En un acto de absoluto desapego institucional, el intendente de Victoria, Domingo Maiocco, y su secretario de Gobierno, Eduardo Navoni, firmaron un decreto mediante el cual este último se “autodesigna” Juez de Faltas “excepcional y parcial” en reemplazo de la legítima Jueza de Faltas de la ciudad, con la finalidad de “restituir” a allegados y militantes políticos del intendente los vehículos que fueron retenidos por violar la cuarentena. Radicaron denuncia penal en la fiscalía de Eduardo Guaita, según pudo chequear NOTICIAUNO.
En un hecho que no registra antecedentes en ningún otro municipio, y que constituye un claro avasallamiento institucional -además que podría configurar la comisión de varios delitos- el intendente de Victoria, Domingo Maiocco (Cambiemos), y su secretario de Gobierno, Sergio Eduardo Navoni, firmaron un decreto con el que “sustituyen temporal y parcialmente” a la jueza de Faltas de la ciudad, designada legalmente, violando de ese modo todos los mecanismos constitucionales establecidos de designación y remoción. Además, el secretario de Gobierno, Navoni, por el mismo decreto, se “autodesigó” en reemplazo de la jueza al solo fin de devolver los vehículos que fueron retenidos durante la cuarentena por cometer diversas infracciones, siempre que los supuestos infractores paguen la multa sin objeciones al funcionario del intendente que ahora cumple también las funciones de juez de Faltas. Es vox populi en Victoria que la maniobra se consumó para agilizar restituciones de vehículos que pertenecen a allegados y punteros del intendente Maiocco.
Según el Municipio, el decreto obedece a la necesidad de restituir los vehículos retenidos ante la ausencia de la Jueza de Faltas. Sin embargo, si fuera cierta la ausencia de la jueza de Faltas, en ese caso, debió haber asumido sus funciones un secretario del Juzgado de Faltas y no un funcionario político del Ejecutivo municipal.
Asimismo, según surge del polémico decreto Nº 408/2020, el secretario de Gobierno de Maiocco, devenido en juez de faltas “parcial y excepcional”, actuará en los casos en los cuales los presuntos infractores se presenten, admitan su infracción y paguen voluntariamente una multa.
Para el resto de los casos (cuando los infractores discutan la infracción), seguirá funcionando el Juzgado de Faltas legal.
Es decir: para los infractores que quieran pagar multas al contado, el Juez de Faltas será Navoni. Y para los infractores que quieran discutir la infracción, el Juez de Faltas será la verdadera jueza de faltas.
Inédito.
Además de la vulneración de todos los mecanismos de designación y remoción establecidos para garantizar la IMPARCIALIDAD de la justicia de Faltas, vale remarcar que el secretario de Gobierno Navoni ni siquiera es abogado, uno de los requisitos exigidos por la Constitución para cumplir dicha función.
Luego de la firma del decreto, el intendente Maiocco y su secretario de Gobierno fueron denunciados penalmente por el abogado Carlos Guillermo Reggiardo, por la probable comisión de los delitos de “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Sucede que la Jueza de Faltas de Victoria -designada regularmente en el cargo y ahora “virtualmente removida”- estaba imposibilitada de resolver expedientes ya que ante la emergencia por la pandemia de coronavirus, permanecen cerrados algunos organismos municipales, entre ellos los que expiden las constancias necesarias para retirar los vehículos de los infractores retenidos por cometer infracciones, reza la denuncia penal.
Uno de los asesores letrados del Municipio intentó defender el decreto argumentando que la “autodesignación de Navoni” respondía a la necesidad de cubrir la ausencia de la Jueza que pertenecería a un grupo de riesgo, razón por la cual –según dicen los allegados a Maiocco- había mermado su trabajo.
Aunque esa versión es desmentida en el entorno de la Jueza de Faltas, aún si fuera cierta, el argumento del Municipio no tiene sustento, ya que las leyes vigentes en Entre Ríos, en particular la Constitución Provincial y la Ley Orgánica de Municipios en su artículo 129, claramente establecen qué debe hacerse en esos casos: “en caso de licencia, ausencia temporaria, excusación o cualquier motivo que impidiere actuar al juez, deberá ser reemplazado por un secretario, que actuará como juez subrogante”. De la letra del decreto surge que el secretario del Juzgado fue literalmente pasado por alto, ignorado por el intendente y su secretario de Gobierno.
En democracia, nunca un funcionario del intendente puede asumir las funciones de un juzgado de Faltas.
Tantas irregularidades dan credibilidad al verdadero motivo de la decisión de Maiocco. Parece ser -es vox populi en la ciudad de Victoria- que la maniobra fue ideada y puesta en marcha “para facilitar a una amiga del secretario de Gobierno -y a varios militantes políticos del intendente- la recuperación de sus ciclomotores, retenidos por haber violado el aislamiento obligatorio”.
Y de paso, percibir el dinero de las multas que deberán pagar otros quienes deseen retirar sus vehículos retenidos, sin discutir la supuesta infracción.
La autodesignación de Navoni, con anuencia del intendente, viola toda la normativa constitucional y la Ley Orgánica de Municipios, que expresamente establecen los mecanismos para designar a los titulares de Juzgados de Faltas, y los requisitos que deben cumplir los jueces de Faltas para ocupar el cargo (requisitos que no reúne Navoni, quien antes de ser funcionario político del Municipio, era mecánico en un taller de su propiedad).
Con el decreto, Maiocco incluso pasó por alto al Concejo Deliberante, que es quien tiene la atribución legal de “prestar o negar su acuerdo para nombrar y remover a los jueces de faltas del municipio”.
La denuncia penal advierte que, en esta situación, tanto el intendente como su secretario de Gobierno cometerán un “doble delito”. No solo se arrogaron funciones propias de la Justicia de Faltas violando la Constitución Provincial, sino que además van a liberar motos con una normativa de “emergencia” que ellos mismos “instruirán”, violando así ordenanzas y leyes de procedimientos locales.
La denuncia del abogado Reggiardo señala que el hecho constituye “un golpe institucional”, al “remover de sus funciones a un funcionario con estabilidad en el cargo (Jueza de Faltas), por un simple decreto dictado entre gallos y medianoche contradiciendo la ley 10027 (Orgánica de Municipios)”.
En paralelo a la denuncia penal, que fue ratificada este lunes ante la Fiscalía a cargo del fiscal Eduardo Guaita, Reggiardo presentó una demanda de inconstitucionalidad para que la Justicia anule el decreto irregular firmado por el intendente Maiocco y su secretario de Gobierno, Eduardo Navoni, flamante Juez “excepcional y parcial” de Faltas.
Fuente: Noticiauno
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