Miércoles, 13 de Diciembre de 2017 | 04:05:26
21/11/2017

La Justicia inició de oficio una investigación contra Ruiz Díaz por defraudación agravada

Fuentes judiciales confirmaron que tras la denuncia periodística de NOTICIAUNO, se investiga a la exsenadora nacional que cobró doble (una jubilación provincial y un sueldo en el Congreso) por el delito de “defraudación agravada contra la Administración Pública” reprimido con una pena de dos a seis años de prisión e inhabilitación perpetua. La situación de la exsenadora K “es complicada” y podría desencadenar una causa federal.

 

A partir de la investigación de NOTICIAUNO que reveló que la exsenadora nacional Elsa Ruiz Díaz (FPV) cobró y cobra indebidamente una abultada jubilación provincial a la par de un elevado sueldo como empleada del Senado nacional en perjuicio de la Caja de Jubilaciones de la Provincia y también de la cámara alta, la Justicia provincial inició de oficio una investigación por la posible comisión del delito de “defraudación agravada contra la Administración Pública” previsto y reprimido por el artículo 174 inciso 5°del Código Penal con una pena de dos a seis años de prisión. El mismo artículo establece además que "el culpable, si fuere funcionario o empleado público, sufrirá además inhabilitación especial perpetua".

La investigación judicial cuyo inicio fue confirmado a NOTICIAUNO por una fuente tribunalicia, tratará de dilucidar si Ruiz Díaz “omitió dolosamente informar a la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos su situación de empleada del Senado nacional, lo que le permitió cobrar injusta e indebidamente su jubilación desde el mes mayo de 2016 hasta la actualidad”, a la par de su sueldo como empleada del Congreso nacional, cargo que ostenta hasta la actualidad.

Las fuentes no dudaron en señalar que “informar su calidad de empleada del Senado es una obligación impuesta por la Ley Provincial de Jubilaciones Nº 8732 que en su artículo 75 establece claramente que en los casos en que existiera incompatibilidad con el goce del beneficio (jubilación) y el desempeño de la actividad (sueldo del Senado) el jubilado deberá denunciar esa circunstancia en la Caja de Jubilaciones dentro de 30 días corridos desde la fecha en que volvió a la actividad”.

Si su empleo en el Senado no fue denunciado a la Caja en ese plazo, la exsenadora “será suspendida en el goce del beneficio”. Y además “deberá reintegrar con intereses lo que cobró indebidamente en concepto de haberes jubilatorios", sumado a que "quedará automáticamente privada del derecho de computar los servicios que prestó para cualquier reajuste o transformación antes de la denuncia".

“La ley de jubilaciones es clara: Ruiz Díaz debió informar que continuaba trabajando en el Senado y además debió hacerlo en el plazo que fija la ley; acá no hay excusas, sólo resta que los organismos a los cuales se les solicitó informes envíen la documentación que se tramitó cuando la Justicia tomó conocimiento de la investigación periodística” para abrir formalmente la causa penal contra la exsenadora nacional oriunda de Victoria.

Cabe recordar que tal como evidenció la investigación de NOTICIAUNO, Ruiz Díaz no sólo omitió informar a la Caja de Jubilaciones que estaba designada en el Senado como empleada, sino que además se presentó en tres oportunidades a la Caja de Jubilaciones solicitando el pago de la jubilación que le habían suspendido mientras duró su mandato de senadora nacional (diciembre de 2011 a diciembre de 2013).

Desde el mismo día en que dejó de ser senadora nacional (10 de diciembre de 2013), Elsa Ruiz Díaz fue designada como empleada del Senado por el exvicepresidente Amado Boudou.

Desde ese nombramiento y hasta el día de hoy, Ruiz Díaz es empleada del Senado, está activa y cobra un elevado sueldo del Congreso.

Sólo un mes estuvo sin cargo: mayo 2016, mientras se firmaba un nuevo decreto de designación.

La Resolución Administrativa del Senado N° 933 de mayo de 2016 le “dio de baja en su cargo categoría A-1 a partir del día 28 de abril de 2016”.

Pero esa baja DURÓ APENAS UN MES: mayo de 2016.

Como publicó NOTICIAUNO, a través de la Resolución 1137 de junio de 2016 volvió a tener un cargo en el Senado “a partir del 1° de junio de 2016”.

ESTE ES EL NOMBRAMIENTO QUE RUIZ DÍAZ OMITIÓ INFORMAR A LA CAJA DE JUBILACIONES.

 

La conducta de la exsenadora ante la Caja:

El 27 de noviembre de 2015 cuando creyó que cesaría en su empleo en el Senado, presentó la PRIMERA NOTA a la Caja: “Me dirijo a Usted a efectos de informar que a partir del 10 de diciembre de 2015 ceso en mi función de Secretaria Administrativa del Honorable Senado de la Nación. Por tal motivo SOLICITO EL ALTA DE MI BENEFICIO JUBILATORIO A PARTIR DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2015”. Pero la Caja no le pagó la jubilación porque “SU PEDIDO NO ESTABA RESPALDADO POR LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITARA EL CESE DE SU EMPLEO EN EL SENADO”.

Cinco meses después –el 24 de mayo de 2016-, Ruiz Díaz reapareció en la Caja y presentó una SEGUNDA NOTA “OTRA VEZ INTENTANDO COBRAR SU JUBILACIÓN”. En ese momento pidió su “alta de beneficio jubilatorio a partir del 1° de junio de 2016 con motivo de cesar el 31 de mayo de 2016 en mis funciones a nivel nacional”.

Un mes después –el 6 de julio de 2016- corrigió ante la Caja la fecha en la que había sido dada de baja en el Senado y dijo a través de una TERCERA NOTA que su empleo en el Senado había terminado en abril de 2016 (no a fin de mayo de 2016 como había dicho en la segunda nota).

Sin embargo, cuando presentó esa tercera nota para que la Caja volviera a pagarle la jubilación provincial, Ruiz Díaz ya estaba designada otra vez en el Senado. Y OMITIÓ INFORMARLO A LA CAJA.

Su nueva designación en el Senado, que mantiene hasta hoy, se hizo efectiva “a partir del 1º de junio de 2016 mediante la Resolución 1137 del Senado nacional.

Después de haber obtenido esa nueva designación en el Senado, SABIENDO que en la Caja había PRESENTADO antes UNA NOTA solicitando el pago de sus jubilaciones “porque su cargo en el Senado había cesado”, en lugar de VOLVER A LA CAJA E INFORMAR LA NUEVA DESIGNACIÓN PARA EVITAR QUE LE PAGUEN INDEBIDAMENTE LA JUBILACIÓN, desapareció. 

Y permitió que la Caja –curiosamente sin la firma de su presidente, Daniel Elías- emitiera una resolución (la 3808) basada en una información que se sustentaba en el cese que ella había informado, que ordenó el pago retroactivo de sus haberes desde mayo de 2016.

Y no sólo permitió que esa resolución se dictara en esas circunstancias, sino que además COBRÓ EL ABULTADO RETROACTIVO Y SIGUIÓ COBRANDO SU JUBILACIÓN MES A MES.

 

La omisión deliberada de la exsenadora: fue diligente para pedir el alta de su jubilación pero no tuvo la misma actitud para informar a la Caja su nuevo cargo en el Senado.

-la última nota en la que pidió que le paguen su jubilación fue ingresada a la Caja con fecha 6 de julio de 2016, cuando Ruiz Díaz ya estaba nuevamente designada en el Senado desde el 1° de junio de ese año.

-la Caja le dio el alta (retomó el pago de su jubilación) con retroactividad a la fecha de cese informada por Ruiz Díaz (28 de abril de 2016), basándose en la certificación presentada por ella que decía que su cargo en el Senado había finalizado el 28 de abril de 2016.

-Lo que no informó Ruiz Díaz el 6 de julio cuando modificó la fecha de cese, es que ya tenía otra designación desde el 1° de junio, por la cual cobraba un sueldo en el Senado.

-Aún si ella hubiera tomado conocimiento de su nueva designación en el Senado con posterioridad al pedido que presentó a la Caja, tampoco le informó esa situación al organismo previsional después. Ni siquiera lo hizo cuando la Caja emitió en diciembre de 2016 la Resolución 3808 -que le fue notificada- y que habilitó el pago de sus jubilaciones de manera retroactiva a mayo de 2016.

-tampoco informó  a la Caja que estaba cobrando en el Senado cuando la Caja le depositó a principio de 2017 TODOS LOS MESES RETROACTIVOS.

Tal como denunció NOTICIAUNO, la Caja informó que “Por Resolución N° 3808 del 1° de diciembre del 2016 se le dio el alta y se le pagaron las jubilaciones con retroactividad a abril de 2016, en función del cese en el Senado presentado por la exsenadora”.

En síntesis: RUIZ DÍAZ PRESENTÓ TRES NOTAS A LA CAJA PIDIENDO COBRAR SU JUBILACIÓN CUANDO SE DEMORABA SU DESIGNACIÓN PARA CONTINUAR EN EL SENADO, PERO NO PRESENTÓ NINGUNA PARA CUMPLIR SU OBLIGACIÓN LEGAL DE INFORMAR A LA CAJA SU SITUACIÓN DE INCOMPATIBILIDAD.

NO OBSTANTE ELLO, NO DUDÓ EN COBRAR TODOS LOS MESES RETROACTIVOS DESDE MAYO DE 2016 A FEBRERO 2017.

NO DUDÓ TAMPOCO EN SEGUIR COBRANDO SU JUBILACIÓN EN INCOMPATIBILIDAD MES A MES DESPUÉS DE ESE PAGO RETROACTIVO, BURLANDO LA LEGISLACIÓN VIGENTE.

POR SI ESO FUERA POCO, CUANDO EL HECHO FUE DENUNCIADO POR NOTICIAUNO NEGÓ ESTAR COBRANDO SUS HABERES y ocultó la Resolución 3808 de la Caja que ordenó el pago de sus jubilaciones con carácter retroactivo a su pedido basado en el cese que ella informó.

La gravedad de la conducta de la exsenadora nacional va incluso más allá del perjuicio millonario a la Caja de Jubilaciones de la provincia.

Fuentes judiciales aseguraron a NOTICIAUNO que “la situación de Ruiz Díaz es muy compleja”.

Si se comprueba el perjuicio a la Caja de Jubilaciones, que se probará cuando la Justicia reúna los documentos que fueron revelados por NOTICIAUNO, quedará demostrado que también perjudicó al Senado nacional.

Es que Ruiz Díaz no informó tampoco en la declaración jurada que debió presentar al Senado que estaba percibiendo una jubilación provincial. De lo contrario el Senado no habría pagado su sueldo.

Ese cobro es taxativamente señalado como INDEBIDO en la legislación nacional que sanciona las incompatibilidades de los empleados públicos del Congreso, como fue publicado por este medio (ver acá).

Esa omisión en perjuicio del Senado nacional, además de la causa penal que en cuestión de horas abrirá la Justicia provincial en contra de Elsa Ruiz Díaz por defraudación agravada en perjuicio de la Administración Pública provincial, podría complicarla aún más.

En su carácter de empleada pública (equiparada en nuestra legislación a los funcionarios públicos) su conducta podría configurar además otro delito más grave: incumplimiento de los deberes de funcionario público, al omitir informar al Senado –tal como ordena la legislación- que era y es beneficiaria de una jubilación provincial.

En ese caso, la investigación deberá tramitar además en la Justicia Federal.

Fuente: Noticiauno

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