La legislatura porteña reformó hace dos semanas la ley que regula la actividad de los corredores inmobiliarios de la Capital Federal, disponiendo que éstos no podrán cobrar comisión a los inquilinos en los contratos de alquiler de viviendas.
En realidad, no se trata de una ley de alquileres -como se la llama- porque en ese caso sería una materia sobre la que solo debería legislar el Congreso de la Nación, pues implicaría una reforma del Código Civil y Comercial.
Lo que hizo la legislatura porteña fue cambiar algunos puntos de la Ley de Corretaje, norma de carácter local que regula la actividad de los corredores inmobiliarios, y por ello reservada a las provincias (y a la Ciudad de Buenos Aires).
¿Qué estableció la mal llamada Ley de Alquileres porteña recientemente reformada?
Que las inmobiliarias no podrán cobrarles comisión a los inquilinos sino a los propietarios y que esa comisión no podrá superar el 4,15% del monto total del contrato de alquiler. Tampoco podrán cobrarle al inquilino gastos tales como los de gestoría, que comprenden los certificados de dominio de la propiedad del garante o la certificación notarial de firmas, entre otros, que serán absorbidos por el corredor o quedarán a cargo del propietario.
Varios constitucionalistas advirtieron que la norma sancionada por la legislatura porteña –una iniciativa del jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta- choca contra el Código Civil y Comercial, que no puede modificar. Es inconstitucional. En efecto, el artículo 1351 del Código Civil reformado establece que “si en una operación de alquiler sólo interviene un corredor, todas las partes le deben comisión”. De allí que la norma sancionada por la Legislatura porteña, al limitar el cobro de comisión al propietario, estaría modificando ese criterio legal, por lo que resultaría lisa y llanamente inconstitucional.
En Entre Ríos también existe una ley que se refiere al tema de las comisiones inmobiliarias. Es la ley 9.739 que regula la actividad de los corredores inmobiliarios de la provincia. Dicha ley establece que “en caso de no existir acuerdo previo con el cliente, regirán los aranceles sugeridos por el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios” que para el caso de los alquileres fija una comisión que equivale “al 5% del monto total del contrato”(tope casi idéntico al recientemente fijado en la Ciudad de Buenos Aires).
En consonancia con el Código Civil, la ley provincial también dispone que los corredores tienen derecho a “percibir honorarios de cada una de las partes (propietario e inquilino) en el caso que intervinieran como único corredor de una operación”.
Cabe recordar además que en Entre Ríos la fijación de los honorarios profesionales de los corredores inmobiliarios (comisión) es una competencia exclusiva del Colegio que los nuclea. Y ello es así por disposición de Ley provincial 10.377 que entró en vigencia en julio de 2015 (autoría de la diputada provincial Rosario Romero), en virtud de la cual los honorarios y aranceles profesionales (los que cobran las inmobiliarias y el resto de las profesiones liberales) recobraron su carácter de orden público, carácter que habían perdido en la década menemista, como consecuencia de la llamada “desregulación económica”, que flexibilizó no solamente el salario de los trabajadores sino también los honorarios profesionales.
El proyecto de la diputada María Elena Tassistro (Frente Renovador)
La legisladora presentó un proyecto de ley -que ingresó a la cámara baja el 29 de agosto- en el cual establece que "en los contratos de locación de inmuebles con destino a vivienda los honorarios no podrán superar el cinco por ciento del total del contrato y del tres por ciento cuando se renueve". Además plantea que "aquellos inmuebles que se encuentren deshabitados durante un año estén sujetos a la aplicación de un adicional, que puede ir entre el 50 por ciento y 200 por ciento, del Impuesto Inmobiliario".
La respuesta del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos
José María Armándola, presidente del Colegio de Corredores, manifestó una serie de críticas a la iniciativa de Tassistro y adelantó el rechazo de la entidad porque "el proyecto de ley presenta inexactitudes y falsedades".
"El proyecto refleja un desconocimiento de la ley que rige en Entre Ríos bastante grande", dijo Armándola, quien explicó que "en Entre Ríos la ley que rige data de 2015" y "en materia de honorarios profesionales se reimplantó hace dos años su carácter de orden público, en función de la cual las normas dictadas por el Colegio ya lo establecen y en el caso de locación de inmuebles para vivienda la comisión es del 5 por ciento, ya dispuesto por asamblea extraordinaria de matriculados y esto es así para evitar la existencia de abusos".
Armándola recordó que "haciendo un análisis histórico, eso de que pague una sola de las partes es uno de los efectos no deseados del intervencionismo del Estado. Por ejemplo -dijo-, la Ley de Alquileres congeló el precio de los alquileres por unos 30 años y era imposible conseguir una casa para alquilar. Esto fue desde la década del 50 a los 80. No se podía progresar porque salían con estas ideas geniales, de querer regular y controlar los precios", cuestionó.
"Lo mejor que pueden hacer es una ayuda para bajar la inflación, para que haya créditos hipotecarios para que los inquilinos puedan pasar a ser propietarios; tantas cosas se pueden hacer", lamentó el titular del Colegio, quien añadió que "este tipo de proyectos como el de la diputada Tassistro paraliza la rueda económica del sector, porque intervienen y pretenden hacerlo desde el desconocimiento".
"También quieren subir el impuesto de casas desocupadas entre el 50 y el 200 por ciento, lo cual transgrede las leyes como las de Coparticipación y la Constitución provincial. Lo que dicen las leyes es que la alícuota sobre el avalúo del inmueble urbano es del 1,5 por ciento". Según explicó Armándola, esa alícuota que propone el proyecto es la creación de un nuevo impuesto al que decidieron denominar "la capacidad alquilable" de un inmueble.
"Al proyecto lo vemos como un oportunismo político en épocas de elecciones con un tema tan sensible como el de la vivienda", fustigó Armándola, quien sostuvo que "el inquilino está protegido y que en Entre Ríos no hay conflictos entre oferta y demanda".
"Nosotros actuamos profesionalmente generando el equilibrio porque ahí es donde se conectan los negocios justos. No representamos a ninguna de las dos partes, unimos voluntades", concluyó.
Fuente: Noticiauno
