Nuestro país tiene 6.467 barrios populares, donde residen cinco millones de personas. En estos barrios, o villas miseria, el problema no es solo la pobreza, es la precariedad estructural del hábitat.
Un barrio popular es un espacio urbano marcado por el riesgo cotidiano. El 99% de estos hogares carece de acceso formal a gas natural, el 92% no tiene agua corriente formal y el 97% no tiene red cloacal. En este contexto, el 85,77% de las familias usa garrafas para cocinar, y un 37,82% emplea leña o carbón para calefaccionarse.
Las conexiones eléctricas, irregulares en casi el 60% de los casos, no hacen más que darle una forma monstruosa a todo esto, y es la causa más frecuente de incendios fatales. Cuando la falta de servicios básicos y la fragilidad de las viviendas se dan la mano, el desastre es una certeza.
Esta certeza pega justo en la población más joven, porque casi el 70% de los habitantes de estos barrios es menor de 29 años. Repito: cinco millones de personas sufren esto. (Fuente: ReNaBaP).
Hay algo no menor. A esta vulnerabilidad física se añade la social y emocional, anímico y ético: la falta de oportunidades en estos entornos genera resignación y frustración. Desarma la psiquis de las personas y da en el corazón de la construcción de expectativas de los jóvenes. No hay idea de futuro posible. No hay horizonte.
AMBA
La crisis de los barrios de la periferia es inseparable de la desigualdad territorial que define a la Argentina. Somos un país eminentemente urbano (el 92% de la población vive en ciudades), pero la distribución demográfica es insostenible (Repaper / CEPAL).
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que incluye CABA y 40 partidos bonaerenses, concentra 17 millones de personas (el 35,7% de la población total) en menos del 1% del territorio nacional. Somos dueños de una saturación ineficiente, porque estos entornos crecen a un ritmo del 2,06% anual, ocupando ya una superficie tres veces mayor a la Ciudad de Buenos Aires, y lo hacen sobre terrenos en riesgo (el 50% de estos asentamientos se encuentra en zonas inundables).
La respuesta para mitigar el incendio social y territorial reside en una política de descentralización y desarrollo regional, cuyo eje principal debe ser el fomento de las ciudades intermedias.
José Miguel Fernández Güell, urbanista de la Universidad Politécnica de Madrid, líder en Planificación Estratégica, opina que “la creación de una red eficiente de ciudades intermedias es el gran reto urbano del continente”.
Argentina cuenta con aproximadamente 200 localidades de tamaño intermedio (entre 20.000 y 200.000 habitantes) que concentran casi el 30% de la población nacional. Esta cifra se eleva a 67 Aglomeraciones de Tamaño Intermedio (ATIs, entre 50.000 y 1.000.000 de habitantes), un número que ha crecido sostenidamente desde 1947.
Como ejemplos valga Pergamino, un centro agroindustrial; Junín, además un nodo ferroviario y Trelew, en el Valle Inferior del Río Chubut.
Pero el concepto de ciudad intermedia trasciende el tamaño demográfico; se define por su función de mediación. Son articuladoras del sistema urbano, son el nexo entre las áreas rurales y los grandes centros, proveyendo servicios públicos, comercio, salud y educación a los pueblos cercanos. Son “intermedias” porque lo son en tamaño geográfico y poblacional y son “intermedias” porque median entre los pueblos y las grandes urbes.
Y el desarrollo estratégico de estas ciudades ofrece múltiples beneficios sistémicos para la Argentina:
Reequilibrio demográfico y territorial: Permite desacelerar la migración hacia las megalópolis como el AMBA. Se fomenta una distribución poblacional más justa y equilibrada.
Eficiencia en inversión: Las ciudades intermedias, por su escala, son más fácilmente gobernables. Su estructura urbana compacta favorece el consumo eficiente de recursos y permite que las demandas de infraestructura se cubran de forma más económica, hasta un 50% menos que en las grandes aglomeraciones.
Dinamismo económico: Proveen una masa crítica que atrae inversiones y fomenta la diversificación económica más allá de las actividades primarias, potenciando sectores de servicios, agroindustria o bioingeniería de semillas, lo que genera oportunidades laborales de calidad.
Cohesión regional: Se integra, se complementa el sistema urbano con el ámbito rural, se reduce la distancia que la población rural debe recorrer para acceder a servicios especializados.
El diagnóstico es claro: la masiva concentración de población en el 0,5% del territorio no resolvió, sino que agravó, la vulnerabilidad. Las estadísticas que detallan la distribución de las ATIs (32 en la región Pampeana, 11 en la Patagonia, 9 en el NOA y el NEA) demuestran que el interior del país tiene la escala y el potencial para absorber y generar desarrollo.
El fomento de ciudades como Tandil, Olavarría, Azul, Junín, o los centros subregionales bonaerenses, no es una política de desarrollo secundario; es una estrategia central"
Fernández Güell recordó que “un tejido adecuado de ciudades medianas ayuda a prevenir la despoblación del medio rural, porque ofrecen suficientes economías de escala y aglomeración para que se desarrollen servicios avanzados en un territorio orientado predominantemente a actividades primarias”.
En ese sentido, el fomento de ciudades como Tandil, Olavarría, Azul, Junín, o los centros subregionales bonaerenses, no es una política de desarrollo secundario. Es una estrategia central para la seguridad humana y la estabilidad económica, analiza Perfil.
Apalancar el desarrollo en corredores clave, como las Rutas Nacionales 5, 7 y 9, facilita la migración del AMBA hacia municipios que están listos para ofrecer una mejor calidad de vida.
Dejar de ver la tragedia del fuego en los barrios populares como un problema de índole social y entenderla como la consecuencia de un fracaso en el ordenamiento territorial es el primer paso. El segundo, y más urgente, es poner a las ciudades intermedias en el centro de la agenda pública. Si el drama nos estalló en el Gran Buenos Aires, la salida está en construir un futuro con oportunidades y esperanza lejos de las llamas.