La diputada nacional Blanca Osuna presentó un proyecto en el Congreso para declarar “el más enérgico repudio a las operaciones de espionaje ilegal y tareas de inteligencia que fueron ejecutadas bajo la directa responsabilidad de Rogelio Frigerio”.
Tras el escándalo desatado por la denuncia que involucra al exministro de Mauricio Macri por el seguimiento ilegal, espionaje y filtración de información a medios partidarios para ejecutar una campaña de noticias falsas con el objetivo de perjudicar al peronismo en pleno proceso electoral en 2019, diversos sectores –incluido el presidente de la UCR provincial- expresan su rechazo a esta metodología.
Una metodología que incluye escuchas, espionaje ilegal, filtración de información a medios de comunicación, campañas de fake news y hasta el armado de causas truchas en la justicia con aporte de los servicios de Inteligencia y en acuerdo con medios o periodistas, han sido y siguen siendo una característica del modelo macrista. De hecho tramitan numerosas causas en Tribunales.
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Al respecto, la diputada nacional entrerriana, Blanca Osuna (PJ) confirmó a NOTICIANO que presentó un proyecto ante la Cámara de Diputados de la Nación para repudiar el accionar del exministro del Interior de Cambiemos, Rogelio Frigerio.
Osuna asegura que “las operaciones –de espionaje ilegal- fueron ejecutadas bajo la directa responsabilidad de quien se desempeñó como Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, entre los años 2015 y 2019, quien estando a cargo de dicha cartera se encargó de desvirtuar el objeto institucional y el funcionamiento de la Dirección Nacional de Migraciones disponiendo el uso de su base de registros migratorios para el seguimiento ilegal de 58.169 personas, seguramente al amparo de una concepción integral del estado que en dicho período de gobierno fue una práctica común. Se han violentado así principios democráticos, y se vulneraron sistemáticamente los derechos de las distintas personas que fueron ilegalmente investigadas y espiadas como en las más oscuras épocas de la historia de nuestro país”.
El texto al que accedió NOTICIAUNO y que fue presentado ante la Presidencia de Diputados introduce: “Expresar su más enérgico repudio a la utilización del sistema de alertas de la Dirección Nacional de Migraciones para la realización de acciones de espionaje ilegal y tareas de inteligencia sin intervención judicial, que fueren llevadas a cabo por la Dirección Nacional de Migraciones dependiente del Ministerio del Interior durante la gestión del ex Presidente Mauricio Macri”.
Osuna describe esta situación como “las más oscuras épocas de la historia de nuestro país”:
“Estamos ante un hecho de espionaje ilegal que deja en evidencia la existencia de un modus operandi desarrollado durante la gestión del ex Presidente de la Nación Mauricio Macri, que ya quedó demostrado con las acciones efectuadas por el Director de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Héctor Arribas, y quien fuera la Sub-Directora, Silvia Cristina Majdalani, quienes se encuentran procesados y están siendo investigados por numerosas maniobras de espionaje ilegal y administración fraudulenta. Este accionar también ha sido materia de investigación de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso de la Nación donde se recopiló y relevó valiosa documentación que acredita la producción de inteligencia ilegal durante la gestión señalada.
Además las diversas investigaciones que se vienen efectuando sobre este modo de acutuar de la gestión macrista cabe tener presente, la causa a cargo del juez Alejo Ramos Padilla, sobre el denominado “Proyecto AMBA” de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que consistió en la instalación de seis bases de inteligencia en el conurbano bonaerense, en las zonas de Ezeiza, San Martín, Haedo (Morón), Pilar, La Matanza y Quilmes desde mediados del año 2016, a las que se sumaron también las delegaciones históricas con asiento en las ciudades de La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca, que incluía a ex comisarios bonaerenses y agentes de inteligencia y que tendría como propósito la realización de maniobras extorsivas y coactivas con el fin de obtener réditos económicos de forma ilegítima o procurar que las víctimas prestasen declaración de un modo direccionado en el marco de alguna causa judicial, o bien, ante algún periodista o medio de comunicación; como también las dos denuncias presentadas por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, que detallan tareas de espionaje sobre correos electrónicos de políticos, periodistas y miembros de las fuerzas de seguridad, y la realización de más de 400 fichas sobre periodistas que solicitaron acreditación al G-20, en 2018, y a la cumbre de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en 2017.
Tampoco pueden dejar de mencionarse las filtraciones de escuchas telefónicas originadas en causas judiciales y publicadas en medios de comunicación y la intervención de los teléfonos del penal de Ezeiza. Y las aberrantes acciones de espionaje efectuadas sobre los familiares de las víctimas del hundimiento del ARA San Juan de la Armada Argentina.
El caso que motiva la presente Declaración refiere a las operaciones que fueron ejecutadas bajo la directa responsabilidad de quien se desempeñó como Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, entre los años 2015 y 2019, quien estando a cargo de dicha cartera se encargó de desvirtuar el objeto institucional y el funcionamiento de la Dirección Nacional de Migraciones disponiendo el uso de su base de registros migratorios para el seguimiento ilegal de 58.169 personas, seguramente al amparo de una concepción integral del estado que en dicho período de gobierno fue una práctica común. Se han violentado así principios democráticos, y se vulneraron sistemáticamente los derechos de las distintas personas que fueron ilegalmente investigadas y espiadas como en las más oscuras épocas de la historia de nuestro país.
Cuando la actual gestión del Presidente Alberto Fernández asumió y definió “No más sótanos de la Democracia” se realizaron diferentes investigaciones acordes. Entre ellas las que permitió identificar la existencia de un sistema paralelo de alertas, denominado módulo “SICaM HALCON”, que posibilita la obtención de información del Registro Nacional de Ingresos y Egresos en tiempo real mediante alertas específicas. En el mismo fueron cargadas las identidades de personas para realizar sobre ellas un seguimiento, a todas luces, ilegal y sin ningún tipo de requerimiento judicial.
La denuncia presentada por la actual titular de la Dirección Nacional de Migraciones, Florencia Carignano, indica que cuando la Dirección General de Información, Análisis y Control Migratorio relevó lo actuado durante el gobierno de Mauricio Macri descubrió que “se habrían cargado ‘alertas’ relativas a diferentes personalidades del ámbito artístico, periodístico, político y gremial, que implicaría una desviación del fin público perseguido por la normativa habilitante sin motivo que lo justifique”.
Aunque la normativa vigente establece que “únicamente podrán ingresarse alertas a requerimiento del Poder Judicial, del Ministerio Público, o autoridad administrativa competente, en el marco de sus investigaciones, o en ejercicio de sus competencias debidamente justificadas; y a requerimiento de parte legitimada, en el marco de acuerdos internacionales de cooperación, adecuados a la legislación vigente”, las diversas cargas no contaron con respaldo judicial o administrativo alguno, en tanto otras no se correspondían a una instrucción específica por parte de la autoridad administrativa o judicial interviniente.
Estos hechos constituyen la ratificación del uso de un cobarde e ilícito accionar cuyo formato de espionaje ilegal aplicado a la obtención de información sobre personas constituyó evidentemente una estrategia política repulsiva que signara para siempre la gestión Macri. El mismo que, transitó gran parte de su función como Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y posteriormente asumió como Presidente en diciembre del 2015 procesado por espionaje en la causa por las escuchas ilegales en la Ciudad de Buenos Aires, y hoy se encuentra investigado por hechos de este mismo tenor. Las normas argentinas establecen que la captación y la utilización indebida de información administrada por un ente estatal constituyen una grave afectación a la privacidad de las personas, contrarían la Constitución Nacional, y Tratados Internacionales de Derechos Humanos suscriptos por nuestra República y la propia Ley 25.520 de Inteligencia Nacional.
En este sentido, estimo oportuno expresar el más enérgico repudio de tan aberrantes acciones por esta Honorable Cámara, y a tal fin es que solicito el acompañamiento de mis pares con la sanción del presente proyecto de declaración”.
Fuente: NOTICIAUNO
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