Nueve días después de la desaparición de Santiago Maldonado – el joven de 28 años que desapareció tras la represión de la Gendarmería cuando se encontraba en un campamento mapuche de la Patagonia para apoyar una protesta indígena- el juez federal de Esquel Guido Otranto allanó y dirigió rastrillajes con perros en los escuadrones, camiones unimog y camionetas de la fuerza de seguridad de esa ciudad y de El Bolsón.
Los procedimientos no arrojaron indicios sobre el paradero del joven, que el gobierno se niega a encarar como un caso de desaparición forzada. El juzgado, en cambio, comenzó al menos a investigar la hipótesis que involucra a la Gendarmería, tal como señalaron los habitantes de la comunidad mapuche.
Desde las 17 de hoy, la Plaza de Mayo recibirá a organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y a manifestantes que reclamarán la aparición con vida de Santiago Maldonado.
Según informaron fuentes de la causa, los perros localizaron algunos elementos en la caja del camión unimog que utiliza el escuadrón de Gendarmería de El Bolsón: efectivos de la federal a cargo de los peritajes detectaron una mancha en la caja del vehículo y otra en una soga, ambas de dudosa procedencia –es decir, no dieron seguridad de que fueran restos de sangre, por ejemplo– y extrajeron cinco pelos que fueron a destinados a análisis.
Cabe recordar que el juez federal ordenó los rastrillajes, reclamados en el expediente judicial por la familia, los organismos de derechos humanos que presentaron un hábeas corpus, el defensor oficial, y la fiscalía junto a otro puñado de medidas que no fueron habilitadas, cuando Maldonado llevaba nueve días de desaparecido. Sin ir más lejos, las camionetas que fueron parte de los elementos revisados por los perros, fueron lavadas y una de sus fajas fue violentada inmediatamente después de haber sido utilizadas en la represión sobre la comunidad mapuche.
Maldonado estaba en la comunidad el 1 de agosto, cuando la Gendarmería ingresó al territorio en donde está establecida y donde reclama tierras ocupadas por la familia Benetton, y reprimió a sus integrantes con balas de goma y plomo. La cacería llevó a los integrantes del pueblo hasta la orilla de un río. Varios pudieron cruzarlo, pero Santiago no. Testigos de la comunidad –que aún no declararon ante Otranto por sentir que su vida corre peligro– aseguraron que vieron al joven artesano esconderse detrás de un arbusto y ser descubierto por gendarmes que lo golpearon, lo llevaron a la carga hasta un camión unimog y de allí lo trasladaron hasta una camioneta de Gendarmería apostada en el cruce de las rutas nacional 40 y el desvío a la localidad de El Maitén, en las afueras de la comunidad. Desde entonces, se desconoce su paradero.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; su jefe de Gabinete, Pablo Noceti, y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avrvuj, entre otros funcionarios del gobierno nacional, defendieron a capa y espada a la Gendarmería y le bajaron el tono al hecho desde un principio, considerando la ausencia de Maldonado como un “extravío”. Bullrich fue convocada por la Comisión de Derechos Humanos del Congreso para dar explicaciones el miércoles, pero no concurrió al encuentro.
A diferencia de la inacción oficial, organizaciones sociales acudieron al lugar desde las primeras horas y presentaron ante Otranto pedidos de hábeas corpus. Tras un reclamo urgente del CELS, el grupo de trabajo sobre la desaparición forzada de la ONU urgió al Estado nacional a que adopte medidas para dar con el paradero del joven. El Estado nacional respondió con la oferta de recompensa monetaria a quien aportara datos y ayer hicieron circular un video de un joven en Entre Ríos, quien rápidamente desmintió ser Maldonado.
La orden de la ONU fue reforzada con una acción urgente implementada desde Amnistía Internacional.
En este contexto de gravedad institucional, la Sociedad Rural Argentina que comanda el entrerriano Luis Miguel Etchevehere –probable ministro del gabinete nacional después de octubre- hizo público un preocupante comunicado titulado “Tiene que terminar la impunidad para los grupos delictivos y violentos del sur”.
En el documento, la entidad rural no sólo ignora la desaparición de Maldonado, sino que respalda el accionar de la Gendarmería Nacional, fuerza que reprimió la protesta mapuche de la que participó Santiago Maldonado y es señalada como responsable de su desaparición.
La Rural destacó que "es importante que se esté actuando frente a la problemática, ya que son muchas las familias de productores que sufren la amenaza constante de este grupo criminal (los mapuches), que por años se manejó con total impunidad".
El Comunicado
“Las familias rurales patagónicas, que históricamente han estado integradas con las comunidades originarias en el trabajo y la producción, desde hace un tiempo son víctimas del hostigamiento y el violento ataque del grupo delictivo conocido como Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).
El accionar violento y la reiterada violación de la ley que lleva adelante esta agrupación nada tienen que ver con la reivindicación étnica.
Entre los delitos por los que esta asociación criminal es acusada está el incendio de viviendas, de bosques, el ataque a trabajadores rurales, la privación ilegítima de la libertad, el abigeato, la usurpación y el daño a la propiedad privada.
Es importante que se esté actuando frente a la problemática, ya que son muchas las familias de productores que sufren la amenaza constante de este grupo criminal, que por años se manejó con total impunidad.
Es hora de que la Justicia aplique la ley en tiempo y forma. A pesar de todas las pruebas que existen en contra de estos grupos criminales, hay jueces que actúan con llamativa demora.
La impunidad para la RAM como para cualquier grupo delictivo tiene que terminar, y para eso, la Argentina requiere de jueces probos y de una justicia ágil, que resguarde al ciudadano que se ajusta a derecho”.
La publicación del comunicado en la cuenta oficial de Facebook de la Sociedad Rural
Fuente: Noticiauno
