A cinco días del inicio del juicio por coacciones agravadas contra dirigentes de UPCN, el vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, Gervasio Labriola, se apartó de la causa por su relación familiar con el mandamás del gremio y se pospuso la fecha.
El juicio por coacciones en la que serán juzgados seis sindicalistas de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y el exministro de Salud de Entre Ríos, Ariel De la Rosa que estaba previsto iniciar el martes 12 de junio se aplazó para mediados de octubre y será ante un Tribunal colegiado, como el que absolvió en Concepción del Uruguay a otros dirigentes del mismo gremio que apretaron y encerraron en su despacho al director del hospital de Villaguay tras tomar el nosocomio.
La excusación del magistrado – recién ahora- se dio en el resonado caso que se abrió a principios de junio de 2017 - y que tuvo como primera fecha de juicio en noviembre de 2017 - luego de que la directora del Hospital Colonia de Salud Mental de Diamante, Noelia Trossero, denunciara aprietes y amenazas por parte de dirigentes y del entonces ministro, para que reincorpore a la enfermera y delegada de UPCN, Yanina Migueles. Tras quedar imputado en ese escándalo, De la Rosa renunció.
Según supo Entre Ríos Ahora, a pocos días del comienzo del juicio (12 de junio) Labriola se inhibió dadas sus relaciones con el gremio que maneja el diputado José Allende, de quien es sobrino político. Ese vínculo se debe a que está casado con Josefina Butta, la hija de Claudia Allende de Butta, hermana del diputado, exfuncionaria del Instituto de Discapacidad.
Es llamativo que esto ocurra a sólo cinco días del comienzo del juicio, que en una primera instancia se iba a llevar a cabo en noviembre de 2017, y que luego se pospuso para junio de este año. Ahora pasó a octubre.
La relación de Labriola con UPCN
Antes de arribar al Poder Judicial, Labriola fue Coordinador General del Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi) en 2011, cuya titular era su suegra, la hermana de José Allende; y luego fue designado por el entonces gobernador Sergio Urribarri como titular del Registro Civil provincial, un histórico bastión de UPCN comandado por su tío político. Más tarde, en 2014, ingresó al Ministerio Público Fiscal como fiscal auxiliar y siguió su carrera judicial hasta integrar el Tribunal de Juicios y Apelaciones de la capital entrerriana.
Cambios
Otra de las novedades del juicio es que se lleve a cabo con un tribunal colegiado, al igual que el que realizó en la costa del Uruguay, donde fueron absueltos 14 sindicalistas.
Tras la excusación de Labriola, se hizo lugar al pedido de la Fiscalía para que se conforme un Tribunal colegiado, que quedó integrado por Alejandro Grippo (presidente), Daniel Malatesta y Pablo Vírgala.
Debido a que los camaristas ya tienen audiencia de juicio fijadas con anterioridad, la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) reprogramó la fecha de juicio nuevamente.
En una primera instancia el debate se iba a llevar a cabo en noviembre de 2017, y luego se pasó para los días 12, 13, 14, 15 y 18 de junio de este año. Ahora, el debate se realizará en octubre: los días 22, 23, 24 y 25.
Los acusados y las penas
Los fiscales que llevan adelante la acusación son Gilberto Robledo y Laureano Dato, de la UFI Diamante.
Los gremialistas de UPCN que serán juzgados por coacciones, son: Zunilda Suárez; Fabián Monzón, secretario adjunto del gremio y uno de los siete directores del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper); los vocales suplentes en el sindicato, José Zarza y Guillermo Barreira; Carina Domínguez, secretaria gremial; y Noemí Ester Santamaría, vocal titular del gremio.
Para Monzón y Barreira, los fiscales adelantaron cuando la cusa se elevó a juicio que solicitarán la pena de un año y medio de prisión. En tanto, para el ex ministro De la Rosa, Zarza, Domínguez, Santamaría, y Suárez, imputados por coacciones agravadas, pedirán 7 años y 6 meses de prisión.
Fuente: Entreriosahora
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