Los terrenos del Destacamento de Vigilancia 121 del Ejército Argentino con sede en Crespo, que desde hace casi dos décadas utilizan la Asociación Deportiva y Cultural Crespo y el Club Atlético Unión de esa ciudad para la práctica deportiva de miles de niños y adolescentes, a cambio de mantener y conservar el lugar, podrían quedar en manos de inversores privados.
El inmueble de 28 hectáreas –donde se pretendió instalar una cárcel federal- formaría parte del listado de bienes que busca “subastar” el gobierno de Cambiemos, tal como ya lo hizo con varias propiedades del Ejército ubicadas en otras provincias.
El elevado valor de mercado que poseen esas tierras y el alto costo de mantenimiento de las instalaciones en la actual política de achique del Estado, darían sustento a la norma que finalmente pondrá en venta el lugar para que sea adquirido y explotado por particulares.
De acuerdo a las fuentes consultadas por NOTICIAUNO, los primeros pasos detrás de ese objetivo “están en marcha”.
Si bien el discurso oficial –nacional y local- es que el Estado sigue evaluando la posibilidad de conservar los inmuebles en poder del Ejército, la realidad es que considera que esto resultaría “ineficiente” debido al nivel de inversión que se requiere para que las instalaciones puedan ser utilizadas para fines militares.
En función de ello, “vino gente del Ejército a Crespo e hicieron un relevamiento” -que se mantiene en reserva- cuyo resultado “habría acelerado los planes para privatizarlo”. El informe señala que el terreno es “prescindible”, ya que no puede ser utilizado para los fines propios del Ejército.
Con ese informe, “la Agencia de Administración de Bienes del Estado está en condiciones de poner el predio a la venta”, alertaron las fuentes a este medio.
“Al Estado nacional le costaría mucho dinero poner en condiciones el lugar”, por lo que se trataría de un “gasto ineficiente” para el que no hay recursos dada la política de “austeridad” exigida por el presidente Macri.
La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) es un organismo dependiente de la Jefatura de Gabinete que se encarga de inventariar y poner a la venta terrenos o inmuebles declarados “prescindibles”.
Por otro lado, esa dependencia oficial tiene como objetivo encontrar “oportunidades” para que los inmuebles y terrenos “subutilizados, en estado de abandono o mal concesionados, permitan mejorar el entorno y dinamizar la economía en distintos puntos del país”.
Las mismas fuentes confiaron a NOTICIAUNO que incluso “hay conversaciones avanzadas” con la principal interesada en la compra, una reconocida inmobiliaria crespense, que “mantiene frecuentes contactos con autoridades nacionales” para adquirir el predio y luego comercializarlo en el marco del desarrollo de un proyecto inmobiliario.
Pese a que el intendente Darío Schneider afirma hace dos años que está gestionando la transferencia de los terrenos del Destacamento al municipio, su comunidad habla paralelamente de esta posibilidad, que tomando en cuenta los antecedentes recientes en otros puntos del país y en Entre Ríos (ver más abajo), resulta verosímil y genera enorme preocupación.
Cabe recordar que los campos del Ejército en Crespo fueron declarados de interés y utilidad pública mediante la Ordenanza Nº 43 del año 2005 para ser destinados a la instalación de establecimientos educativos y/o deportivos en acuerdo con las autoridades y fuerzas vivas de la ciudad, y ese interés de la ciudadanía quedó plasmado además en una ley provincial del año 2012 que autorizó al Poder Ejecutivo Provincial a adquirir mediante compra directa a favor de la Municipalidad de Crespo este inmueble del Estado nacional, del que hoy parece estar a punto de desprenderse Cambiemos.
Antecedente
Mediante el polémico Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) Nº 27 del 10 de enero de 2018, denominado de “Desburocratización y Simplificación” del Estado, el gobierno nacional derogó, entre otras normas, la Ley Nº 14147 que facultaba al Ejército a autoabastecerse con la producción agropecuaria e industrial de sus campos, dar o tomar en arrendamiento tierras, comprar maquinaria y gestionar los bienes a su cargo.
Dice el DNU: “Que, en esta instancia, se considera que corresponde tener por formalmente derogada la referida Ley N° 14.147 de forma tal que, salvo afectaciones específicas dispuestas por Ley, los inmuebles del ESTADO NACIONAL, afectados al MINISTERIO DE DEFENSA, sean únicamente utilizados para los fines específicos de las FUERZAS ARMADAS conforme la normativa que rige su funcionamiento”. Esto es: exclusivamente para fines militares.
Derogada la ley, si bien el Ejército mantiene la custodia de sus terrenos, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) le ha quitado tierras con ese argumento y las ha puesto a la venta, además, con el fin de “achicar el déficit fiscal”.
El presidente Macri ya vendió tierras del Ejército el año pasado y en 2016. Incluso adjudicó terrenos del Ejército para fines particulares en Entre Ríos.
Según pudo chequear NOTICIAUNO, en noviembre de 2016, cedió por la suma de 859.614 pesos 700 hectáreas ubicadas en el Establecimiento General Urquiza, localidad de Arroyo Cle, departamento Gualeguay, destinados al cultivo de soja para la campaña agrícola 2016-2017, a la Cooperativa Agrícola Mixta La Protectora.
Lo hizo mediante la Resolución RESFC-2016-136-E de la Jefatura de Gabinete a cargo de Marcos Peña.
Esos terrenos eran explotados por las mismas Fuerzas Armadas con apoyo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta), sin embargo fueron cedidos a una Cooperativa de productores con el convencimiento oficial de que “el campo es el motor del desarrollo argentino y si invierte, el país va a lograr un gran crecimiento”.
El Gobierno remató terrenos del Estado por más US$442 millones en dos años
Hectáreas de campo del Ejército, departamentos que alojaron a los servicios de inteligencia, terrenos ferroviarios y baldíos, son algunos de los inmuebles estatales que forman parte del listado de bienes subastados por el Gobierno en los últimos dos años, en línea con su plan de “desburocratización” para ahorrar 100 mil millones de pesos y reducir el déficit fiscal.
Por las ventas, el fisco recaudó más de US$442 millones en dos años.
Los fondos surgen de subastas públicas organizadas por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), un organismo dependiente de la Jefatura de Gabinete que se encarga de inventariar y poner a la venta terrenos o inmuebles considerados “prescindibles”, en un calendario que continuará este año.
Las ventas en 2016 y 2017 se concentraron en terrenos ubicados en su mayoría en Capital Federal.
En la provincia de Buenos Aires, subastó tres predios en La Matanza, Vicente López y Lobos, por los que recaudó US$639.000.
La única concretada en Córdoba, mientras tanto, resultó la segunda entre las de mayor volumen. Se trató de la venta de campos en la localidad de Unión, que pertenecían al Ejército Argentino, y por la cual se recaudaron US$80 millones. La subasta de las parcelas en las que se subdividió el Establecimiento General Paz, ubicado en el sudeste provincial se concretó en la Sociedad Rural de Bell Ville.
La venta de terrenos estatales, una política impulsada por el Gobierno de Cambiemos para financiar gastos corrientes del Estado nacional, es resistida por comunidades que ven allí un avance de negocios privados sobre espacios públicos.
Según Ramón Lanús, titular de la AABE, “Desde nuestro punto de vista, no estamos reventando activos. Estamos cambiando y transformando bienes por otros de diferente tipo”.
Desde su perspectiva, la venta de estos terrenos permite el desarrollo de actividades económicas (construcción, desarrollo inmobiliario) en espacios que en muchos casos estaban abandonados, desocupados o sin edificar.
Según la normativa vigente, el 70% de los fondos recaudados por la subasta de cada inmueble se destina a la jurisdicción bajo cuya órbita estaban los bienes vendidos, mientras que el 30% restante corresponde al Tesoro nacional para que financie gastos corrientes.
Las subastas continuarán sin pausa en 2018.
La Agencia de Administración de Bienes del Estado tiene registrados a la fecha más de 70 mil propiedades del Estado nacional en el país y en el exterior.
Macri ya firmó varios decretos para autorizar las ventas. En Córdoba para vender cinco propiedades. Las demás están en Mendoza (4), Capital Federal (49), Buenos Aires (23), Santa Fe (2), Salta (3), Corrientes (3), Jujuy (1), Colombia (1), Estados Unidos (4), Brasil (1) y Uruguay (2).
Para agilizar las ventas, el Presidente contempló en su mega DNU de desburocratización del Estado la derogación de la ley 14.147 sancionada en 1952, que promovía la producción agropecuaria e industrial permitiendo la explotación de los bienes a cargo del Ejército.
Pero ahora, el Gobierno quiere que sean reducidos y únicamente utilizados para los fines específicos de las Fuerzas Armadas, como entrenamientos militares o lugares de evacuación. Y si eso no resulta posible, el inmueble se considera “prescindible” y apto para la subasta.
Como podría suceder con los terrenos que el Ejército tiene en Crespo.
Fuente: Noticiauno
