El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), mediante una resolución que pasó desapercibida porque fue firmada el 31 de marzo de este año y publicada en el Boletín Oficial el jueves 6 de abril, día de paro nacional, autorizó el cierre de radios y el uso de la fuerza pública “de ser necesario”. Antes, había dictado otra norma que establece un protocolo de casos de interferencia de aeropuertos con mecanismos sumarísimos: intimar el cese de emisiones, dar un plazo de 3 días para el descargo, verificar la licencia, declarar ilegal a la emisora, requerir a la justicia federal el secuestro de equipos y formular la denuncia penal contra los directores y periodistas.
Se trata de la Resolución 9435 y la Resolución 2064-E/2017 del ENACOM.
Las normas, a las que accedió NOTICIAUNO motivaron el cierre de varias emisoras en todo el país. Incluso se iniciaron acciones penales contra los responsables de las emisoras y algunos periodistas. En todos los casos la infracción es la misma: las radios interfieren las comunicaciones aéreas. En todos los casos también, se trata de emisoras con una línea editorial crítica del gobierno nacional.
Esta gravísima embestida contra la libertad de expresión causó hace dos semanas el cierre de una radio en Entre Ríos que fue denunciado por NOTICIAUNO. (ver acá). Con iguales argumentos e idénticas consecuencias.
Hay más casos
El ENACOM realizó operativos similares de decomiso de equipos de radio en otras provincias, como en Chaco, Formosa y Corrientes, Buenos Aires y el sur del país. Todas fueron obligadas a salir del aire por el Enacom con la excusa de que provocaban interferencias.
La resolución 9435, redactada por el ente dependiente del Ministerio de Comunicación, estableció en diciembre 2016 un protocolo de supuestos de interferencia de aeropuertos con mecanismos sumarísimos: intimar el cese de emisiones, dar un plazo de 3 días para el descargo, verificar la licencia, declarar ilegal a la emisora, requerir a la justicia federal el secuestro de equipos y formular la denuncia penal.
Históricamente, cada vez que se denuncia una interferencia, el radiodifusor apaga la señal, constata la interferencia y presenta un informe técnico (avalado por el Copitec) para volver a encender la radio.
Pero ahora “hay comunicadores con miedo, comunicadores procesados, personas que no cometieron ningún delito sino que ejercieron el derecho a la comunicación en un contexto en el que el Estado está en deuda”, advirtió Pablo Antonini, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias (Farco) que junto a la CCD, la Unión de Comunicadores Audiovisuales y Afines (Ucaya) y la Asociación de Radiodifusoras (Arbia) denunciaron ante los directores del organismo el “abuso de autoridad”, criticaron los exiguos plazos administrativos impuestos por las resoluciones, pidieron la revisión de las causas penales y recordaron que el Estado está en deuda con la puesta en marcha de un plan técnico en todo el país, como ordenan varios artículos vigentes de la Ley de Medios.
La otra resolución 2064-E/2017 posterior creó una Dirección específica para avanzar sobre las estaciones radioeléctricas “no autorizadas” o en infracción. La infracción es la interferencia.
Este dato no es menor porque prácticamente la totalidad de las emisoras entrerrianas son técnicamente “servicios no autorizados”. Es decir que aunque operen desde hace varios años y hayan cumplido con todas las leyes vigentes en la materia, aún no cuentan con licencia otorgada por los organismos del Estado nacional que no dispuso los mecanismos que permitieran obtener esas licencias, lo que las convierte según los términos de la ley en servicios no autorizados de radiodifusión.
Dicho de otro modo: la inmensa mayoría de las radios está en peligro con esta resolución que otorgó a un funcionario de rango inferior, a cargo de la Dirección Nacional de Control y Fiscalización del Enacom, “la facultad de disponer la clausura, secuestro, apercibimiento, multa y/o comiso según corresponda, de estaciones radioeléctricas no autorizadas o en infracción, incluyendo las de radiodifusión, con el concurso del poder judicial y la fuerza pública, en caso de ser necesario”.
La resolución está plenamente operativa y en todos los casos el argumento utilizado son las interferencias causadas.
Diversas fuentes consultadas por NOTICIAUNO coincidieron en señalar que la resolución atenta "contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual" sancionada en 2009, que entre otras cosas expresamente establece “un debido proceso previo que permita al radiodifusor conocer primero los incumplimientos que se le endilgan y luego cumplir lo que exige el Enacom”.
El claro peligro y la gravedad de la resolución tiene que ver con que “la mayoría de las emisoras sufren de una precariedad jurídica que les impide desarrollarse con tranquilidad”.
“La sola posibilidad de castigar el derecho de antena como esta resolución lo reafirma, debería poner en alerta a todos los derechos de comunicación”, advirtieron ante la consulta de este medio numerosas fuentes especializadas.
En tal sentido afirmaron que “llama la atención que la resolución de Enacom dictada entre gallos y medianoche no mencione expresamente a aquellas emisoras que no tienen licencia pero que sí tienen reconocimiento o están empadronadas (censadas) desde el año 2010”.
Es elocuente y demuestra una eventual intención de acallar a la prensa crítica “que a pesar de que existen esas formas diversas de reconocimiento legal posteriores a la sanción de la Ley 26.522 conocida como Ley de Medios, esas emisoras no hayan sido expresamente excluidas de la resolución”, insistieron.
Asimismo, cabe señalar que “si existen medios no autorizados como dice la norma, es porque el Estado no ha sido capaz de brindarles la legalidad que les corresponde, ni de cumplir con esa misma legalidad que hoy se enarbola como excusa para dar paso a posibles decomisos, multas y cierres con el auxilio de las fuerzas de seguridad”.
Algo inadmisible en un Estado de derecho y en una sociedad democrática que debe arbitrar todos los mecanismos para garantizar la libertad de expresión, no amenazarla como se hace en esta resolución, “fruto de la cual ya han sido cerradas y decomisadas numerosas radios de todo el país”, se alertó a NOTICIAUNO.
En la provincia tomó notoriedad el reciente caso de Diamante: el gobierno nacional ordenó “cesar las emisiones y desmantelar” FM Radio Mix de Diamante que operaba en el dial 106.5 Mhz. desde hace once años, pero era una emisora "no alineada a Cambiemos". (ver acá)
“Es que el Estado sigue sin comprender el verdadero rol social de estos medios, o lo comprende y les teme, ejerciendo ahora una persecución abiertamente reprochable y que no tendría otro objetivo que la censura de determinados medios”, sentenciaron.
Diversas organizaciones vinculadas a la defensa de la libertad de expresión también enfatizaron que “la resolución muestra que el Enacom está más preocupado por agilizar mecanismos restrictivos que por evitarlos otorgando derechos”.
Este instrumento “ha caído muy mal en radios de baja potencia, comunitarias o alternativas porque cualquiera que no haya conseguido los permisos para funcionar del COMFER o de la ex AFSCA, ahora está sujeto a decomiso”.
Muchas radios de baja potencia que apoyaron la denominada Ley de Medios nunca lograron recibir las licencias. Aunque no sean ilegales, según la normativa están encuadradas como “servicios no autorizados”.
Ni la Comisión Nacional de Comunicaciones ni la Secretaría de Comunicaciones elaboraron un plan técnico para otorgar frecuencias y asignar potencias, que era el objetivo de la ley sancionada en 2009.
Los servicios “no autorizados” a los que se puede cerrar y decomisar con ayuda de las fuerzas policiales según la Resolución del Enacom “no son ilegales por voluntad sino por los retrasos del Estado para garantizar su legalidad y sus mínimas condiciones de desarrollo”.
Por ello se alerta de “cualquier intento de acallar las voces bajo cualquier pretexto y sobre la discrecionalidad que esta Resolución puede darle al Estado nacional para embestir contra las voces disidentes”.
Fuente: Noticiauno
