El Gobierno nacional se enfrenta a un problema más serio que el proyecto de ley sobre tarifas que podría sancionar el Senado este miércoles.
La cuestión más urgente es que con inflación creciente, las facturas de energía resultan impagables para pequeños comercios y pymes, y sobre todo para los hogares que deberán afrontar la boleta de gas por los consumos de invierno, generando una situación de incobrabilidad que se extendería por la economía.
La razón es que el esquema de ajustes de tarifas ideado por el ministro Juan José Aranguren se basó en supuestos que hoy no se cumplen: tipo de cambio en leve flotación hacia $20 a fin de año, inflación en retroceso y un crecimiento económico moderado. Nada de esto sucedió.
Dentro del esquema de Aranguren hay otros aspectos que vienen siendo fuertemente cuestionados, como el establecimiento de un sendero de aumentos en dólares para el gas en boca de pozo que aspira a llegar a los valores de importación, aunque ésta representa menos del 30% de la demanda local. A lo que se suma la falta de claridad sobre cuánto del precio del gas reduce subsidios y cuánto se destina a las petroleras por encima de los costos de producción.
A su vez, ese valor del gas más el de los combustibles líquidos en invierno es el que determina el precio mayorista de la electricidad, también en dólares y con un sendero ascendente.
Hay quienes también cuestionan a la cartera energética porque la revisión tarifaria para transportistas y distribuidoras de los dos productos, están asegurando altos niveles de rentabilidad a esas empresas, mientras los desembolsos en inversión tienen un crecimiento muy por debajo de la inflación.
El sostenimiento de esos criterios hacia el futuro ya es improbable, porque los precios de los productos tendrían que seguir subiendo y considerar un dólar un 25% más alto, y porque el ajuste por índices de precios de los ingresos de transportistas y distribuidoras cada seis meses no será posible con los niveles de inflación que se están previendo.
En estas condiciones importa poco si el discurso qué hizo ayer Macri frena o no el proyecto de la oposición. Lo que más preocupa son los meses de julio a octubre, y cómo el Gobierno puede repensar la política de energía y tarifas.
En ese contexto, el consejo de cambiar la iluminación a lámparas LED aporta poco. En primer lugar porque en la mayoría de los hogares de recursos medios, el mayor consumo de electricidad se produce en verano, y se debe al uso de aire acondicionado. El aumento del consumo eléctrico en abril confirma esa idea porque se debió a temperaturas que fueron 4° más altas que las históricas.
El problema con las boletas de luz en invierno es para los hogares de menores recursos que no tienen gas para calefaccionarse ya sea porque están fuera de la red o porque no cuentan con las instalaciones internas.
Además, la posibilidad de ahorro tanto en gas como en electricidad, depende de los aparatos que se utilicen: una heladera o un aire acondicionado de más de diez años, o estufas a gas también antiguas inciden notablemente en el aumento del consumo. Tiene también importancia relevante las condiciones de la vivienda: no es lo mismo vivir en un departamento en Capital Federal que en una precaria casa del interior del país.
Como si fuera poco, hay una drástica reducción del beneficio de la tarifa social en los dos servicios, que se notará mucho más en el invierno porque un hogar vulnerable tiene menor acceso al aire acondicionado. En ese sentido, también hay que recordar que el recorte de la tarifa social era el camino que venía para seguir reduciendo subsidios, porque la mayor parte de lo que sigue a cargo del Estado deriva de esta cobertura.
El riesgo de que se extienda la incobrabilidad y el malestar en los sectores con ingresos medios más bajos es muy alto. Una familia tipo con uso moderado del gas, con ingresos de menos de $25.000 mensuales, tendrá facturas de $2.000 por mes en este invierno, o de igual o superior monto en electricidad si se calefacciona con este producto.
Fuente: Ambito
