El viceintendente de Viale, Luis Pérez, que preside la Caja de Jubilaciones municipal, y el resto de los funcionarios que integran el directorio del organismo (entre los cuales se encuentra el candidato a viceintendente de Cambiemos Miguel Heft) están siendo investigados por la Justicia provincial que abrirá una causa penal por la comisión de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público (artículo 248 del Código Penal) y negociaciones incompatibles con la función pública (artículo 265 del Código Penal), a raíz de la maniobra que pergeñaron en perjuicio de la Caja de Jubilaciones –con el aval del intendente Uriel Brupbacher que aún los sostiene en el cargo-, mediante la compra de un campo en 25 millones de pesos que en realidad costaba 11 millones de pesos, operación que frustró el concejal Ángel Landra, tal como publicó NOTICIAUNO.
Además de la intención de facturar un millonario sobreprecio, el directorio de la Caja, con Pérez a la cabeza, ofreció entregar –en parte de pago del campo- 6 departamentos que el organismo previsional posee en la localidad de Oro Verde, pero a un valor SENSIBLEMENTE INFERIOR al que tienen.
En efecto, ofrecieron “entregar los seis departamentos a un valor de 96.000 dólares” siendo que según el Consejo de Tasaciones de la Provincia esos inmuebles cuestan 150.000 dólares.
El negocio era redondo: iban a comprar el campo en 14 millones más de lo que costaba, e iban a entregar los departamentos a la mitad del precio que tienen de acuerdo a una tasación OFICIAL.
La compra de MÁS DE MEDIO MILLÓN DE DÓLARES (25 millones de pesos) que iba a realizar el presidente de la Caja de Jubilaciones Municipal de Viale, Luis Pérez, además viceintendente de la ciudad, (con la anuencia o complicidad del resto del directorio integrado por concejales de Cambiemos y del propio intendente Uriel Brupbacher que los sostiene en sus cargos), desnuda una maniobra incompatible con la ética que debe regir la función pública, a partir de la cual se iba a beneficiar –entre otros- un familiar directo –primo hermano- del presidente del organismo previsional, a costa del patrimonio de la Caja que administra, y pertenece a todos los jubilados y pensionados de Viale.
NOTICIAUNO pudo confirmar la decisión de abrir la investigación judicial tras la denuncia penal radicada por el concejal Landra (PJ) ante el Ministerio Público Fiscal, luego de las publicaciones periodísticas.
Los delitos que se investigan están contemplados en los artículos 248 y 265 del Código Penal.
Incumplimiento de los deberes de funcionario público: el delito está previsto en el Art. 248 del Código Penal que establece que “será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.
Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública: el delito está previsto en el Art. 265 del Código Penal que establece que “será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo”.
A partir de la denuncia formal a la que accedió NOTICIAUNO, la Fiscalía investiga “la existencia de una triangulación realizada para beneficios económicos de tres personas”, además del resto de los funcionarios involucrados.
Esas personas, según afirmó el denunciante y publicó este medio, son el viceintendente de Viale y presidente de la Caja de Jubilaciones, Luis Pérez (Cambiemos); su primo hermano Osvaldo Siri (que actuó como intermediario entre la Caja de Jubilaciones y un falso dueño del campo en representación de una inmobiliaria que ya no existe), y Hugo Sagardoy, una persona que vive en Santa Fe y es conocida del primo hermano de Pérez, a quien iban a hacer figurar como dueño del inmueble rural sin que lo fuera.
El campo que iban a comprar nunca estuvo a nombre de la persona que presentaron como dueño ante la Caja de Jubilaciones.
De hecho, hasta la fecha, el campo sigue estando a nombre de la sucesión de la familia Varisco, sus verdaderos propietarios. Como contó Noticiauno, el dueño del campo, Dionisio Varisco, jubilado de 84 años, confirmó que el precio de venta era de 11 millones de pesos (a razón de 70 mil pesos la hectárea) y reveló además que “un tal Siri” (primo del viceintendente de Viale) fue a verlo en representación del supuesto comprador: Sagardoy, a quien hicieron figurar como dueño y vendedor del campo, según surge del dictamen de la Asesora Contable de la Caja que publicó este medio.
Pese a que el campo nunca estuvo a nombre de Sagardoy, eso fue lo que Pérez y Siri le dijeron a la propia Contadora de la Caja, Mariángeles Beber, según consta en su dictamen.
En la maniobra, claramente dirigida a estafar a la Caja (le iban a hacer pagar 14 millones de pesos de más al organismo e iban a entregar departamentos de la Caja a la mitad de su precio), estarían involucrados y son investigados también, no sólo Pérez sino otros directores que actuaron junto al viceintendente para llevar adelante la operación, que finalmente se frustró por la intervención del concejal Landra en la Asamblea de la Caja del 27 de febrero de este año, en la que el directorio pretendía aprobar la escandalosa compra.
Vale recordar que según surge del dictamen de la Asesoría Contable de la Caja, la abogada María Elsa Franco, directora de la Caja -viajó personalmente a ver el campo junto a Luis Pérez y Miguel Heft, director y actual concejal y candidato de Cambiemos- y le aseguró a Sagardoy ANTES DE LA APROBACIÓN DE LA ASAMBLEA, que “con un alto grado de probabilidad se podría llevar a cabo el negocio”. Este dato lo hizo constar expresamente la contadora de la Caja en su dictamen emitido en fecha 21 de febrero (una semana antes de la Asamblea en la que pretendían concretar la estafa).
Claramente todos estaban interesados en que el negocio se concretara.
De acuerdo al mismo dictamen, la operación que intentaban hacer estaba llena de irregularidades, entre ellas que la compra se iba a concretar de manera directa, pese a las advertencias de la Asesora Contable que remarcó la obligación de los directores de cumplir con el procedimiento de licitación, tal como lo establecen las normas vigentes.
En la denuncia judicial formalizada el 10 de mayo, Landra señaló que “personalmente fue a ver el campo” para “corroborar que el precio que se solicitaba por el inmueble -25 millones de pesos- era el correcto”.
Relata Landra que se contactó con el dueño del campo, Dionisio Varisco, que vive en Cerrito, “y al entrevistarme personalmente con él, entre otras cosas me menciona que él solicita por hectárea el pago de 70 mil pesos”. Es decir, que el verdadero precio del campo era de 11 millones de pesos.
El concejal agregó en la Fiscalía que en la Asamblea de la Caja del 27 de febrero “de la que participaron unas 25 a 30 personas”, “el viceintendente Luis Pérez, después de hacer la propuesta, mostrarnos el campo en video, éste mencionó que el precio era de 3.500 dólares por hectárea”, es decir unos 25 millones de pesos en total. 14 MILLONES DE PESOS MÁS DE LO QUE PEDÍA EL DUEÑO.
En la Asamblea, Pérez mintió al informar a los presentes que “el dueño del campo era Hugo Sagardoy, el cual es conocido de Osvaldo Siri que es quien lo presenta (ante la Caja), y éste a su vez es primo hermano del viceintendente Pérez”, agregó Landra.
El concejal afirmó además en la denuncia penal que “Siri se presentó (en la Caja) en representación de Cariotti Negocios Inmobiliarios, inmobiliaria que se determinó que no existe”, tal como reveló NOTICIAUNO.
La investigación penal en curso en la Justicia provincial complica seriamente al viceintendente de Cambiemos y presidente de la Caja de Jubilaciones, y al resto del directorio.
Abogados penalistas consultados por NOTICIAUNO no dudaron en señalar que de acuerdo a las pruebas aportadas en la denuncia y las que fueron publicadas por este medio, “sobran elementos probatorios para imputar a los funcionarios responsables”.
Según chequeó este medio, los delitos que les imputarán son “negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, por lo que podrían ser condenados a penas de prisión que llegan hasta los 6 años e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
Este último dato -inhabilitación- podría comprometer seriamente al concejal de Cambiemos Miguel Heft, que integra el directorio de la Caja, y se postula como candidato a viceintendente de Viale.
En lugar de intentar amedrentar a los denunciantes y vecinos que se hicieron eco de las publicaciones periodísticas de Noticiauno, que revelaron UNA MANIOBRA DELICTIVA ESCANDALOSA, los funcionarios de Cambiemos involucrados en la fallida estafa al patrimonio de la Caja de Jubilaciones de Viale, que seguramente serán acusados de varios delitos, deberían ocuparse y preocuparse por las explicaciones que deberán dar a la Justicia en este caso de CORRUPCIÓN.
Y a toda la comunidad de Viale, en especial a sus jubilados.
Fuente: Noticiauno
