Un decreto publicado en el Boletín Oficial establece la constitución de la sociedad "Corredores Viales SA", que estará integrada por el Ministerio de Transporte a cargo de Guillermo Dietrich, con un 51% del capital accionario, y por la Dirección Nacional de Vialidad, con el 49% restante. Su objetivo es todo lo relativo a obras en rutas, autopistas y accesos viales nacionales.
El decreto de creación de Corredores Viales fue firmado por Macri; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; y el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. Según dice el texto del documento, el propósito de la empresa será “la construcción, mejora, reparación, conservación, promoción, ampliación, remodelación, mantenimiento, operación, financiación, administración, explotación y prestación de servicios al usuario, en trazas, rutas, autopistas, accesos, corredores y cualquier otra red vial de jurisdicción nacional, y el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones resultantes de toda concesión con cobro de peaje que se le confiera”. Es decir, las mismas funciones que tiene hoy Vialidad Nacional.
El decreto contempla, en el artículo 3, la creación de la “Asamblea de Socios” de la empresa, que será la encargada de “aprobar modificaciones posteriores” del Estatuto Societario: la venta de acciones.
Así como abre la puerta al ingreso de socios privados, el decreto deja el camino allanado para realizar contrataciones al margen de las regulaciones previstas para el Estado y que el gobierno debería respetar si hiciera las obras a través de Vialidad Nacional. “Establécese expresamente que no resultan aplicables a Corredores Viales”, sostiene el documento sobre las disposiciones consagradas en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos; el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional y la Ley de Obras Públicas. Dicho de otro modo, Corredores Viales S.A. no tendrá que hacer las licitaciones que tiene obligación de realizar Vialidad Nacional, sino que podrá hacer contrataciones directas y decidir discrecionalmente qué empresa hace cada obra.
Además, en los artículos 4 y 5 establece que “no resultan aplicables a Corredores Viales S.A. las disposiciones de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Nº 19.549 y sus modificatorias, del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional”, y que “la sociedad mantendrá con su personal una vinculación laboral de Derecho Privado”, lo cual implica un cambio en el régimen laboral para los trabajadores del organismo.
Privatización encubierta
La creación de la nueva Vialidad desató rápidamente un conflicto con los trabajadores del gremio UPCN, que a nivel nacional denunciaron una "privatización encubierta" del organismo y advirtieron que el decreto abre la puerta a que sean traspasados al régimen privado.
Es que el artículo 5 del decreto establece que la nueva SA "mantendrá con su personal una vinculación laboral de Derecho Privado". Lo peor es el artículo 8 que le abre la puerta al traspaso de los actuales empleados de Vialidad Nacional a esa sociedad anónima.
"Facúltase a la Dirección Nacional de Vialidad, para que en conjunto con el Ministerio de Trabajo establezcan con las organizaciones gremiales representativas de los trabajadores, en caso de corresponder, la transferencia de los mismos a la sociedad concesionaria", dice el artículo de la polémica. Ante esto, la sede de Vialidad estaba esta mañana rodeada de policías, aunque se espera que lo peor del reclamo llegue más adelante.
Respecto a la posible privatización, también generó alerta que el decreto habilita a que "en caso que el interés público lo requiera, podrán participar de la sociedad personas de carácter privado a través de los procedimientos de selección correspondientes". Es decir que podría modificarse la composición accionaria y avanzar a un modelo de asociación similar al del Arsat 3 que tiene mayoría de un privado.
Anticipándose a la reacción de los trabajadores, esta mañana el edificio de Vialidad sobre Diagonal Sur amaneció vallado por la policía, con oficiales del lado de adentro y con un carro hidrante en la puerta. A las horas, se les comunicó a los trabajadores que se les daba asueto y se les pidió que dejaran sus puestos. Mañana es día del Camino y feriado para Vialidad Nacional por lo que recién el viernes les darán al personal más detalles sobre su futuro.
Repudio de SOEVER
Desde el Sindicato de Obreros y Empleados Viales de Entre Ríos (SOEVER) expresaron un “total repudio” a la creación de la empresa Corredores Viales SA.
“Expresamos nuestro total repudio y rechazo al decreto del presidente (Mauricio) Macri y nuestra solidaridad para con los trabajadores de Vialidad Nacional. Esto es una barbaridad más de este Gobierno, que ya casi no asusta a nadie y es lo lamentable, porque debería asustar a todo el mundo”, expresó el secretario general del gremio, Juan Carlos Lallana, quien apeló a que la oposición del Congreso “dé un debate y se oponga en las dos cámaras al decreto”.
“Esto es una privatización encubierta, partiendo desde la base de que los 6 mil trabajadores de Vialidad Nacional pasarán a la empresa privada, perderán los derechos de los trabajadores del Estado y serán regidos por la Ley de Contrato de Trabajo Nº 24.474. ¿Qué más que esto para decir que se trata de una privatización?”, cuestionó.
Al mismo tiempo, apuntó que aguardan a que desde la Federación Argentina de Trabajadores Viales (FAT Vial) se emita algún documento de rechazo a la iniciativa oficial.
Lallana agregó que la situación nacional sirve para analizar lo que sucede en la Entre Ríos con el tema de los consorcios camineros que se trata en la Legislatura provincial: “Se le cae a la careta a quienes los propician, que supuestamente lo hacen en pos de que los productores tengan caminos. Es simplemente tratar de que pasen los recursos del Estado hacia la parte privada, aunque en mucha menor medida, pero siempre por algo se empieza”, culminó el dirigente en declaraciones a Apf.
Por su parte, ATE a nivel nacional ya emitió su primer comunicado titulado "Macri privatizó Vialidad Nacional" en el que explicó que en el decreto que crea la nueva SA, "Macri apeló a leyes de emergencia del año 1990 que ya no se encuentran vigentes y que se usaron en esa década para intentar destruir Vialidad Nacional".
