Martes, 22 de Septiembre de 2020 | 14:43:20
03/08/2020

Grave: Romero admitió su incapacidad para controlar la cuarentena, cuestionó las medidas de Salud y responsabilizó a la Justicia Federal

En pleno pico de la pandemia, la ministra de Gobierno y Justicia de Entre Ríos, Rosario Romero, hizo alarmantes declaraciones reconociendo que “es prácticamente imposible” llevar adelante las medidas de control estricto del distanciamiento social anunciadas hace pocos días por Bordet. Criticó la estrategia sanitaria de la ministra de Salud, Sonia Velázquez, y culpó a los jueces y fiscales federales por no hacer su trabajo.

 

En pleno pico de la pandemia y a pocos días de que el gobernador Gustavo Bordet anunciara “controles estrictos y severos con todas las fuerzas de seguridad” para restringir la circulación de personas y “salir de esta etapa de conglomerado y poder tener una nueva normalidad”, la ministra de Gobierno y Justicia de Entre Ríos, Rosario Romero, hizo alarmantes declaraciones reconociendo su incapacidad para llevar adelante las políticas de control anunciadas por el gobernador.

En una entrevista radial, Romero, que tiene a su cargo la conducción de las fuerzas de seguridad y la articulación de estrategias con la Justicia, reconoció que “es prácticamente imposible” ejercer controles, mientras que hace dos semanas –tras los anuncios de Bordet- dijo que se había reunido con la cúpula policial a su cargo y había acordado con la Justicia Federal para realizar operativos de control a fin de evitar la proliferación de casos de Covid-19.

Resulta alarmante en este contexto, en el cual varias ciudades tienen transmisión por conglomerado, que la ministra Romero haya afirmado que no es posible controlar el cumplimiento del distanciamiento social en una especie de “defección”. Inclusive habló de “encierro” de la gente, siendo que Entre Ríos se encuentra en fase de distanciamiento, no de aislamiento. Lo que demuestra un grado de desconocimiento sobre la situación actual de la pandemia y sus consecuencias.

A la par que expresó que con el nuevo decreto del presidente Alberto Fernández “ahora se prohíben hasta las reuniones familiares”, Romero opinó que “hay un nivel de cansancio en la sociedad y de desobediencia de las normas que es ponderable”, y, en línea con los sectores de la oposición que critican las medidas de aislamiento, consideró que “si no lo comprendemos las autoridades gubernamentales nos vamos a equivocar”.

En otro tramo de la charla radial, Romero quiso justificar su incapacidad de gestión haciendo referencia, siempre en tono de resignación, a la poca cantidad de efectivos policiales que dispone la provincia, razón por la cual -dijo- “es prácticamente imposible” ejercer controles. “No damos en número (de agentes) en ninguna parte de la provincia”, afirmó, e incluso habló de “los (bajos) sueldos que cobran (los policías) y las condiciones de precariedad en las que están”.

Toda una revelación, que llega después de 5 meses del inicio de la pandemia y después de estar 3 años en el cargo como máxima autoridad de la fuerza policial.

“La policía me informó que resultó muy difícil manejarse con los grupos de personas que salían a la calle, en cuanto al control, porque no damos en número en ninguna parte de la provincia ya que la gente se volcó a los espacios públicos buscando la recreación para salir del encierro”, afirmó.

“Controlar los documentos para que no estén a más de 500 metros de su residencia es prácticamente imposible porque no da el número de personal”, agregó.

También justificó su falta de pericia para garantizar el distanciamiento social al afirmar: “comprendo que la policía no pudiera manejar la situación este domingo, porque si había mucha gente simultáneamente volcada a la calle en una ciudad de 300.000 habitantes como Paraná, es imposible que con la cantidad de efectivos que tenemos se pueda controlar”.

Asimismo, y como para deslindar su responsabilidad, Romero le achacó el descontrol a “los fiscales y jueces federales” que no hacen su trabajo, al decir que “en varios lugares el fin de semana hubo partidos de fútbol, los policías que fueron a desaconsejar esas actividades fueron agredidos por la gente y la verdad es que no estamos para provocar un enfrentamiento con la población, porque además esa labor se enmarca dentro de las disposiciones de los fiscales y jueces federales”.

Por si esto fuera poco, la ministra de Gobierno hasta se permitió desautorizar la estrategia sanitaria implementada por la ministra de Salud, Sonia Velázquez, -que ha manejado aceptablemente la pandemia hasta ahora- por no autorizar aún determinadas actividades recreativas y deportivas que están desaconsejadas por el equipo de científicos que asesora al presidente Alberto Fernández. Con total desconocimiento de las consecuencias sanitarias que podrían generarse de habilitar algunas actividades de recreación, Romero afirmó que se debe “repensar esto de la práctica del deporte y el esparcimiento porque la gente lo necesita”. “Es razonable que los clubes puedan abrir sus puertas. El problema es que para las resoluciones gubernamentales dependemos de los equipos de salud y no están aconsejando la labor de los clubes”, se quejó.

Además sugirió que “tener los clubes abiertos ordenaría mucho más la situación y sería más controlado y con más protocolo”. Luego anunció que va a plantear su postura esta semana ante las autoridades de Salud.

Hasta admitió, en una especie de invitación pública a romper la cuarentena, que “con los niveles de conflicto que estamos teniendo, con 12.000 hombres y mujeres en la policía, es imposible manejarlos en las ciudades cuando la gente se larga masivamente a la calle y a los espacios públicos”.

De tal manera, puede inferirse que más allá de los incumplimientos e incluso violación de las normas para prevenir contagios, la ministra reconoció que no hay manera de garantizar que su cumplimiento. Gravísimo.

Vale remarcar que no son pocos los altos funcionarios del gobierno provincial que vienen señalando en off que “Romero subestima permanentemente la gestión pública” y que su falta de manejo e incapacidad para gestionar pueden llevar al gobierno de Gustavo Bordet a “una crisis institucional”.

 

Fuente: NOTICIAUNO

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