los candidatos a los barrios y seccionales (6, 9, 10 y 11) cuyo dominio territorial era detentado por las personas que respondían directamente a Celis”.
Pero el acuerdo con Celis no sólo permitió a los candidatos de Cambiemos entrar a los barrios comandados por el líder de la banda narco, sino que “dicha organización con poder zonal le permitió a los candidatos realizar el diseño conjunto de la logística para los días de elecciones (las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias 9/8/2015; las Generales 25/10/2015 y Segunda vuelta 22/11 2015)”, verificó el juez federal, pese a que Varisco lo negó en su declaración testimonial del año pasado.
En virtud del acuerdo político Varisco-Celis -agrega el juez-, los hermanos Celis “solventaron gastos de elaboración y confección de afiches y pancartas, asumieron los costos de la Fiesta en el Club Avenida Ejército; la reunión del Salón “Armando Gabriel”, con quienes se desempeñarían como fiscales de mesa; la celebración de la reunión en el Salón “17 de agosto”, por valores aproximados a $ 50.000, $ 37.000 y $ 35.000 respectivamente. Además, los días previos a las distintas elecciones del año 2015, pagaron y entregaron 3000 bolsones de comida a razón de 150 pesos cada uno, alcanzando un valor total de $ 450.000. Por último, dispusieron y afectaron de una flota de 60 móviles por el valor diario de $ 1.500 cada uno en cada una de las 3 elecciones del año 2015, insumiendo un total de $ 270.000, para trasladar a ciudadanos a los actos comiciales”, detalló el magistrado.
“El acuerdo “político” preveía que se devolverían dichos importes, incluso duplicados a modo de pago de intereses por la desvalorización monetaria padecida por la inflación”. Varisco tampoco quiso reconocerlo cuando declaró como "testigo" en la causa.
De acuerdo a lo que pudo comprobar el juez federal Leandro Ríos en la primera investigación, el acuerdo entre Varisco y Celis además “tenía en vista, una vez ganadas las elecciones y asumido el Poder Ejecutivo Municipal, las siguientes “contraprestaciones”, a saber: la entrega del manejo real de la Unidad Municipal Nº 2 (Oeste) y del Volcadero, incorporando a personas de estrecha confianza de Daniel “Tavi” Celis, en cargos directivos y/o estratégicos que permitieran el uso discrecional de los bienes del Estado municipal para afectarlos a tareas de acción social”, a lo que se sumó “por decisión de Celis, la distribución disimulada de estupefacientes dentro de la ciudad de Paraná y en conexión con la ciudad de San Benito”. Este punto habría cambiado luego de los allanamientos del 8 de mayo.
También formaba parte del “acuerdo político Varisco-Celis” –que el magistrado consideró probado siempre- “la concesión de las obras públicas municipales, tales como el pintado de las 3.600 farolas de la Avenida Ramírez de la ciudad de Paraná, la intervención en las explanadas de canchas de básquet y construcción de jardines infantes y centros de rehabilitación, contratos que Varisco prometió celebrar con Celis y Silva usando la empresa de éste último, maniobra que no llegó a concretarse”. (Está probado en la causa que “Cristian Javier Silva, asistía y colaboraba bajo las órdenes de Daniel Andrés “Tavi” Celis, encargándose de la administración de parte de los sueldos, bienes y recursos provenientes de la Unidad Municipal N° 2 de Paraná, como una forma de obtener fondos líquidos para la adquisición del estupefaciente, como así también gerenciaba el producido de las ventas de tóxico, encargándose de las cobranzas por las ventas a organizaciones más pequeñas de la ciudad de Paraná”.
“Por otro lado Silva, revestía un rol fundamental en el “acuerdo político”, pues al no integrar la estructura de la administración pública y tener en apariencia una empresa constructora, dispuesta como nexo necesario para la derivar los recursos del Estado a la organización narcocriminal de Celis, conforme lo habían acordado en la primer reunión concertada entre Varisco, Hernández y Celis”, dice la resolución judicial a la que accedió este medio.
“Por último, y también como parte de pacto electoral, Varisco asistido por Hernández (el concejal imputado este jueves), se comprometieron a conceder un número total de 40 designaciones (ascensos de categoría, nombramiento en cargos y/o contrataciones de locación de obra o servicios), a las personas que le sean indicadas por Daniel “Tavi” Celis, para ser afectados en su mayoría a la Unidad Municipal Nº 2 (Oeste) y el Volcadero”, desde donde se distribuía la droga.
Los aportes a la campaña política que llevó a Varisco a la intendencia
Según un testigo de identidad reservada, “le conseguimos (a Varisco) 60 autos por cada una de las elecciones. Esos son los 2 millones… El arreglo fueron 40 contratos para la gente que trabajó en la campaña… Las personas que recibieron los contratos es gente que trabajó en la campaña….el acuerdo con Varisco, si mal no recuerdo a fines de 2013 o principio de 2014, que empezamos con las primeras reuniones. Fue un año completo de campaña. Silva tenía una empresa de construcción. Hernández lo trae a Varisco…El acuerdo era que Sergio (Varisco) nos iba a dar unas obras públicas del municipio, se habló en una oportunidad incluso de pintar las farolas de Avenida Ramírez que son alrededor de 3600 farolas. También se habló de las explayadas de las canchas de básquet y la explanada para el asfalto. Se habló de muchas obras, construcción de jardín de infantes, la construcción de un centro de rehabilitación que creo que lo están ejecutando. Ese era el acuerdo en principio. Trabajábamos en la campaña y hacíamos el aporte y una vez en la gestión iba a tener lugar para las obras públicas, Silva tenía la empresa de construcciones y está a nombre de Silva… ese era el acuerdo. De la primera reunión con Varisco sale la propuesta de Varisco, qué nos puede pagar, cómo lo puede hacer, nos aclaraba siempre que no podía sacar el dinero de la Municipalidad, entonces nos ofrecía los trabajos y las obras públicas con la empresa de Silva. Este era el acuerdo que teníamos… Después se hizo otra reunión para la gente con la que trabajó en campaña, había mucha gente, incluidos Hernández, Silva, Varisco…. segunda reunión… en esa reunión se acuerdan los 40 contratos y las designaciones de los cargos de la Unidad 2, fueron 5 direcciones, 5 subdirecciones, y 10 jefaturas de departamento. Eso era para los municipales que estaban trabajando. Los únicos cargos políticos fueron de Rivero que estuvo trabajando y realizó un aporte al final de la campaña y el de Pereyra…. que lo designara a Rivero en la Unidad 2… manejábamos la parte mecánica de la Unidad 2… La Unidad 2 era un desastre”.
De acuerdo al testigo, la banda narco pagó como aporte a la campaña “los gastos para la realización de la fiesta en Club de Avenida Ejercito, por un valor aproximado de 50.000 pesos; otra reunión en el salón Armando Gabriel, con los fiscales de mesa, con un costo aproximado de 37.000 pesos; otra reunión en salón 17 de agosto de cierre de campaña zonal, 35.000 pesos; 60 autos por valor de 1500 pesos cada uno por día, los días de las elecciones, le facilitamos 60 autos, yo se lo facturé a 1500 pesos por cada auto, por elección, eso se repitió 3 veces, lo que suma un total de 270.000 pesos. Esos autos iban distribuidos para la seccional 11, 9, 10, 6. Después fueron 1000 bolsones de alimentos, por cada elección, es decir 3.000 bolsones, a razón de 150 pesos cada bolsón, unos 450.000 pesos. Estos bolsones fueron distribuidos en las mismas seccionales, 11, 9, 10, 6. Estas serían las contribuciones de la campaña. El compromiso de Varisco era devolver los aportes duplicados por el tiempo transcurrido y por la desvalorización. Ganamos en todas las seccionales las elecciones… compramos mucha arpillera… trabajó la gente….afiches doble A3... Las boletas electorales vinieron de Nación. Cuando llegamos a la última etapa, llegó el PRO, e hizo su aporte al final de la campaña. No recuerdo cuánta plata se gastó para el traslado de gente, debe rondar en los 200.000 o 300.000 pesos… Tuve muchos problemas familiares por esto… Desde la mañana me tocaban la puerta de mi casa, reclamando las promesas y los compromisos de campaña. Yo pensaba que las obras públicas nos iban a generar ingresos y eso no fue así. Tuvimos una reunión en casa de Sabioni (actual funcionario municipal), con Bordeira (imputada este jueves), (el otro concejal de Cambiemos) Carlos González, Silva, Varisco… Cuando se suspende lo de las obras públicas nos dicen que nos iban a dar funciones en el Municipio…. Varisco cumplió con 33 contratos, los otros 7 los estamos esperando… El acuerdo se iba modificado a medida que los medios iban inflando este fenómeno de ‘Daniel Celis’. Varisco nos pide que cambiemos el nombre de la empresa, porque no le podía dar con ese nombre las obras públicas”.
Según el mismo testigo, “todos los miércoles, de 10 a 12, teníamos reuniones en la Unidad Penal Nº 1… Eran reuniones políticas”, de las cuales, según el magistrado, no existen registros.
El cumplimiento del pacto con Celis por parte de Varisco, cuando llegó a la intendencia
Dijo el juez federal que “a tan solo 8 días de haber asumido el cargo Varisco cumplimentó con los acuerdos más importantes para que Celis pudiera ejercer el dominio fáctico de la Unidad Municipal N° 2”.
En efecto, “a los 8 días de su asunción, es decir el día 18/12/15, mediante Decreto Nº 65 Varisco designó estratégicamente en el cargo de Director General de la Unidad Municipal Nº 2, con categoría 43 (la más alta), a Hernán Jesús Rivero y, del mismo modo, mediante Decreto Nº 67 nombró en el cargo de Director de la Unidad Municipal Nº 2 a Miguel Carmelo Leguizamón, ambas personas de suma confianza y amistad con Daniel “Tavi” Celis”, según consta en el expediente de la justicia federal.
Está probado en la causa que “Hernán Jesús Rivero revestía un rol fundamental, pues en su carácter de Jefe de la Unidad Municipal N° 2 de Paraná, puso a disposición de Daniel Andrés Celis los camiones recolectores y volcadores de basura que carecían de GPS para el transporte y distribución del tóxico”.
Sobre Leguizamón, el juez resaltó que fue nombrado por Varisco “en un cargo que es de carácter administrativo y que -de no ser por Celis- difícilmente podría haber accedido en el escalafón, dada su condición de analfabeto”. (Está probado en la causa que “Miguel Carmelo Leguizamón, alias “Cebolla” revestía un rol fundamental en el almacenamiento, transporte, distribución y venta de marihuana, pues en su condición de Director de la Unidad Municipal Nº 2 de Paraná, puso a disposición de Daniel Andrés “Tavi” Celis los camiones recolectores de basura que carecían de GPS para el transporte terrestre del estupefaciente, sino que además utilizaba su vehículo particular marca Fiat Qubo, para el acondicionamiento y entrega del tóxico en proximidades de la Unidad Penal, como para su ingreso”).
Seis meses después -mediados de 2016- “Varisco ya había designado a 15 personas más que le respondían a Celis”, agregó el magistrado.
A la fecha del procesamiento (mediados de 2017) de los miembros de la banda narco, “Varisco (había cumplido) con un total de 33 designaciones de las 40 comprometidas”.
Entre las designaciones de personas “de confianza de Daniel “Tavi” Celis”, se señalan en el expediente: “la pareja del propio Celis, María Fernanda Orundés Ayala, mediante el Decreto Nº 2181 de fecha 24/10/16, en la Dirección General de Comunidad Vecinal de Desarrollo Social, siendo en el mismo acto administrativo trasladada a la Unidad Municipal Nº 2”. (Está demostrado para la Justicia que “María Fernanda Orundés Ayala, no solo era la pareja de Daniel “Tavi” Celis, sino que además se desempeña en la Unidad Municipal N° 2 desde donde salieron los camiones volcadores con el estupefaciente y colaboraba con el mismo encargándose de la recaudación del producido de la distribución y venta del tóxico a organizaciones más pequeñas en los barrios Paraná XVI, Antártida Argentina y San Agustín de la ciudad de Paraná”.)
Otra designación firmada por Varisco -el mismo día- fue la de “Renzo Bertana, mediante Decreto Nº 2178 y con la misma modificación, es decir se los designa en la Dirección General de Comunidad Vecinal de Desarrollo Social y en el mismo acto administrativo se lo traslada a la Unidad Municipal Nº 2”, que de facto ya comandaba Celis.
El magistrado reiteró una vez más que Varisco continuó cumpliendo el pacto sellado con Celis, con las designaciones “de personas de estrechísima confianza y relación con Daniel “Tavi” Celis, aún cuando éste ya se encontraba detenido por el Poder Judicial de la Provincia de Entre Ríos, lo que ocurrió en el mes de agosto de 2016” (por otra causa de robo).
De ese modo, Varisco designó -con Celis ya detenido- “a María Laura Zurita (quien le proveyó a Celis los celulares estando detenido), quien ingresó el 29/10/2016 en el Centro de Integración Comunitaria “La Floresta” y es trasladada a la Dirección de Jardines Maternales de la Municipalidad, mediante decreto N° 101”.
Todas esas designaciones acordadas entre Varisco y Celis, “sin lugar a dudas, le permitieron a Celis dominar de facto los anhelados recursos materiales y humanos de dicha dependencia municipal, afectándolos clandestinamente al tráfico de estupefacientes”. Lo de clandestinamente, habría cambiado este jueves.
Todos los elementos señalados -entre otros- llevaron al juez Ríos a concluir que existen “indicios indubitados de la relación “política” de Sergio Fausto Varisco con Daniel “Tavi” Celis”.
En ese marco el magistrado destacó “dos episodios registrados, en los cuales se acredita la alta preocupación del Intendente y sus colaboradores por la suerte judicial de su socio político”, dice textualmente el auto de procesamiento.
Los hechos que para el juez son prueba “indubitable” de la estrecha relación de Varisco y Celis fueron las “averiguaciones y/o gestiones telefónicas sobre la detención de Celis una vez que fuera ordenada y ejecutada por el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Entre Ríos”.
“El primer suceso es la conversación en tono de negociación que mantiene el entonces Secretario de Ambiente de la Municipalidad de Paraná, Marcelo Álvarez, con el abogado Hugo Gemelli, quien representaba a Celis, a raíz de un supuesto enojo y toma de represalias por parte del apresado hacia Varisco”.
En esa conversación “se advierte claramente el interés por parte de los interlocutores de encauzar la situación, encomendándose mutuamente gestiones que mejoren la situación procesal de Daniel “Tavi” Celis, con el fin de evitar el conocimiento público del diferendo”.
“El segundo suceso es la inapropiada conversación (sic) entre Griselda Noemí Bordeira en su carácter de Secretaria de Seguridad de la Municipalidad de Paraná (imputada este jueves), con el funcionario Policial Guillermo López, quien prestaba servicios en el mes de agosto de 2016 en la Departamental Diamante”.
En esa conversación, “está clara la preocupación por parte de la funcionaria municipal por obtener información del estado de situación de la detención, dado que familiares de Celis iban todos los días al Palacio municipal para hablar con el Intendente por dicha situación procesal, siendo la función destacada de Bordeira (subsecretaria de Seguridad municipal), y probablemente Ricardo Frank (a cargo de la Seguridad del Municipio), de contener dicha situación del modo más disimulado posible”.
Esa conversación “además de elocuente es secreta, dado que Bordeira antes de comenzar la conversación se asegura que quien llame sea una voz masculina desde un teléfono de flota municipal, para una vez asegurado que el interlocutor es su conocido -el funcionario policial Guillermo López- iniciar el diálogo con una especie de contraseña y hablar en la más absoluta reserva”.
El motivo por el que no imputaron a Varisco en 2017
El auto de procesamiento de la banda narco, que en aquel momento excluyó a Varisco, Bordeira y Hernández, señaló que de todo el material probatorio “en definitiva, queda plasmada una peligrosa relación entre las actividades políticas electorales y el negocio ilícito de tráfico de estupefacientes”.
“Las condiciones políticas institucionales y económicas que resultan de vital importancia para el desarrollo y crecimiento del narcotráfico han quedado evidenciadas y acreditadas suficientemente” en la causa, señaló el juez.
“La facilitación por parte del Intendente Sergio Fausto Varisco de los medios materiales y humanos para la consolidación de la organización delictiva” comandada por los hermanos Celis “constituye una aportación riesgosa prohibida” por el derecho penal.
Pese a ello, el intendente Varisco no fue imputado porque “hasta el momento (julio de 2017), no encuentra su correlato subjetivo doloso”, dijo el juez cuando sí imputó a todos los integrantes de la banda narco.
En otros términos –agregó Ríos- si bien el “acuerdo político” entre Varisco y Celis “significó un facilitamiento a la organización liderada por Celis, no es posible aseverar el conocimiento cierto por parte de Varisco respecto de la actividad ilícita de comercialización o tráfico de estupefaciente mantenida por su socio político del oeste (sic), la que era desarrollada contemporáneamente con las tareas políticas, sindicales y sociales del Movimiento Vecinal Oeste que dirigía”.
En otras palabras, en aquel momento Varisco no fue imputado (sólo fue llamado a declarar como testigo) porque no había podido probarse que conocía la actividad delictiva de Celis, a pesar de las publicaciones periodísticas sobre el tema y a las sentencias judiciales (la condena de Celis en juicio abreviado) que, evidentemente, no modificaron la conducta del intendente.
Según aquel procesamiento, “al parecer, Varisco desconocía o no le importó el historial personal judicial de Daniel “Tavi” Celis, como así tampoco las informaciones de investigación periodísticas, muchas de ellas corroboradas en esta pesquisa”.
El propio magistrado señaló que “ante las sospechas públicas y mediáticas de su intervención en actividades de narcotráfico, Celis no podría ser designado en ningún cargo público, sin embargo, dado que era un “referente político” disputado por varios sectores políticos, los representantes de “Cambiemos Paraná” (Varisco y Hernández) intentaron retenerlo mediante diversas promesas de campaña”.
“Es cierto que la imprudencia del Sr. Intendente al momento de celebrar y ejecutar el acuerdo “político” linda con la «ceguera ante los hechos», pues a pesar de las supuestas advertencias de la propia Griselda Noemí Bordeira (Secretaria de Seguridad de la Municipalidad de Paraná), incluso después de la detención de Daniel Andrés “Tavi” Celis ocurrida en agosto de 2016, Varisco continuó cumpliendo con parte del acuerdo asumido”. Siguió designando en el Municipio a gente del entorno del líder narco.
Qué cambió tras los allanamientos del 8 de mayo
Como contó NOTICIAUNO, los allanamientos en el municipio y en los domicilios particulares que conmocionaron la ciudad de Paraná, tenían directa relación con los allanamientos realizados una semana antes en la casa de Celis (actualmente en prisión), donde vive su esposa Luciana Lemos, que, en libertad, habría seguido adelante con la comercialización de estupefacientes (ahora, también cocaína).
En esos allanamientos a la casa de Celis y en los allanamientos posteriores al municipio y a los domicilios de quienes fueron imputados ayer se encontraron elementos de prueba que acreditarían la participación de Varisco, Bordeira y Hernández en el negocio de comercialización de estupefacientes.
Es decir: el juez Leandro Ríos habría hallado en los allanamientos del 8 de mayo los elementos probatorios de los que no disponía cuando sostuvo que no podía acreditarse el conocimiento del intendente sobre la actividad delictiva de Celis (la ceguera ante los hechos), o su voluntad deliberada de participar de los beneficios de la actividad delictiva y propiciarla desde el Municipio. Esta última hipótesis ha cobrado fuerza tras los allanamientos del 8 de mayo y serían la base la imputación cuyos fundamentos se conocerán en detalle cuando se levante el secreto de sumario.
La gravedad institucional
Señala el magistrado en otro apartado estremecedor del auto de procesamiento que “Celis transformó la administración pública en una administración a título propio, pues tuvo acceso irrestricto a los camiones municipales (en particular recolectores y volcadores sin GPS) para organizar el transporte y la distribución del estupefaciente de forma oculta y sin levantar sospechas en las fuerzas policiales, dada la apariencia de licitud que generan los mismos y la nocturnidad en la que operan”.
“Por otro lado y mediante estos acuerdos Celis obtenía fondos líquidos para la adquisición del estupefaciente, dado que a través de Cristian Javier Silva (el dueño de la empresa constructora a la que Varisco prometió beneficiar con obras públicas) administraba los sueldos, bienes y recursos provenientes de la Unidad Municipal N° 2 de Paraná”.
Para el juez federal que ayer ordenó la imputación del intendente de Paraná, ya desde el año pasado (cuando imputó a la banda) estaba “acreditada esta rebuscada maniobra, que tenía por finalidad dotar del mayor hermetismo posible la utilización de los recursos financieros, humanos y materiales pertenecientes al Estado Municipal para la comercialización de estupefacientes”.
Ya desde el año pasado estaba acreditado que la organización narcocriminal “utilizaba la estructura y recursos del Estado Municipal para desarrollar distintas tareas y roles en las diversas fases de venta de estupefacientes”.
Nada preocupó a Varisco. Hasta ayer, cuando la "ingenuidad" del intendente comenzó a transformarse en "participación" en los negocios que lleva adelante la banda narco con la que acordó durante la campaña 2015 y a la que -desde que asumió- le permitió -como parte de ese pacto- usufructuar del Estado municipal para concretar sus operaciones.
Fuente: Noticiauno
