El programa Incluir Salud depende de la Nación y hace seis meses no abona las prestaciones. Crece la alarma en numerosas instituciones de Paraná.
Hace por lo menos seis meses que las instituciones que atienden a personas con discapacidad no reciben los pagos correspondientes al Programa federal Incluir Salud (ex-Profe), que depende del gobierno nacional.
Les deben incluso conceptos correspondientes a los últimos meses de 2017, y sus referentes advierten con desesperación que peligran las prestaciones.
En este marco, desde el Foro de Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, integrados por distintas agrupaciones a nivel país, advirtieron que "a numerosas instituciones se les debe el mes de abril, cuando ya debería estar el pago de mayo, y a todas se les adeuda además el 20% de los meses de agosto, setiembre y octubre del año pasado, entre otros compromisos pendientes de cancelación".
A su vez, señalaron: "Las deudas de los diversos organismos que deben pagar por la atención brindada han llevado a que algunos estén atrasados en los pagos de sueldos, aportes a la AFIP de los trabajadores, pagos a proveedores de alimentos, imposibilidad de comprar insumos que permitan su funcionamiento, como el combustible para el transporte".
Frente a esta dramática situación, instituciones de Paraná que se ven seriamente afectadas decidieron unirse para realizar los reclamos en conjunto y hacer visible la penosa realidad que deben afrontar, en un contexto en el que el costo interanual ascendió al 29,3% y en el que los aumentos de sueldos de sus trabajadores fueron del 27,5% cuando el valor de las prestaciones no se actualizaron desde hace 10 meses.
La Asociación de Padres y Amigos de Niños y Adolescentes Aminorados (Apana), que lleva 51 años de labor y compromiso por la inclusión de las personas con discapacidad, es una de las entidades cuyo funcionamiento está en riesgo por no recibir los recursos que le corresponden. Junto con la obra Don Uva, que se dedica a la atención de personas con discapacidad, y la escuela privada de Educación Integral Nº 9 San Francisco de Asís, que es la única de la región que atiende a personas con discapacidades severas y profundas, expusieron la situación por la que están atravesando y advirtieron que la situación pone en riesgo a la población con discapacidad, como consecuencia del ajuste que realiza sobre este sector, aunque se intente negarlo.
Cristina Ripari, directora de Apana, recordó que brindan contención y capacitación a unas 70 personas de diversas edades y cuentan con 45 trabajadores, entre los empleados de la histórica panadería de la sede de calle 25 de Junio, los transportistas que a diario buscan y llevan a los chicos desde sus hogares, y el personal dedicado a otras tareas, y contó a Uno: "Nos unimos para poder hacer reclamos en común y comenzar un camino de recuperación de las instituciones, porque lamentablemente ante la falta de los pagos de pensiones no contributivas del programa de Incluir Salud nos ubica en una seria crisis económico-financiera".
A su vez, lamentó: "Estos recortes que vienen desde Nación no afectan solo a las instituciones y los colegios, sino también a los transportistas y a los programas de rehabilitación, y los están sufriendo todas las personas que tienen la cobertura de este programa federal nacional".
La directiva mencionó que los atrasos en los pagos habitualmente eran de 60 a 90 días, pero los plazos se extendieron y hace seis meses que no reciben un solo peso. "Entre otros costos, tenemos tres camionetas propias y estamos afrontando los gastos de combustible y de personal para trasladar a los chicos, que es necesario hacerlo. Estamos en una situación límite y de mucha tristeza por lo que está ocurriendo", aseguró.
Por su parte, Silvia Pasquet, presidenta de la escuela San Francisco de Asís, situada en calle Elena de raffo 140, opinó: "Creo que el Gobierno no se imagina el daño que está produciendo con esta situación. La Nación tiene la obligación de darle un espacio a las personas con discapacidad y no lo hace. A esta faltante las están cubriendo las instituciones privadas".
Asimismo, sostuvo que casi el 50% del total de los alumnos son beneficiarios del programa federal Incluir Salud, por lo que sus ingresos se ven muy comprometidos. "No entrando ese dinero, tratamos de solventar la totalidad de los gastos con lo que percibimos de las otras obras sociales, y no podemos sostenernos", comentó.
"La nuestra es una institución que tiene 41 años de vida y es la primera vez que nos toca vivir una situación así", dijo, y recordó que en total cuentan con 192 empleados, de los cuales una parte depende del Estado y son 135 los trabajadores que sostiene la Asociación Cooperadora.
La mujer mencionó que brindan atención a más de 140 chicos y confió con angustia: "Ante esta realidad no sabemos lo que va a pasar, estamos comunicándonos con los papás, que es una de las recomendaciones que nos dio la gente de Aidepesa (Asociación de Institutos de Educación Privados Especiales Argentinos) para ponerlos en conocimiento de lo que está pasando y que ellos lo asuman, ya que necesitamos su compromiso".
En tanto Carolina Ramírez, coordinadora de la obra Don Uva, resaltó que ninguna de las instituciones ha cortado el servicio por falta de pago, y explicó: "Validamos más el derecho de la persona con discapacidad, aunque realmente se nos hace muy difícil garantizar la calidad que estamos brindando, que no solo tiene que ver con las personas con discapacidad que concurren a nuestras instituciones, sino con la contención que hacemos de las familias, con los empleados que tenemos y con sus familias también". En este marco, señaló: "Son los 60 chicos a la escuela de la obra Don Uva y 40 al Centro de Día, y trabajan también alrededor de 100 personas, algunas de las cuales pertenecen a la escuela, del Estado, pero la mayoría del personal depende precisamente de los pagos que realizan las obras sociales y el programa Incluir Salud por los servicios que nosotros prestamos".
"No estamos reclamando que el Estado subsidie lo que estamos necesitando, sino que cumpla con su obligación. Es una cuestión de justicia con las instituciones y quienes asisten a ellas", manifestó por su parte la hermana Verónica Pérez, representante legal de la obra Don Uva, quien refirió: "También es una cuestión de justicia con nuestros empleados, que puedan vivir y trabajar tranquilos, sin estar pensando si a fin de mes se va a cobrar o no. Hasta ahora hemos podido sostener el pago de los salarios, pero recurriendo a dinero que se tenía dispuesto para otra cosa, como los arreglos en las instituciones". A su vez, aclaró que la falta de actualización de los aranceles también los afecta: "La inflación ha sido terrible, hubo dos aumentos de sueldo en los últimos meses y no en los aranceles, que fueron pactados en octubre de 2017. Es imposible poder sostener nuestra actividad con esta realidad".
Esperan reunirse con Salud
"La atención integral es un derecho, el sistema único está preparado para eso y creo que se están equivocando gravemente con estos recortes", señaló Cristina Ripari, y sostuvo: "Hace seis meses que no estamos cobrando y ya pasamos el límite de espera. Agotamos nuestros recursos y también estamos al límite pensando cuáles son los recortes que vamos a hacer nosotros si Nación no nos da una respuesta y la Provincia tampoco nos ayuda".
Sobre este punto, expresó que ante esta situación extrema que están atravesando esperan ser recibidos por la ministra de Salud de Entre Ríos, Sonia Velázquez: "Ella está al tanto de lo que pasa y aguardamos que tome cartas en el asunto. Queremos tener una charla con ella para que interceda ante el gobernador Gustavo Bordet para ver si pueden darnos una mano para resolver esta problemática, porque si nosotros no atendemos los chicos no sabemos qué harán", dijo, y resaltó: "No se puede cortar la prestación del servicio. Una persona con discapacidad tiene un plan de trabajo y si no lo lleva adelante puede sufrir un retroceso. Creemos que humanamente hay gente que puede reaccionar y ayudarnos hasta que la Nación pueda generar nuevamente una cadena de pago".
"Entre las tres instituciones, son más de 200 personas con discapacidad las que se van a quedar sin atención. Esto es una cadena: vamos a ir cayendo en recortes de personal y respecto a los chicos no sabemos si vamos a tener partidas para el comedor y para comprar el combustible", concluyó.
Fuente: Uno
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