El juez de Garantías José Eduardo Ruhl decidió aplazar la audiencia prevista este viernes, que iba a tratar el pedido del Ministerio Público Fiscal de elevar a juicio oral una causa por “negociaciones incompatibles con la función pública” que involucran al exgobernador Sergio Urribarri y al exministro de Cultura, Pedro Báez.
El trámite se aplazó para el 22 de este mes, por decisión del juez Ruhl, y bajo los siguientes argumentos, según se explicó desde Tribunales: la inminencia de la resolución dictada en el incidente de recusación; y sumado a eso, la complejidad que supone el trámite de audiencia de remisión a juicio de una causa.
La audiencia, ahora reprogramada para el 22, será presidida por el juez de Garantías José Eduardo Ruhl, el mismo que Urribarri pretendió recusar, planteo que fue rechazado el miércoles 30 de mayo por un tribunal integrado por los camaristas Daniel Julián Antonio Malatesta, Gustavo Román Pimentel y Rafael Martín Cotorruelo. Ruhl, además, está denunciado por Urribarri por mal desempeño ante el Tribunal de Superintendencia del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que de momento no se ha expedido.
Se trata de una causa que involucra la distribución discrecional de pauta publicitaria del Estado entre 2010 y 2015 por $24 millones, de lo cual la mitad, $12 millones, fue a parar a las empresas Tep SRL y Next SRL, que se adjudican al cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera. La Fiscalía sostiene la tesis de que había una organización empresarial dedicada a captar esos contratos publicitarios y después adjudicarlos a otras dos firmas, Jesús Bustamante, de Paraná, y Hugo Montañana, de Concepción del Uruguay. Uno de los implicados en la causa, Jesús Bustamante, acordó en juicio abreviado, una pena de dos años y ocho meses de prisión condicional, al aceptar que cometió un delito y que consiguió contratos de publicidad a cambio del pago de coimas a las firmas que señalan como propiedad de Aguilera.
Otro de los salpicados por ese negocio es el exministro de Cultura y Comunicación y actual diputado provincial Pedro Ángel Báez.
En la causa por los contratos de publicidad otorgados entre 2010 y 2015 por la administración Urribarri, el juez Ruhl dispuso, el 2 de febrero último, un embargo de $26 millones en los bienes de Urribarri, medida que alcanzó también a Báez, Aguilera, entre otros, más la inhibitoria general de bienes. El empresario Jesús Bustamante, que había quedado en la misma situación, se desligó de la causa mediante un juicio abreviado.
El jueves 1° de febrero, Cánepa y Yedro habían pedido la elevación a juicio de la causa en la que se investiga a la administración Urribarri por la supuesta contratación amañada de publicidad con empresas ligadas a su cuñado.
Los delitos investigados consistieron en el “direccionamiento”, así dice la imputación, de órdenes de publicidad durante los años 2010 a 2015 por un monto total de $24.204.918,69 a lo largo del gobierno de Urribarri y su ministro Báez “en contrataciones de campañas publicitarias en vía pública a empresas vinculadas a Juan Pablo Aguilera, quien era funcionario público provincial y familiar del exgobernador”, según el dictamen fiscal. . Para los acusadores, esas firmas que se adjudican al cuñado Aguilera, Tep SRL y Next SRL, “absorbieron la casi totalidad de la publicidad en vía pública del Estado Provincial, la que se otorgaba desde el Ministerio de Comunicación a cargo de Báez de manera directa y por vía de procedimientos de excepción”.
“En mérito de las evidencias recolectadas, los fiscales consideraron a esas conductas como delictivas y las subsumieron en los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública -reiteradas-, peculado y fraude a la administración pública, previstos en los artículos 265, 261, 173 inc. 7 en función del art. 174 inc. 5, y 55 del Código Penal, imputando a Sergio Daniel Urribarri y Pedro Ángel Báez como autores, a Juan Pablo Aguilera, Corina Elizabeth Cargnel, Jesús José María Bustamante, Hugo Fernando Montañana y Gustavo Rubén Tamay, como partícipes primarios -art. 45 del C.P- y a Luciana Belén Almada, Emiliano Oscar Giacopuzzi, Alejandro Luis José Almada y a Maximilano José Sena, como partícipes secundarios”, revelaron desde la Justicia.
Belén Almada es la esposa de Juan Pablo Aguilera; Alejandro Luis José Almada, su hermano, es el que adquirió impacto mediático tras el secuestro de una fuerte suma de dinero durante un operativo de la Policía Federal en el Acceso Norte.
En forma provisoria, los fiscales adelantaron que pedirán ocho años de cárcel para Urribarri, Báez y Aguilera; para Corina Elizabeth Cargnel y Hugo Fernando Montañana, seis años de prisión de cumplimiento efectivo; igual pena para Gustavo Rubén Tamay, con la accesoria de la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos; y cuatro años para Luciana Belén Almada, Emiliano Oscar Giacopuzzi, Alejandro Luis José Almada y Maximiliano Romero Sena.
Aunque desde que el Ministerio Público Fiscal hizo el pedido de remisión a juicio, en febrero último, los planteos de la defensa han sido constantes.
El 14 de mayo último, la Cámara de Casación Penal rotuló como “inadmisibles” los recursos presentados por los defensores de Urribarri, del actual diputado provincial Pedro Báez y del cuñado Juan Pablo Aguilera contra la decisión adoptada por el juez de Garantías, José Eduardo Ruhl, más tarde confirmada por el camarista Daniel Julián Antonio Malatesta, contra los embargos decretados sobre el patrimonio de los tres en la causa que investiga la distribución irregular de publicidad a las firmas Tep SRL y Next SRL.
Fuente: Entreriosahora
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