Aunque Guillermo Dietrich se empeñe en afirmar que no suspenderán las obras que estén en manos de empresas involucradas en la causa de los cuadernos, en el Gobierno empiezan a admitir que esa doctrina es difícil de sostener por la normativa vigente y temen una caída masiva de los contratos.
El ministro de Transporte se reunió días atrás con inversores y les aseguró que no frenarán ninguna obra que esté en manos de firmas involucradas en la causa de coimas hasta que haya una condena firme. Incluso, deslizó que no necesariamente las empresas serán castigadas si alguno de sus directivos es condenado por pagar coimas.
Sin embargo, su entusiasmo choca con las normas y efectivamente el Lava Jato de Bonadio podría derivar en una crisis fuerte no solo las obras en marcha si no en muchas que están a punto de adjudicarse. En el contexto económico actual, un freno aun mayor de la obra pública sería un golpe muy duro para la Rosada.
Un abogado especialista en derecho administrativo explicó a LPO que el decreto 1023/2001, que establece el régimen de contrataciones de la administración nacional, es taxativo al respecto: no se puede seguir con un contratista que esté procesado. En el artículo 10 establece el pago de coimas como causal de recisión de contratos, mientras que el artículo 28 inciso 3 menciona concretamente a los procesados entre los inhabilitados para tener contratos.
Por esa razón, las empresas involucradas en la causa empezaron a correr de sus directorios a los mencionados en los cuadernos. Pero esa jugada tiene como punto débil que esos directivos son además accionistas, por lo que se puede poner en duda sin con correrlos del directorio alcanza para quedar eximidos de sanciones.
La fuente detalló que la norma también dice que cualquier contrato adjudicado como consecuencia de un hecho de corrupción (como sería este caso el cohecho) es nulo de pleno derecho, es decir que queda anulado en los hechos.
Esto tendría dos impactos concretos en la obra pública. Un impacto hacia atrás, que es que quedan en duda todas las obras en las que están involucradas las empresas salpicadas. Esto es la enorme mayoría de las obras, por la magnitud de lo expuesto en los cuadernos y porque las firmas están cruzadas en diversas UTEs. En el sector asumen que todas tienen algún tipo de cuestionamiento. El otro impacto es hacia adelante, con los contratos a punto de adjudicarse.
El problema en ese caso es para los funcionarios que firmen esas obras. En el caso de otorgarle un contrato a una empresa involucrada en el caso, ellos mismo podrían ser denunciados. Esto ya está provocando que muchos funcionarios de segunda línea se nieguen a firmar nuevas adjudicaciones y deriven todo a los ministros.
Además de problemas legales, la situación dispara además problemas prácticos sobre las obras. Un caso es en aquellas financiadas (como el Paseo del Bajo o las del Río Salado) por organismos internacionales como el BID, el Banco Mundial o la Corporación Andina, que tienen controles estrictos sobre transparencia.
Otro problema es con las empresas extranjeras que están en obras importantes como las represas en Santa Cruz, financiadas por China. Entre esos inversores hay preocupación por la investigación de Bonadio y, aunque todavía no tienen muy claro hasta donde escalará la causa, ya analizan frenar sus participaciones.
Fuente: LPO
