Goyeneche decidió apartarse de la causa de los contratos truchos

La fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, decidió dar un paso al costado en la causa por los contratos legislativos truchos. Lo hizo a través de una nota enviada el 29 de abril al procurador general del Poder Judicial, Jorge Amílcar García, fue por cuestiones burocráticas registrales y administrativas, en torno a un inmueble en cuestión, relacionado a uno de los imputados. García hizo lugar al pedido, en una resolución firmada al día siguiente, donde no se privó de cuestionar por “un incorrecto afán obstruccionista y dilatorio” a los abogados defensores de los acusados por graves delitos de corrupción, que buscaron todo el tiempo tergiversar la situación e instalar un manto de sospecha en torno al accionar de Goyeneche y venían reclamando su recusación. 

La fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, ya no está más al frente de la principal causa por desvío de dineros públicos de la historia entrerriana. El último 29 de abril le envió una nota al procurador general del Poder Judicial, Jorge García, para alejarse del expediente por los contratos legislativos truchos, que le generaron al Estado provincial un agujero negro superior a los 2000 millones de pesos, entre 2008 y fines del año pasado.

En la misiva, a la que tuvo acceso Análisisdigital, la fiscal Anticorrupción indicó que había decidido excusarse de la coordinación de la causa -junto a los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Arramberry- por diferentes motivos. “Luego de las primeras semanas de investigación, se determinó la intervención delictiva del contador público Pedro Opromolla, cuyo estudio contable fue allanado el día 3 de octubre de 2018 y fue indagado el día 28 de diciembre de 2018”, dijo en el arranque. “No se relaciona, sin embargo, mi pedido, con los motivos esgrimidos por los defensores de los imputados Gustavo Pérez y Ariel Faure (los abogados Miguel Cullen, Guillermo Vartorelli y Leopoldo Cappa), quienes han utilizado publicaciones falaces en un medio periodístico sobre el vínculo del nombrado con mi esposo -y, consecuentemente, conmigo-, para -sin ningún interés que los ampare- recusarme en la causa, utilizando estas circunstancias para desgastar mi imagen pública y procurar degradar la investigación penal”, agregó luego.

La fiscal Goyeneche afirmó además que “el vínculo de amistad de mi esposo (no mío) con el señor Opromolla, el contrato suscripto para la inversión en un fideicomiso, o la anterior adquisición al mismo de una parte indivisa de un inmueble, de ningún modo afectan mi primordial deber de objetividad en el rol de coordinación de la investigación fiscal, ni han conmovido de manera alguna el curso de la investigación en la presente. Sin embargo -acotó-, la evolución de la causa determinó la necesidad de realizar medidas de contenido patrimonial con el objeto de asegurar el recupero del producto del delito y la ejecución de las penas pecuniarias previstas en las figuras imputadas. En este contexto, los señores fiscales solicitaron -y así dispuso la señora jueza de Garantías, Marina Barbagelata-, la traba de embargos sobre los bienes de los imputados. Para así disponerlo, los fiscales solicitaron la cautelar sobre todos los bienes registrables informados por los registros públicos de la provincia, y fue así que se dispuso un embargo sobre el 50% de titularidad de Pedro Opromolla, de un inmueble ubicado en calle La Paz N° 236, Oficina "B", de Paraná”.

Goyeneche agregó en la nota al procurador que “lo que no surgía de la información registral, es que dicho inmueble, que efectivamente fue de titularidad del señor Opromolla, fue adquirido por boleto de compraventa por la suscripta en fecha 9 de marzo de 2017. La traba de la cautelar, me coloca a la fecha en una nueva situación en la causa, en tanto deberé informar adecuadamente de esta circunstancia a la señora jueza de Garantías. Mientras esta situación no se modifique, solicito me dispense de continuar interviniendo en la presente, evitando así que estas circunstancias secundarias, sean utilizadas por sectores interesados para procurar entorpecer la investigación”, dijo luego. Finalmente, Goyeneche remarcó: “Debo destacar que el cese circunstancial de mi labor de coordinación, no significará menoscabo alguno en el impecable trámite de la investigación que están llevando adelante con total solvencia y probidad los señores fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry”.

Del procurador García

Un día después, el procurador Jorge García hizo lugar al pedido de la fiscal Goyeneche, según pudo saber ANÁLISIS DIGITAL, tras remarcar en su escrito -que se transformó en un expediente- que los abogados defensores de los imputados intentaron todo el tiempo, demostrar un “incorrecto afán obstruccionista y dilatorio”. Y acotó: “Es que sin perjuicio de la cuestión formal, en lo sustancial, -tal como ella lo manifiesta-, es casi ridículo que se hubiese intentado la recusación de la señora procuradora adjunta, doctora Goyeneche, quien precisamente por su rol institucional de Coordinación de las causas de delitos de corrupción, el de marras uno de los más graves-, supervisa la actuación de los diversos fiscales actuantes, que pueden fungir de acuerdo a necesidades. Pero por sobre todo -acoto- invocando razones de amistad de su cónyuge con uno de entre los muchísimos imputados, a quien no solo se ha de llevar a juicio, sino que ni siquiera es defendido por los recusantes”.

El procurador García agregó luego: “Diversa absolutamente es la cuestión planteada ahora por la doctora Goyeneche. En efecto, como surge de la compraventa agregada, desde el 9/3/17 no existía ninguna relación de tipo comercial suya con el referido imputado Opromolla, ante la adquisición del 50% de la propiedad originada en uno de los habituales fideicomisos. Huelga recordar que la compraventa es un contrato consensual y que la escritura es solo declarativa a los fines registrales del negocio jurídico. Es entonces, ante la demora injustificable del Registro en la inscripción de aquella compraventa que, en el acto cautelar respecto de los imputados peticionado más de dos años después por el Ministerio Público Fiscal, que aparece erróneamente la consigna del 50% aún a nombre del acusado como objeto del embargo, lo que hace mucho tiempo no refleja la realidad dominial. Se genera entonces para la funcionaria una obligación de oponerse al eventual decomiso, y aún a la mantención del embargo al no ser el encartado ya titular del bien, lo que configura una causal razonable de apartamiento, objetivo, posterior y que nada tiene que ver con los injuriosos pretendidos por los recusantes en su momento. Por lo expuesto, es atendible y razonable hacer lugar a la excusación incoada”, indicó finalmente.

Una historia tergiversada

Los nombres de los “profesionales” vinculados a la causa contratos aparecieron inicialmente en algunas anotaciones manuscritas en el domicilio de la pareja Mena-Beckman, que hacían alusión a “Pedro”, quien luego se constató que era Pedro Opromolla. En ese mismo domicilio se secuestró documentación impresa (mails) con planillas de contratados, los que se hallaban firmados por el contador Roberto Ariel Faure y documentación de ANSES de Gustavo Falco y Roberto Ariel Faure. Con esos datos, se pudo dar con el estudio Integral Asesoría, en calle Misiones 273, que fue allanado el día 3 de octubre de 2018 y en el que se secuestró importante información para la causa.

A medida que se avanzó en el análisis de la información se pudo constatar que fue justamente Pérez quien armó la estructura profesional externa que permitía mantener al día la documentación tributaria de los contratados truchos. La incorporación de estos profesionales se remonta al año 2008. En esas primeras semanas del primer año de Sergio Urribarri, Integral Asesoría quedó conformada con los contadores Gustavo Falco, Pedro Opromolla y Guido Krapp, como así también con los licenciados en Sistemas Nicolás Beber y su esposa Cecilia Cersofios. Ellos se ocupaban de la gestión fiscal de los contratos, lo que abarcaba desde el pago de tributos hasta la producción de la facturación. Ya en esos tiempos trabajaba como empleado en dicho estudio Ariel Faure, quien luego de recibirse de contador dejaría Integral Asesoría y pasaría a trabajar junto con Alfredo Bilbao en otro de los estudios de profesionales externos. También desde aquella época Renato Mansilla, otro de los imputados, se desempeñó primero como empleado, y luego, ya siendo martillero, como asociado en Integral Asesoría.

Varios años antes, en septiembre de 1998, recién recibidos, los contadores Opromolla y Krapp abrieron su primer estudio contable junto a su colega Luis Sebastián Orlando, amigo del primero, con quien se conoció al iniciar el ciclo universitario. Esa oficina contable fue denominada con las iniciales de los tres apellidos –OKO- y funcionó durante algunos años en calle Uruguay casi Misiones. Sin embargo, la participación de Orlando en el estudio contable fue efímera, ya que 6 meses después de iniciar ese proyecto y de contraer matrimonio con su primera esposa, dejó el emprendimiento, sin siquiera haber llegado a matricularse como contador, lo que concretó tiempo después. Incluso se fue de Paraná. Primero a Buenos Aires, y luego, en julio de 1999, a EEUU, México y España, a continuar su formación y trabajar en la profesión.

Nueve años después, ya divorciado, en febrero de 2008, regresó a Paraná y se conoció con Cecilia Goyeneche, que por entonces se desempeñaba como fiscal de Cámara. Se casaron en abril de 2009. Para esa fecha, el estudio OKO no existía. Sus antiguos socios habían conformado Integral Asesoría, asociados, durante ese tiempo, con conocidos profesionales de las Ciencias Económicas en Paraná.

Orlando nunca volvió a asociarse con sus antiguos socios, aunque Opromolla y Krapp aparentemente continuaron usando la sigla OKO, para identificarse ante los demás socios. A partir de su llegada al país, Orlando, que es violinista, se desempeñó en la Escuela de Música de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER). A la par trabajó como consultor en un proyecto del Ministerio de Salud de la Nación, y en un emprendimiento de un empresario español en Rosario. A fines del 2010 fue invitado a integrarse al estudio de arquitectura Grand, Churruarin & Asociados, donde se hizo cargo de la administración de los desarrollos inmobiliarios. Fue en ese rol que entre 2014 y 2016 invitó a Opromolla –que en ese momento era director de Administración de la Dirección de Bromatología de la Provincia- a invertir en los proyectos inmobiliarios que desarrollaban desde dicha oficina. Para reducir los riesgos de ese tipo de inversiones, se decidió compartir el importe que debía aportarse por unidad funcional, adquiriendo cada uno, el 50 por ciento de un departamento monoambiente en un edificio de calle 9 de Julio entre 25 de Mayo y Alem. Una vez concluida la construcción del edificio, y ante la ausencia de compradores del departamento en cuestión -que a la fecha no se ha escriturado-, fue alquilado en 2017 en un contrato que aún está vigente. Así fue la historia y no como intentaron instalar los abogados defensores de los corruptos. De los que se robaron más de 2000 millones de pesos.

Fuente: Análisis