Canosa está siendo juzgado por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública por haber contratado, mientras ejerció la presidencia de Sidecreer, entre 2007 y 2015, con empresas ligados a sus parientes y amigos. La Fiscalía ya adelantó el pedido de condena, 5 años y 6 meses de prisión efectiva, más la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.
Hoy se llevó a cabo la última jornada de testimoniales en la que se produjo la declaración de tres testigos propuestos por sus defensores Raúl Barrandeguy y Candelario Pérez. Para el próximo miércoles están previstos los alegatos.
Este viernes, la primera testigo fue la gerenta general, María Gabriela Vergara, que quedó al borde del falso testimonio.
Canosa junto a Vergara firmando un acuerdo entre Sidecreer y Cotapa. | Foto de prensa: 03/10/2009
Vergara relató cómo es el procedimiento de compras en Sidecreer, qué áreas intervienen y negó, aunque sin mucha convicción, en opinión de la Fiscalía, cualquier intervención de Canosa en direccionar las contrataciones.
La funcionaria es hija del dirigente peronista Aníbal Vergara, y está en pareja con el exdiputado provincial Pablo Mendoza (PJ).
Durante su comparecencia, los fiscales le exhibieron a Vergara tres trámites de licitación privada, en las que participaron firmas ligadas a parientes del extitular de la tarjeta de crédito: según la Fiscalía, Canosa, siendo presidente de Sidecreer, contrató con las empresas Excelcom, con la empreas Texmer y con la empresa JDR en 32 oportunidades. Que durante la presidencia de Canosa en Sidecreer se contrató a Excelcom “por sumas sorprendentes” 16 veces, montos que superaron los 110 mil dólares, y el millón de pesos. “Esa empresa está a cargo de Diego Urba, amigo del imputado Canosa, quien se encuentra casado con María José Cuesta. Le pido al tribunal que ponga atención a estos nombres porque van a ser nombres muy recurrentes”, dijo el fiscal.
Con Texmer, Sidecreer contrató en 7 oportunidades. Esa empresa, abundó el acusador, estaba integrada por Mirta Gueler y Carlos Alberto Canosa. Mirta Gueler es mamá de María José Cuesta, y Carlos Canosa, hermano del imputado, vive en pareja con Alicia Cuestas. Ambas hermanas son hijas de Mirta Gueler. “Estas contrataciones fueron por aproximadamente una suma de $1.350.000”, apuntó.
Canosa contrató 9 veces con la empresa JDR Construcciones, que es de José Daniel Romero. Es tío político del imputado Canosa, debido a que está casado con María del Carmen Paul, hermana de Nélida Paul, la mama del imputado Juan José Canosa. Esas contrataciones fueron por la suma de $400 mil.
La gerenta general, según la Fiscalía, incurrió en falso testimonio al responder las preguntas respecto a si Canosa intervino o no en los direccionamientos de las contrataciones con esas empresas.
Vergara declaró hoy bajo juramento en el juicio contra el exfuncionario Juan José Canosa. | Foto: Entrerioahora
“Ha advertido el Ministerio Público Fiscal contradicciones insalvables”, afirmó el fiscal Malvasio. Vergara negó que Canosa interviniera en la invitación a empresas a las que contrataba Sidecreer, aspecto que la Fiscalía entiende que sí ocurría. “La testigo, en reiteradas oportunidades, pese a las alternativas que le dio el tribunal, se ha mantenido en sus dichos. Estamos en presencia de un ilícito”, dijo el acusador público, que junto a Santiago Brugo llevan adelante la acusación.
Tras eso, pidió la detención inmediata de la gerenta general.
Raúl Barrandeguy, defensor de Canosa, negó de modo enfático esa petición. “Es un error de interpretación básico pedir el falso testimonio. Todo se mantiene en base a su interpretación sesgada de los documentos de la licitación. La testigo ha sido clara”, opinó.
“Imploro al tribunal que rechace esto, para que no se repita”, planteó.
El tribunal -integrado por los jueces Alejandro Grippo, Alejandro Cánepa y Gustavo Pimentel- rechazó la petición de detención inmediata, aunque la Fiscalía seguirá adelante con la acusación por falso testimonio contra la gerenta general de Sidecreer.
Los fiscales Juan Malvasio y Santiago Brugo, adelantaron en el requerimiento de elevación a juicio que pedirán una pena que supera los 5 años de prisión.
Fuente: Entreriosahora
