El intendente de Paraná, Sergio Varisco (Juntos por el Cambio), volverá este lunes a la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná. Deberá reconocer sus datos personales ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Paraná, que lo juzga por sus vínculos con el narcotráfico y la utilización de recursos municipales para el financiamiento de la banda que lidera Daniel “Tavi” Celis.
Precisamente, Varisco está señalado como responsable de hacer un acuerdo con “Tavi” Celis en septiembre de 2017, a través de Pablo Hernández y Griselda Bordeira. La hipótesis acusatoria entiende que el intendente debió proveer periódica y sistemáticamente recursos económicos al grupo dedicado al narcotráfico, para financiarlo. Además está acusado de adquirir cocaína para distribuir, publica Análisisdigital.
Después de ese acto procesal donde le tomarán los datos y lo informarán sobre las responsabilidades penales que le sindican, Varisco tiene permiso para dejar de asistir a las audiencias. Podrá ausentarse del debate hasta que los jueces Lilia Carnero, Noemí Berros y Roberto López Arango lo requieran, o hasta que él decida declarar. Ese mismo permiso también se extendió el viernes pasado para la imputada Esther Márquez, por la edad de la mujer.
La agenda de debate prevé que mañana también se tomen los datos personales a otro lote de personas. El resto de los imputados de la causa “Narcomunicipio”. Es decir, otras diez personas deberán pasar frente a los jueces y reconocer su identidad:
Luciana Ernestina “Luz” o “Lupita” Lemos, de 29 años. Ex pareja de “Tavi” Celis. En la causa Narcomunicipio está sindicada con un rol de “colaboradora” o “asistente”. En concreto, la investigación que llevó adelante el juez Federal Leandro Ríos sostiene que Lemos era quien bajaba las órdenes de “Tavi” Celis (detenido en la cárcel de Federal) a otros integrantes de la banda, y quien mantenía el contacto con el concejal Pablo Hernández y la funcionaria municipal y agente policial Griselda Bordeira. Es considerada la persona clave que mantenía la relación “fluida y secreta” entre Celis y Varisco a través de Hernández y Bordeira. La mujer declaró dos veces como arrepentida en la investigación.
Eduardo Humberto “Cholo” o “Narigón” Celis, de 45 años. En la causa Narcomunicipio está acusado de fungir los roles de “almacenador”, “colaborador” y “vendedor”.
La instrucción sostiene que se encargaba del almacenamiento del tóxico por brevísimos lapsos de tiempo en su domicilio y en fincas cercanas, todas ubicadas en el barrio Antártida Argentina. Colaboraba en la distribución del tóxico bajo las órdenes de “Tavi”, por indicación directa o por intermedio de Lemos. Además, los investigadores entienden que “Cholo” Celis, en ocasiones asumía el rol de venta de droga con precio diferencial.
Nahuel Jonatan Eduardo Celis, de 22 años. Está sindicado como “colaborador” y “asistente”. Los investigadores entienden que respondía a las órdenes de Luciana Lemos y se encargaba básicamente de los traslados de droga para almacenamiento o de personas que eran las encargadas de la distribución de los estupefacientes. Hablan de un grupo de mujeres de mediana edad que estaba encargada de esa tarea. El joven también está acusado de trasladas a Wilber Figueroa Lagos, de origen peruano y acusado de proveedor.
Wilber “Tío” o “Pariente” Figueroa Lagos, de 43 años. Está acusado de ser “proveedor”. Es de origen peruano y residía en provincia de Buenos Aires. Es señalado como el proveedor de la cocaína. Los investigadores entienden que están probadas sus visitas reiteradas a Paraná.
Jonathan Jesús Heintz, de 23 años. Está acusado de ser “adquiriente” y “revendedor”. La misma acusación que Juan Manuel “Nacho” Gómez. Según la investigación, ambos jóvenes se encargaban de comprar mayorista y revender a otros distribuidores o consumidores. Los dos fueron sorprendidos el 2 de mayo de 2018, cuando la policía irrumpió en la casa de Daniel Celis: Ambos estaban con Luciana Lemos con tres kilos de cocaína en una mesa redonda del quincho.
Juan Manuel “Nacho” Gómez, de 26 años. Está acusado de ser “adquiriente” y “revendedor” junto a Heintz.
Griselda Noemí Bordeira, de 42 años, sargento de la Policía y funcionaria municipal. Está acusada de ser “adquiriente” y “colaboradora”. Particularmente, la instrucción penal la definió junto a Pablo Hernández de “secundar” a Sergio Varisco en lo referente al financiamiento regular de la banda liderada por Celis.
Héctor Pablo Hernández, de 43 años, concejal. Está acusado de ser “adquiriente” y “colaborador”. También es ubicado dentro de la estructura como “secundando” a Varisco en la financiación de la banda de Celis. Hernández es un viejo conocido de Daniel “Tavi” Celis. De hecho se reconocen como amigos.
Alan Nicolás Viola, de 30 años, agente de tránsito municipal. Su madre es prima hermana de Pablo Hernández. Está acusado de ser “colaborador” en la estructura. Particularmente, la instrucción penal sostiene que Viola era intermediario entre los funcionarios municipales y la banda de Celis, encargado de hacer llegar los recursos mensualmente al grupo dedicado al narcotráfico para la compra de droga.
Daniel “Tavi” Celis está imputado en las dos causas. Ya fue identificado el viernes pasado en el marco de la causa Narcoavioneta. Este lunes, probablemente también lo actualicen sobre la imputación en el marco de la causa Narcomunicipio.
Después de esto vendrá el debate, con un centenar de testimoniales previstas.
Fuente: Análisis
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