A través de un decreto de necesidad y urgencia, Mauricio Macri redujo las indemnizaciones por invalidez o muerte de un trabajador en un accidente laboral, una medida reclamada por las aseguradoras y que atenta contra los derechos laborales. El DNU se conoció en la previa de acto de campaña en el que el Presidente anunciará "propuestas para promover la creación de empleo formal", aunque no está previsto que se implementen en la actual gestión. Sería en el 2020.
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El DNU 669 modifica la Ley N° 24.557, que regula el Sistema de Riesgos de Trabajo, y cambia a la baja el cálculo del monto de las indemnizaciones por incapacidad laboral definitiva o muerte del trabajador. En concreto, se tomará la tasa de variación del índice RIPTE mientras que actualmente se hace con la tasa activa del Banco Nación, siempre más alta que la de promedio de salarios.
Alegando su propia torpeza
En los argumentos, el Gobierno sostiene que la aplicación de "tasas de interés en determinados contextos macroeconómicos arrojan resultados desproporcionados que desnaturalizan el carácter del sistema de protección contra riesgos del trabajo". Agrega que la utilización de la tasa activa del Banco Nación provoca "incrementos desmedidos" de las indemnizaciones. La norma mantiene la aplicación de la tasa activa del BNA en el caso de que las aseguradoras incurran en el incumplimiento del pago.
La Casa Rosada sostiene además que la aplicación de la actual tasa "compromete la estabilidad y continuidad" de las aseguradoras "en beneficio de los trabajadores". "Actualmente el rendimiento financiero de los activos de la industria aseguradora es del orden del 42% promedio, mientras que la tasa de interés vigente para las indemnizaciones (...) asciende a niveles cercanos al 90%", se argumenta en el decreto.
"El ajuste de las obligaciones de las aseguradoras mediante la aplicación de tasas financieras ha llevado a desnaturalizar los derechos de los trabajadores beneficiarios del sistema", sostiene el gobierno, que agrega que las indemnizaciones generan "rendimientos financieros disociados del daño a reparar".
Que esta situación se ve agravada por las discrepancias observadas en la aplicación de las tasas judiciales en las diferentes jurisdicciones, generando una distorsión y desigualdad de tratamiento entre los trabajadores damnificados.
Fuente: LPO
