El "No" más cercano cobró forma la semana pasada.
En votación dividida, el Concejo Deliberante de Gualeguaychú aprobó una ordenanza que prohíbe la comercialización y el uso del herbicida glifosato en todo el ejido de esa ciudad.
Se trata del plaguicida clave para el cultivo de la soja transgénica aunque, por presión comercial de compañías como su creadora Monsanto, las pulverizaciones con el químico se han vuelto una constante en las últimas dos décadas incluso en plazas, parques, vías y predios en general del grueso de las poblaciones agrícolas del interior de la Argentina.
El principal argumento al que apeló la mayoría de los legisladores de Gualeguaychú para vetar las aplicaciones con el herbicida radica el dictamen de marzo de 2015 de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), vinculada a la Organización Mundial de la Salud (OMS), que declaró que existe evidencia suficiente para relacionar al glifosato con, precisamente, la proliferación del cáncer.
Pero lo ocurrido en Gualeguaychú lejos está de representar un evento aislado. Muy por el contrario, la prohibición fijada se inscribe dentro de una ola de cuestionamientos y límites a la utilización del químico que ya suma varias plazas en provincias como Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe o la misma Buenos Aires.
Pese al lobby sojero y su amenaza de voltear en la justicia las prohibiciones legales.
Según sendos especialistas del sector sanitario y legal consultados por iProfesional, en la actualidad cerca de 400 ciudades y pueblos del país mantienen vigentes o discuten limitaciones a la aplicación de plaguicidas dentro o cerca de núcleos urbanos.
La gran "peso pesado" en dar el primer paso en términos de veto a la aplicación de glifosato fue Rosario, la capital nacional de la soja.
En diciembre pasado, el Concejo Municipal de esa ciudad dio luz verde a un proyecto de prohibición concebido por Osvaldo Miatello, legislador por el bloque Compromiso con Rosario, y la normativa quedó firme precisamente durante los últimos días de 2017.
"La ordenanza establece un precedente tanto para la provincia como para toda la región. Fija pautas, obligaciones, sanciones, que deberá coordinar Ambiente. Ahora lo que queda es ver de qué manera se llevarán a cabo los controles", comentó Miatello.
El texto desarrollado por el funcionario fija sanciones por hasta 500.000 pesos para quienes incumplan la ordenanza. Al mismo tiempo, erradica la comercialización del glifosato en supermercados, una práctica denunciada por el mismo legislador.
"Si bien Rosario no es el primer distrito que fija una prohibición así, lo impuesto tiene una enorme potencia simbólica por todo lo que significa la ciudad para el modelo agroindustrial. Por algo los actores que promueven el uso de glifosato ejercieron presión sobre los ediles para que no se apruebe la ordenanza. Sabían que luego se iba a dar lo que ahora ocurre: una ola de contagio", sostuvo el médico paranaense Damián Verzeñassi, titular de la cátedra de Salud Socioambiental de la Facultad de Medicina de la Universidad de Rosario (UNR).
Ya en febrero, Sergio Varisco, intendente de Paraná, promulgó una normativa que también prohíbe las pulverizaciones con el herbicida aunque, conviene aclararlo, el mandatario vetó un artículo que prohibe la venta y el traslado del compuesto dentro del ejido de la capital provincial.
El texto de la ordenanza destierra el uso total de "agroquímicos biológicos de uso agropecuario destinados a la fumigación o a la fertilización agrícola y/o forestal, y/o espacios verdes, que contengan glifosato y agroquímicos derivados".
Pocas semanas después, en marzo, el sector político de la localidad de Marcelino Escalada, ubicada en el departamento santafesino de San Justo, puso en vigencia la prohibición de las pulverizaciones con agroquímicos a menos de 500 metros de cualquier zona habitada.
El antecedente a dicha decisión hay que ubicarlo en lo sufrido por Diógenes Chapelet, un vecino de 75 años fallecido en enero último luego de una extensa agonía.
Como contó NOTICIAUNO, Chapelet fue rociado dos veces con plaguicidas en el transcurso de noviembre de 2017.
Chapelet habitaba una vivienda lindera a dos campos que fueron fumigados en la previa al verano. La última de las pulverizaciones lo sorprendió en el patio de su casa. Luego llegaron los broncoespasmos, las manchas en la piel, y el traslado a un centro de salud en el marco de un sufrimiento que concluyó con una falla multisistémica, según los reportes médicos.
Marzo también fue el mes elegido por el Concejo de la ciudad santafesina de San José del Rincón para erradicar la posibilidad de uso del glifosato en todo el ejido municipal. En esa misma provincia, ahora discuten la imposición de una medida similar la capital Santa Fe, Recreo, Esperanza y Pueblo Esther.
Durante abril, en tanto, Concordia estableció un veto al mismo producto que incluye entre sus argumentos el vínculo entre el herbicida y la proliferación del cáncer demostrada por IARC.
En uno de sus artículos, la legislación fijada en esa ciudad impone, además, la obligación municipal de "realizar campañas de concientización sobre los tratamientos alternativos para el control de malezas e insectos tendientes a lograr una mejor calidad de vida de los habitantes".
En otras palabras, sienta las bases para la migración a métodos que excluyan de plano las mezclas de agroquímicos.
"Lo que viene sucediendo confirma que, cuando se organizan y movilizan, las sociedades pueden instalar en el sector político preocupaciones como el control de los agroquímicos. En Entre Ríos, por ejemplo, se vienen realizando rondas todos los martes en casi todas las ciudades pidiendo el freno a las fumigaciones. Son herramientas de resistencia que explican los grandes avances que se dan en estos días", aseguró Verzeñassi.
Contactados por Iprofesional, ejecutivos tanto de la multinacional Monsanto como de CASAFE, la cámara que aglutina a los fabricantes de plaguicidas en la Argentina, quedaron en pronunciarse respecto del impacto de estas medidas en sus respectivas estrategias de negocios.
Lo cierto es que los argumentos de ambos actores finalmente nunca llegaron.
¿Qué es el glifosato?
El glifosato, según la definición de la misma CASAFE, "se utiliza para eliminar la competencia de malezas en los cultivos por luz, agua y nutrientes". El herbicida, autorizado por primera vez en Norteamérica en 1974, combina elementos químicos que inhiben el trabajo de enzimas que permiten a las plantas llevar a cabo procesos esenciales para la supervivencia.
Si bien Monsanto es la responsable de su creación, lo cierto que la patente del plaguicida se liberó en el año 2000 por lo que su fabricación ya se realiza en distintos lugares en el mundo. Una de las particularidades de este químico es que no actúa de manera selectiva: elimina toda la vegetación. De ahí la manipulación genética que derivó en el desarrollo de la soja transgénica.
Sólo la incorporación del gen que resiste la potencia del glifosato permite a la oleaginosa continuar de pie y proseguir su crecimiento luego de las habituales fumigaciones.
El glifosato es el principio componente del Roundup, el herbicida desarrollado por Monsanto de mayor difusión en el agro local aunque, vale aclararlo, en la Argentina también se ofrece bajo marcas como Zamba (comercializado por Nidera), Sulfosato (Syngenta), o Sitrin (Bayer).
A la par del vínculo con el cáncer, distintas experiencias científicas comprobaron que el plaguicida atraviesa la placenta.
En julio de 2016, un trabajo que lleva la firma de, entre otros, Alicia Ronco -fallecida en noviembre de ese mismo año- y Damián Marino, investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), confirmó que la cuenca del río Paraná, considerada la segunda más importante de Sudamérica detrás de la que comprende al Amazonas y con desembocadura en el Río de la Plata, está altamente contaminada con glifosato o AMPA, metabolito originado de su degradación.
En el mismo mes pero de 2017, otra investigación científica llevada a cabo también por científicos del CONICET y el EMISA (Espacio Multidisciplinario de Interacción Socio Ambiental) -vinculados a la UNLP-, reveló que el herbicida que se aplica en la práctica agropecuaria no desaparece de los campos.
Por el contrario, y dada la enorme cantidad pulverizada y la afectación de los microorganismos encargados de su degradación, el glifosato no hace más que acumularse en las tierras con todo el riesgo tóxico que esto implica.
Otro estudio contundente en cuanto a demostrar la toxicidad del compuesto fue realizado por Andrés Carrasco, un científico que -fallecido en mayo de 2014- llegó a presidir el CONICET y probó que la sustancia produce desde muerte celular hasta malformaciones.
La investigación de Carrasco reportó estos daños, con el agravante de que la experiencia científica se llevó a cabo sobre concentraciones de glifosato mucho menores a las que hoy se aplican en los campos.
En Francia, investigaciones del científico Gilles-Eric Séralini aportaron nuevos argumentos a lo expuesto por Carrasco en la Argentina.
"Trabajamos en células de recién nacidos con dosis del producto cien mil veces inferiores a las que cualquier jardinero común está en contacto. El Roundup programa la muerte de esas células en pocas horas", indicó el profesional galo, especialista en biología molecular.
Este académico -quien además es docente de la Universidad de Caen en Francia y director del Comité de Investigación e Información sobre Ingeniería Genética- recalcó lo riesgoso que resulta para las embarazadas tener contacto o habitar en zonas cercanas a las fumigaciones con glifosato.
Séralini se focalizó en las células humanas de cordón umbilical, embrionarias, y de la placenta, y descubrió que la totalidad de esas células mueren antes de las 24 horas de exposición específica al Roundup.
En la actualidad, los efectos nocivos sobre la salud humana y el medioambiente en general derivados de la aplicación de glifosato pueblan las páginas de más de 600 trabajos científicos independientes desarrollados alrededor del mundo.
Medida celebrada
En sintonía con el reclamo popular devenido en ley en buena parte de los distritos agrícolas, representantes de la salud como el doctor Medardo Ávila Vázquez, experto de la Universidad Nacional de Córdoba y coordinador de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, destacaron como "sumamente positivo" el incremento en las restricciones al uso de glifosato.
Consultado por iProfesional, el especialista sostuvo que las ordenanzas que se multiplican son el "reflejo de un reclamo que viene de la gente y en defensa del derecho a la vida y la salud. Un reclamo en contra de un modelo de agricultura sustentado en las fumigaciones con agrotóxicos".
"En este momento en la Argentina se están usando más de 400 millones de litros de agrotóxicos por año, de los cuales 320 millones son de glifosato. En nuestro país, al año, se da una exposición promedio de 7 litros de glifosato por habitante. Pero en torno a ciudades como Concordia o Gualeguaychú, la tasa llega a 50 litros de glifosato por persona", alertó. (ver cómo matan los agroquímicos en Entre Ríos)
A los ojos de Ávila Vázquez, las nuevas ordenanzas muestran cómo las poblaciones asumen la necesidad de protegerse ante un modelo de agronegocios que atenta contra la seguridad sanitaria de esas sociedades.
"El aumento en las tasas de cáncer, malformaciones, abortos espontáneos, hipotiroidismo, asma, que se está dando en nuestros pueblos es indiscutible. Es la consecuencia de la exposición a los plaguicidas que propone el agronegocio", dijo.
Para luego concluir: "Con respecto a lo que manifiestan la Sociedad Rural y la Federación Agraria, nosotros decimos que estas prácticas productivas envenenan y enferman a la población. Y lo hacen mientras estas organizaciones se benefician económicamente. El agronegocio se apropia de una renta sustentada en la enfermedad".
Enrique Viale es referente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. En diálogo con este medio, el especialista destacó que las normativas vigentes demuestran que "los graves efectos de los agroquímicos sobre la salud y el ambiente ya no pueden ser ocultados".
"Siempre los cambios vienen desde lo local. Los pueblos, más cercanos y afectados, son los primeros en tomar conciencia y exigir a sus autoridades leyes u ordenanzas protectoras. Esperemos que esto que ocurre sirva, además, para poder debatir la totalidad del modelo del agronegocio", finalizó.
Fuente: Iprofesional
