Sábado, 31 de Octubre de 2020 | 15:59:50
24/06/2020

Promueven una Ley que “declara derecho humano” el acceso a internet

Diputados del Frente de Todos, liderados por la entrerriana Blanca Osuna y el cordobés Pablo Carro, promueven el “acceso asequible a la red” como una de las políticas públicas claves del mundo que viene.

 

El diputado cordobés, Pablo Carro, y la legisladora entrerriana, Blanca Osuna, son los autores de la iniciativa que ya cuenta con el apoyo de sus pares de bancada. Lleva la firma de 29 oficialistas y fue presentado en una teleconferencia con legisladores y miembros de organismos de América Latina, que abrieron el debate sobre cómo garantizar en la región un servicio que, con la pandemia, pasó a ser esencial para la vida cotidiana. 

Según la Cepal, el continente amanecerá después de la pandemia con 80 millones de nuevos pobres, víctimas de una brecha digital que en el siglo 21 es como hablar de analfabetismo. Los analistas hablan de "acceso asequible a la red" como una de las políticas públicas claves del mundo que viene.

El proyecto considera como "un derecho humano" el "acceso a servicios de conectividad a internet, en sus modalidades de banda ancha fija, móvil y satelital" y excluye de la regulación a las tarifas de telefonía celulares, que las empresas siempre resistieron.

Define a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) como un "servicio público en competencia", que pueden fijar sus precios "justos y razonables, cubrir los costos de la explotación y tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación".

Además, contempla que podrán ser reguladas "las tarifas de los servicios públicos esenciales y estratégicos de las Tic, de los prestados en función del Servicio Universal y de aquellos que determine la Autoridad de Aplicación por razones de interés público".

En Argentina los principales actores son la reciente fusión Telecom-Cablevisión, Telefónica y América Móvil (Claro). "El Gobierno tiene que entender que el congelamiento que las tarifas de telefonía fija impidieron modernizar rápido la fibra óptica. No puede repetir el mismo error", señalaron desde una de las compañías que resistió a denominar la telefonía móvil como servicio público. Por ahora, su lobby fue efectivo.

 

Analfabetismo digital

Según la Cepal, el continente amanecerá después de la pandemia con 80 millones de nuevos pobres, víctimas de una brecha digital que en el siglo 21 es como hablar de analfabetismo. Los analistas hablan de "acceso asequible a la red" como una de las políticas públicas claves del mundo que viene.

El proyecto del oficialismo reconoce un sistema de Tic "en competencia" pero faculta a regular "las tarifas de los servicios públicos esenciales y estratégicos". Las compañías y la oposición argumentan que durante la década pasada –no especifica si cuentan los 4 años de Cambiemos-  el congelamiento de tarifas frenó la inversión.

El senador mexicano Emilio Álvarez Icaza, autodenominado "independiente" y con un monobloque donde expone su experiencia en organismos internacionales, coincidió con la denominación de derecho humano del peronismo, "porque es inherente al derecho de internet libre" consagrado por la Relatoría Especial para Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). "Las pandemias exponen las desigualdades. Tenemos que estar preparados para una crisis en salud, económica y social y ver cómo hacemos para que internet le llegue a la gente pobre".

Apuntó a la concentración del servicio en actores de peso como Carlos Slim, dueño de Telmex en México. "Con actores así se generan condiciones de origen y cuando llega una competencia hay desigualdad. Fue necesario un proceso legislativo para que comparta la infraestructura, obviamente litigado por esta empresa. El Estado debe garantizar derecho a banda ancha y a condiciones de competencia efectiva".

El diputado uruguayo Carlos Varela, del Frente Amplio, destacó la inversión en banda ancha de los presidentes Tabaré Vázquez y Carlos Mujica, "que heredaron el país cerca de un apagón" y, describió, lograron cubrir casi la totalidad del territorio con wifi y crear un mercado de exportación de software que llega al 2.5% del PBI.

 

Los representantes de los organismos internacionales reclamaron medidas urgentes para garantizar acceso a internet en un continente con extrema desigualdad. Mauricio Agudelo, Coordinador de Agenda Digital  del Banco de Desarrollo de América Latina, consideró que el desafío "es la universalidad del acceso y las oportunidades de digitalización".

"El corazón de estos ecosistemas son las infraestructuras digitales, que por un lado es digitalización de los hogares pero también cómo esas tecnologías limitan servicios de un Gobierno digital. "Todavía 5 de cada 10 hogares de América Latina está sin conectividad. Y en un escenario de pandemia es lo que define la capacidad de acceder a información sanitaria, de hacer frente a material escolar y acceder a bienes y servicios en línea".

Damián Loretti, abogado experto en comunicación y ex candidato a relator Especial de Libertad de Expresión de la CIDH, coincidió en mencionar a internet como un derecho humano "porque la conectividad restringe la libertad de expresión y la difusión de opiniones por cualquier medio". La comparó con la vieja legislación americana que condenaba "el abuso de controles oficiales sobre las frecuencias radioeléctricas".

"Los Estados son responsables derechos humanos. Pero las empresas tienen obligación de respetar, prevenir y reparar violaciones a derechos humanos. Y si vamos a reglas de excepciones de acceso, ahí tenemos un problema. La ONU ha dicho muchas veces que estos principios rectores hay que cumplirlos".

La profesora cordobesa Diana Monje respaldó el proyecto del oficialismo. "El acceso requiere un usuario con derecho a precio justo y razonable", reclamó, celebró la idea de un plan nacional de conectividad porque "hay una extrema desigualdad entre los que pueden ser tele-trabajador y ser tele-educador".

 

 

Con información de LPO

 

Fuente: NOTICIAUNO

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