La Mesa de Enlace, la Bolsa de Cereales y el centro de acopiadores de Entre Ríos se presentaron ante los tribunales de Paraná exigiendo a la Justicia que desestime un amparo que había impulsado un grupo de ambientalistas y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) contra un decreto reglamentario sobre las fumigaciones con agroquímicos.
El año pasado un fallo judicial calificado de histórico prohibió las aplicaciones a menos de 1000 y 3000 metros, terrestres y aéreas, de escuelas rurales.
En octubre último la Sala de Procedimientos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, en voto dividido, confirmó una sentencia de la Cámara Civil, Sala Segunda, que había prohibido aplicar agrotóxicos alrededor de todas las escuelas rurales de la provincia.
Enseguida, el lobby sojero argumentó que con el fallo saldrían de la producción unas 300.000 hectáreas, algo equivalente a todo lo que se siembra de trigo.
Los productores pidieron la intervención del gobernador Gustavo Bordet, que vía un decreto estableció las distancias en 100 y 500 metros, respectivamente.
Vale recordar que antes la provincia había recurrido a un recurso extraordinario federal en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, argumentando que la medida inicial afectaba derechos de los productores y que unos 45.000 de ellos no habían sido parte del proceso.
El 4 de febrero último, nuevamente ambientalistas y docentes presentaron un amparo para que se declare la nulidad del decreto de Bordet.
Según indicó Walter Feldkamp, director de la Sociedad Rural Argentina (SRA) en Entre Ríos, a La Nación, como ayer se vencían los plazos judiciales los ruralistas decidieron pedir ante la Justicia provincial que se desestime el amparo.
Fuente: Noticiauno
