El periodista Darío Aranda escribió una nota titulada “El ADN de los agrotóxicos” en la que publica un estudio científico que estableció la causa del daño genético en los chicos generada por las fumigaciones.
Niños cordobeses expuestos a fumigaciones con agrotóxicos tienen daño genético tres veces mayor a la media, lo que conlleva a mayores probabilidades de contraer cáncer. Así lo confirmó un estudio que fue sumado como prueba a la causa judicial para frenar fumigaciones en la comuna de Dique Chico. El jefe comunal había limitado el uso de agroquímicos, pero los empresarios del agro tuvieron luz verde de los jueces Humberto Sánchez Gavier y María Inés del Carmen Ortiz, quienes permitieron pulverizar durante el verano. Ahora deben decidir el fondo: qué derecho está primero, a la salud o a fumigar con agrotóxicos.
Medir el daño genético es una forma científica utilizada a nivel internacional para evaluar la salud. A mayor daño genético, más posibilidades de contraer cáncer, enfermedades cardiovascuales, sufrir malformaciones y abortos espontáneos.
Dique Chico es una comuna de 200 habitantes, a 50 kilómetros de la capital cordobesa. A pedido de los padres, que exigen desde hace años que dejen de fumigarlos, el Laboratorio Servicios y Diagnóstico en Salud y Ambiente de Río Cuarto tomó muestras de seis niños de entre 7 y 11 años. Confirmó que todos tienen elevado daño en sus genes, hasta tres veces por encima de los niños no expuestos a agrotóxicos.
El estudio se basa en una técnica llamado “ensayo de micronúcleos (MN)” en la mucosa bucal. Realizado por la doctora en ciencias biológicas Delia Aiassa, determinó que “el 100 por ciento de los niños que participaron en el estudio tuvieron un número de células con micronúcleos (MN) mayor al valor considerado como basal para una población referente”.
“La diferencia de células con MN entre niños que habitan en cercanías de lugares donde se pulveriza y niños sin esta exposición (referentes) señala que los primeros se hallan expuestos a agentes genotóxicos”, alerta el informe de nueve páginas.
Los análisis fueron realizados en febrero pasado, y están firmados por Aiassa, reconocida científica del Laboratorio GEMA (Genética y Mutagénesis Ambiental), de la Universidad Nacional de Río Cuarto, con más de quince años en trabajos académicos sobre daño genético.
Los niños viven a distancias de entre 100 y 400 metros de campos con transgénicos donde se pulveriza con agroquímicos, y asisten a la escuela rodeada de fumigaciones. En esos predios se hacen al menos cuatro fumigaciones al año, principalmente con el herbicida glifosato.
La investigadora explicó que un agente genotóxico es una sustancia que puede interactuar con el material genético (ADN) de los organismos causándole alteraciones, daños y rupturas. “Existe una estrecha relación entre las alteraciones del ADN de las células con el cáncer y las enfermedades degenerativas crónicas”.
El trabajo de Aiassa analizó otras fuentes de contaminación posibles. Su conclusión es contundente respecto a las causas del daño genético en los niños: “No puede ser explicado por la influencia de otros factores demográficos o ambientales, sino por la exposición ambiental prolongada a pulverizaciones con sustancias químicas en los campos aledaños”.
El estudio está enmarcado en la lucha de la población de Dique Chico, organizados en Vecinos Autoconvocados, que desde hace años piden retirar las fumigaciones de las casas y escuela, alejar los silos y prohibir el tránsito de “mosquitos” (tractores con brazos de aspersiones). El jefe comunal, Nilo Pérez, emitió en noviembre de 2017 la resolución 242 para priorizar la salud y prohibió las fumigaciones aéreas con agrotóxicos a 2000 metros del ejido urbano (y 1000 metros sin son terrestres).
Los empresarios del agro realizaron movilizaciones y hasta se encadenaron en el pueblo para que les permitan seguir con las fumigaciones. Presentaron un amparo contra la Comuna porque sienten que se vulnera su derecho de propiedad privado, de libre comercio y producir. El Ministerio de Agricultura de Córdoba (a cargo de Sergio Busso) se mostró a favor de seguir fumigando.
Los jueces Humberto Sánchez Gavier y María Inés del Carmen Ortiz (Cámara Contencioso Administrativo Nominación Segunda) emitieron una medida cautelar para suspender la resolución comunal por treinta días y permitir fumigaciones. Pero no se expidieron sobre el fondo, si la decisión de la Comuna es constitucional y qué derecho se debe priorizar: a la salud y el ambiente, o a fumigar. Un antecedente es que los jueces permitieron en la causa (bajo la figura de “terceros interesados”) que participe el Ministerio de Agricultura, que impulsa el uso de agrotóxico. Pero los mismos jueces negaron la participación del Defensor de los Derechos del Niño.
Los Vecinos Autoconvocados exigen que se priorice el derecho a la salud y a la vida. Presentaron ante los jueces un documento con 25 estudios científicos y técnicos que confirman las consecuencias de los agrotóxicos. También entregaron los análisis de los seis niños con daño genético.
Los jueces Gavier y Ortiz aún no tuvieron en cuenta esas investigaciones. Por otro lado, los empresarios del agro y el gobierno provincial no han exhibido ni un trabajo científico que afirme que el glifosato no afecta a los niños.
Los Vecinos Autoconvocados reclamaron que los jueces lean los estudios científicos, las historias clínicas de los niños afectados y “entiendan que la evidencia es más que suficiente para limitar las fumigaciones”. Al pie del comunicado sobresalen dos consignas: “Basta del Poder Judicial cómplice” y “tus negocios no valen nuestras vidas”.
Fuente: Pagina12
