El Tribunal de Cuentas de la provincia detectó graves e innumerables irregularidades en el Municipio de San Benito que gobierna el intendente Exequiel Donda (Cambiemos).
La Rendición de Cuentas del año 2016, presentada tardíamente por el jefe comunal, fue seriamente observada por el organismo de control.
El informe de auditoría realizado sobre la Rendición de Cuentas Nº 1213/2016 al que accedió NOTICIAUNO, revela un verdadero desmanejo, falta de control y transparencia en la administración de fondos públicos.
Se violaron normas municipales y provinciales. Se incumplieron mínimos mecanismos de control de gastos. Existen sospechosas irregularidades en los procesos de compras, en las contrataciones y en los pagos a proveedores. Se violaron los límites fijados por ordenanza para realizar contrataciones directas –sin licitación-. Hay enormes gastos de combustibles, reparaciones y lubricantes, sin identificar el vehículo destinatario de los gastos. Hay numerosas compras directas al mismo proveedor y en forma reiterada. Se pagaron supuestamente contratos, pero esos contratos no existen en la rendición presentada. Los cotejos de precios no tienen firma de ningún funcionario municipal. En muchísimos casos analizados, no hay comprobantes que acrediten en qué se gastó el dinero. En las licitaciones hay irregularidades que abonan la sospecha que las mismas fueron direccionadas para beneficiar a determinados contratistas. No existen declaraciones juradas de funcionarios municipales. Hay irregularidades también en el control de los subsidios otorgados por la Municipalidad (están detallados a mano). Pese a que el intendente se llevará este año UN MILLÓN Y MEDIO DE PESOS (sueldo más gastos de representación), para cobrar sus viáticos (los que negó haber cobrado pero el tribunal detectó que efectivamente cobró) solo firma un recibo común de librería, y sin hacer los aportes previsionales correspondientes, ni pagar impuesto a las ganancias. Hasta el Tesorero cobra viáticos del municipio.
Vale aclarar que la Rendición de Cuentas del año 2017 aún no ha sido auditada.
Según surge de la documentación a la que accedió NOTICIAUNO, el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos observó primero que el Poder Ejecutivo Municipal de San Benito INCUMPLIÓ el plazo legal establecido en la Ordenanza de Contabilidad vigente y en la Ley 10.027 (Orgánica de Municipios) para presentar la rendición de cuentas a ese organismo.
En violación también a la Ley Orgánica de Municipios, que establece en su artículo 112 que el Poder Ejecutivo Municipal debe elevar la rendición de cuentas no solo al Tribunal sino también al Concejo Deliberante en la primera sesión ordinaria del año, la auditoría confirmó lo que vienen planteando concejales de la oposición, que afirman que es IMPOSIBLE acceder a la información de la Municipalidad: “La Rendición de Cuentas no fue elevada al Concejo Deliberante para su consideración”, dijo expresamente el Tribunal.
El incumplimiento de los plazos legales para presentar la rendición de cuentas al organismo de control resulta insignificante al analizar la larga lista de irregularidades que detectaron los auditores en la administración y manejo de fondos públicos.
En efecto, y solo para enumerar algunas, el Tribunal se encontró con que se asignaron fondos para gastos de combustibles, reparaciones y lubricantes, pero “no se identifica el vehículo destinatario de los gastos”.
En todos los pagos por contratación de Mano de Obra para programa de viviendas no se especifica a qué programa corresponden.
Los legajos de egresos (gastos) no tienen identificación de la compra a la que corresponden, lo que dificulta su control.
La Auditoría “señaló la existencia de numerosas compras directas al mismo proveedor y en forma reiterada”. Es decir que llamativamente el Municipio contrata -sin licitación- a un mismo proveedor.
En la documentación presentada por el intendente de Cambiemos “se verifican varios pagos en concepto de contratación de mano de obra sin que se adjunten los contratos respectivos”. Por ejemplo, hay varios pagos realizados a la empresa constructora Francovig Hernán Raúl, sin que se haya encontrado la documentación que acredite la contratación del Municipio.
Además, “se detectaron pagos que superan el límite establecido para Compra Directa sin que exista una norma legal que lo justifique”.
Se trata de contrataciones que por su elevado monto debieron hacerse mediante licitación y, sin embargo, el Municipio contrató de manera directa. Por ejemplo “varios pagos a favor de Walter Tarabini y a favor de la empresa Vial Service”, dicen expresamente los auditores.
Según pudo corroborar NOTICIAUNO, además de las anomalías en las contrataciones directas, se hallaron graves irregularidades también en las compras realizadas mediante licitación.
“En los pagos a proveedores que fueron beneficiados con licitaciones, no se indica en las órdenes de pago a qué licitación corresponde”, resalta el informe.
Es tal la falta de transparencia del Municipio de San Benito, que “los legajos de cotejos de precios no están debidamente armados y foliados”.
No se sabe cuál funcionario fue el encargado de comparar precios para decidir las contrataciones, ya que “no tienen firma del responsable de su confección”.
Tampoco están firmados “por la totalidad de los integrantes de la Comisión de pre adjudicación los informes” que determinan a qué proveedor contratar.
“En la mayoría de los casos no se incorpora documentación relacionada al pago de lo adquirido”. Es decir que no hay comprobantes de qué, cómo y cuánto se pagó con los fondos públicos municipales.
Existen varios casos “donde no se visualiza la fecha de recepción de la invitación a cotizar por parte del proveedor”.
Asimismo se encontró una licitación millonaria para la compra de aberturas y chapas (la Licitación Pública Nº 2/2016), fue adjudicada a la empresa que presentó el presupuesto más caro y cotizó aberturas distintas a las que Municipio pretendía comprar.
A esa licitación –dice el Tribunal- “se presentaron 2 oferentes (Fontana Materiales de construcción, que cotizó 982 mil pesos; y Corralón Almafuerte Materiales SA, que cotizó 1.086.000 pesos).
En contra de lo establecido en los pliegos licitatorios, el intendente Donda, mediante decreto 308/16, adjudicó la compra a la empresa que ofertó materiales diferentes a los solicitados, y encima más caros. Con un insólito argumento: “POR SER LA OFERTA MÁS ECONÓMICA A LOS INTERESES MUNICIPALES”.
De ese modo, el presidente municipal expuso al Municipio (a los contribuyentes) a un eventual reclamo económico de la firma que fue descartada en la licitación SIN QUE SE RESPETEN LAS CONDICIONES DE LOS PLIEGOS.
A las irregularidades detectadas en las compras directas y en las licitaciones, se suman también las que se descubrieron “en los concursos de precios”, todo lo cual abona la sospecha que los mismos fueron direccionados para beneficiar a determinados contratistas.
Sobre este punto, el Tribunal de Cuentas expresamente advirtió que se encontraron “expedientes en fotocopias sin autenticar”. Falta correlatividad en los folios de los legajos de compra, sin orden cronológico en algunos casos.
Se detectaron expedientes incompletos, que no tienen agregado los remitos del proveedor, a fin de controlar si los elementos pagados fueron efectivamente entregados al municipio.
Los decretos de llamado a concurso de precios no tienen ni fecha ni hora de apertura de sobres.
En uno de los concursos de precios (el Nº 20 del año 2016) se detectó que la oferta que presentó la empresa que resultó adjudicataria NO TIENE FIRMA DE SU TITULAR. Se trata de la compra de broza calcárea a la firma Orlando Galich por más de 40 mil pesos.
Según el Tribunal, “esa oferta NO DEBERÍA HABERSE CONSIDERADO COMO VÁLIDA” y sin embargo, fue la firma a la que el Municipio le compró.
Se detectaron enmiendas en las cotizaciones de precios que no tienen la firma de los oferentes (correcciones en los precios que no fueron realizadas por los proveedores).
Hay varias compras de las que nadie en el Municipio se hace cargo: NO TIENEN LA FIRMA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL RESPONSABLE.
Hay concursos de precios donde no se labraron las actas de aperturas de sobres.
En varias contrataciones de bienes o servicios de un importante monto, en las que se necesitaba la opinión de un especialista que justificara el gasto, NO SE ACOMPAÑA INFORME TÉCNICO QUE JUSTIFIQUE EL SERVICIO PRESTADO O EL BIEN ADQUIRIDO.
Por ejemplo, en el Concurso de Precios Nº 22 del año 2016 por el que se contrató la reparación del sistema de frenos del camión atmosférico; y en el Concurso de Precios Nº 7 del mismo año, por el cual se compraron cubiertas para el mismo camión.
Otro ejemplo: En la compra de un camión usado modelo 1976 falta el informe técnico que justifique la razonabilidad del precio pagado por el intendente Exequiel Donda.
Por si esto fuera poco, NO EXISTEN DECLARACIONES JURADAS DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES, en violación a lo que ordena la ley 10027 (Orgánica de Municipios) en su artículo 116.
HAY IRREGULARIDADES TAMBIÉN EN EL CONTROL DE LOS SUBSIDIOS OTORGADOS POR LA MUNICIPALIDAD, una caja preciada para algunos políticos.
Por ejemplo: Aparecen subsidios no informados por la Secretaría Contable y que se detallan en forma manuscrita (se rindieron a mano).
EL INTENDENTE PODRÍA TERMINAR EN LA JUSTICIA (LOS VIÁTICOS)
Un punto que merece especial atención -y fue también alertado por el Tribunal de Cuentas- es el referido a los viáticos que cobraron el intendente y sus funcionarios políticos durante el año 2016 (Y QUE COBRAN HASTA LA ACTUALIDAD).
Los VIÁTICOS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN también presentan irregularidades que, como se verá, podrían derivar en una investigación penal contra Donda y los funcionarios responsables.
Como contó NOTICIAUNO, el jefe comunal de San Benito percibe un ingreso de $110.700 mensuales. Es porque además de la remuneración que cobra como intendente (60.000 pesos), percibe un adicional por "gastos de representación" que equivale al 84,5 % sobre el total del sueldo (otros 50.700 pesos).
Sobre esos gastos de representación, el Tribunal de Cuentas advirtió: “El Municipio no cuenta con Régimen de Viáticos. Se observa que los gastos realizados por el intendente en concepto de viajes NO DETALLAN LUGAR NI DESTINO DE LOS VIAJES, así como TAMPOCO EN QUÉ VEHÍCULO SE TRASLADÓ”.
Además y fundamentalmente, observó que esos gastos de representación SE PAGAN EN RECIBO SIMPLE DE LIBRERÍA.
Ese es el mecanismo (no incluirlos dentro del recibo de sueldo de los funcionarios) PARA EVADIR LAS RETENCIONES DE LEY (Aportes previsionales e impuesto a las ganancias).
EL PROPIO TRIBUNAL DE CUENTAS le recordó al intendente que la Caja de Jubilaciones ha señalado que: “los pagos no remunerativos o reintegro de gastos por función SON DISTORSIVOS DEL SISTEMA, YA QUE EVADEN EL INGRESO DE APORTES PREVISIONALES Y VIOLAN EL PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD PREVISIONAL”.
El Tribunal apuntó que el municipio “debería retener los aportes correspondientes”. Del intendente y de sus funcionarios.
También se observó que hasta el Tesorero cobra gastos de representación, lo que para el Tribunal resulta “POR LO MENOS LLAMATIVO”.
El informe de auditoría complica al intendente Donda, ya que hace más de un año, un grupo de concejales –entre ellos una edil de Cambiemos- conscientes de los exagerados viajes que el intendente Donda –y una enorme comitiva- realizaron fuera de la provincia durante el año 2016 (esta modalidad continúa), elevó A FINES DE 2016 un pedido de informes al Ejecutivo Municipal, solicitando que rindiera cuentas de los viajes y pago de viáticos a cada uno de los funcionarios políticos del Departamento Ejecutivo y a funcionarios del Concejo Deliberante, desde el 11 de diciembre de 2015 hasta el 21 de noviembre de 2016.
Al responder ese pedido de informes, el 27 de Marzo de 2017 (cuatro meses después) el intendente Exequiel Donda y su Secretario de Gobierno Eduardo Venturotti NEGARON HABER COBRADO VIÁTICOS en ese periodo.
Esa respuesta obra en un documento público y lleva la firma de funcionarios públicos (en la respuesta oficial del Ejecutivo al Concejo Deliberante).
“No se le reconocen gastos como viáticos ni viajes realizados a ciudades fuera de la provincia, ni a funcionarios políticos del Departamento Ejecutivo Municipal, ni al Intendente, ni al Viceintendente”, dice el documento del Ejecutivo.
A casi un año de esa respuesta, la auditoría del organismo de control constitucional reveló que el intendente dio información falsa al Concejo Deliberante local.
EN FEBRERO DE 2018, EL TRIBUNAL DE CUENTAS DETECTÓ que Donda y sus funcionarios SÍ COBRARON VIÁTICOS.
Y se rindieron de forma IRREGULAR.
El concejal Marcelo González (PJ) indicó a NOTICIAUNO que por las graves irregularidades confirmadas por el Tribunal de Cuentas, solicitaron nuevamente -en mayo de este año- otro pedido de informes que, a tres meses, aún NO FUE RESPONDIDO.
Fuente: Noticiauno
