La procuradora Adjunta del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Cecilia Goyeneche, afirmó que este viernes se realizará la indagatoria de los gremialistas de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), detenidos en el Hospital Colonia de Salud Mental de Diamante por el delito de coacción contra la directora del nosocomio y en esa instancia se solicitará “la continuidad de la prisión preventiva”.
La magistrada señaló que “la intención es que estas personas que no han demostrado ningún interés en respetar la institucionalidad del organismo continúen detenidas, al menos en esta primera etapa de la investigación penal”.
Igualmente, si el juez decidiera otra cosa, se analizará una alternativa "como la posibilidad de disponer una restricción de acercamiento" al hospital y a la Directora Trossero, agregó en declaraciones al programa A quien corresponsa (Radio de la Plaza).
Tal como adelantó este miércoles NOTICIAUNO, Goyeneche informó que “se está evaluando hasta dónde llegan las responsabilidades y las imputaciones”, y consideró que “es probable que la imputación llegue al ministro de Salud, Ariel De la Rosa”.
Y puntualizó que el delito de coacción agravada por el que sería imputado el ministro “tiene una pena de 5 a 10 años de prisión cuando las coacciones tienen por fin obtener una medida concreta de un organismo público”.
La procuradora recordó que se trató en primer término de un hecho de coacciones denunciado el lunes donde se pretendía bajo la fuerza lograr una medida por parte de la directora del hospital, frente a lo cual ésta formuló la denuncia y se le tomó testimonial, por lo cual el fiscal junto con el procurador "estaban atentos a este caso porque como la medida que se pretendía no había sido tomada se estimaba que podían repetirse los hechos".
En el día de ayer, “efectivamente esto pasó". Las personas "volvieron a presentarse en la dirección del hospital para tratar de obtener la medida, esto es un hecho delictivo porque por vía de amenazas y uso de fuerzas se pretendía que la directora realice un acto de su cargo y por eso se decidió la detención en un hecho en flagrancia”, puntualizó.
En ese marco, adelantó que “mañana (por el viernes) se los va a indagar y se solicitará la continuidad de la prisión preventiva” y agregó que “siguen incomunicados por decisión del fiscal de Diamante”, pero estimó que la incomunicación “será hasta la indagatoria”.
Aclaró que al tratarse de “un hecho en flagrancia se solicita indagatoria por vía de audiencia con el juez y en esa instancia se solicita la continuidad de la detención en la prisión preventiva”.
Puntualizó que si bien habían sucedido hechos similares días antes, “ayer estas personas se presentaron con una resolución del ministro De la Rosa para reintegrar a una empleada y con la pretensión de hacerla cumplir, y allí es donde se produce esta situación contra la directora y ella realiza la denuncia, ante los funcionarios policiales que estaban en el hospital y se desenlaza la detención”.
Adelantó también que “la pretensión es que mantengan las detenciones y que se disponga la prisión preventiva, pero obviamente si el juez decidiera otra cosa veremos las medidas alternativas”, como podría ser una restricción. “Nuestra intención es que estas personas que no han demostrado ningún interés en respetar la institucionalidad del organismo y han reiterado la comisión de hechos de coacciones sean privados preventivamente de la libertad, al menos en esta primera etapa de la investigación penal”.
Afirmó que el secretario general del sindicato y diputado provincial, José Ángel Allende no se comunicó con ella, pero sostuvo que “estos hechos fueron cometidos en flagrancia con lo cual es muy difícil pedir explicaciones sobre un hecho que es muy claro”.
Consultada por la pena que podría corresponder, Goyeneche explicó que “en el delito de coacción hay que estudiar bien las características del caso y cómo se califica, esto es un concurso entre coacciones y atentado a la autoridad, pero el delito de coacción agravada tiene una pena de 5 a 10 años de prisión cuando las coacciones tienen por fin obtener una medida concreta de un organismo público”. “Tiene una pena bastante alta y por eso también se va a fundar en esto el pedido de prisión preventiva”, explicitó.
Sobre el agravante que podría ser el cargo que el detenido Fabián Monzón tiene en el Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER) indicó que “todo se analizará el día del debate oral” pero “obviamente las responsabilidades institucionales que tiene cada persona son merituadas dentro de la gravedad del hecho penal cometido; porque no es lo mismo que ese hecho lo cometa cualquier ciudadano a que lo cometa un ciudadano que tenga una responsabilidad institucional”.
Sostuvo también que “se está evaluando hasta dónde llegan las responsabilidades y las imputaciones, y es probable que se impute también al ministro, pero es algo que están evaluando los fiscales”. “Por las características del hecho, es probable que la imputación llegue hasta allí”, añadió.
Goyeneche señaló que también “hubo una denuncia hace unos meses atrás en la Fiscalía de Villaguay, donde hay una causa que está en trámite, con otro grupo de UPCN”.
La fiscal se refiere a la toma de la Dirección del Hospital Santa Rosa de Villaguay, que fue denunciada por NOTICIAUNO, y que generó un pronunciamiento de la comunidad médica de ese lugar.
Fuente: Noticiauno - Análisis
